El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en al auto con fecha 30 de noviembre, abre diligencias previas también contra tres personas físicas, con el fin de que se investigue un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje y residuos peligrosos de Chiloeches, y aquí incluye también el propio incendio registrado en la misma el 26 de agosto, según informa el .

Entre los investigados figuran también responsables de las empresas y Kuk, arrendadora y arrendataria de las instalaciones, Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, Gaver Ambiental y Reciorganics y varios responsables y cargos de las últimas legislaturas del área de Medio Ambiente del .

En el caso del que fuera viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Catilla-La Mancha, que dimitió tras salir a la luz este asunto, es investigado por prevaricación medioambiental, y según el auto, habría otorgado presuntamente a Kuk Medioambiente “la ampliación de códigos LER a gestionar cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción”.

También entiende que, presuntamente “tenía pleno conocimiento del funcionamiento de Kuk pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna y contratación de J.J.G.L.”.

En dicho auto se recoge además que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por González, realizó un proyecto para la instalación de un evaporador, con un coste superior a los 60.000 euros, que se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado Biosonoil pero, sin embargo, mantenía el uso personal de un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa y un correo con su dominio.

En el caso del que fuera alcalde de Chiloeches, César Urrea, también es investigado por el mismo delito de prevaricación al entender el Juzgado, según el auto, que este no había ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento de Reciclaje, y posteriormente contra Kuk Medioambiente.

Además del delito de medio ambiente, entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran también el de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, incendio con la puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.

En este procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la (ASEGRE).

La instrucción sigue abierta pero según el auto, el Juzgado llamará a declarar en calidad de investigados a en la sede judicial los días 20 de diciembre así como el 17 y 24 de enero, y el 21 de febrero. En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos.

Dado el volumen y complejidad del procedimiento, a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara se ha activado el Protocolo del de causa compleja por corrupción para solicitar refuerzos para este juzgado en esta causa.

Desde la Sala del Gobierno del Tribunal de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ya se ha elevado la petición al Consejo General del Poder Judicial, con el fin de que se adopten las medidas de refuerzo pertinentes que garanticen la ágil tramitación de la causa, según informa el propio Tribunal.