Según ha informado la Institución provincial en nota de prensa, el litigio judicial fue iniciado por varios ayuntamientos de la provincia que estaban en desacuerdo con la decisión unilateral del anterior equipo de de cambiar los Estatutos del Consorcio de Residuos. Dicho cambio en los Estatutos del organismo supuso que la toma de decisiones en su gestión correspondiera a la Junta de Gobierno, formada por los grupos políticos y por tanto con mayoría de representantes del , sin que los pueblos que cofinancian y reciben el servicio pudieran participar en la dirección del Consorcio.

De esta manera, José Luis Vega ha acordado con varios alcaldes de estos municipios volver a cambiar los estatutos del Consorcio para que “las decisiones que determinan la forma en que se va a gestionar este servicio, que es fundamental para nuestros pueblos, sean tomadas por quienes mejor conocen las necesidades existentes, como son los alcaldes que forman la Asamblea” de este organismo.

Vega ha destacado que “la Diputación debe trabajar por, para y con los pueblos de la provincia” y “no tomar decisiones por intereses partidistas”. “Creo que devolver la voz y la toma de decisiones del Consorcio de Residuos a los ayuntamientos es lo que dicta el sentido común y es el primer paso para reforzar este organismo y el servicio que presta a los pueblos”, ha concluido.