Desde la Institución provincial han recordado en nota de prensa que estos ayuntamientos, todos gobernados por el PSOE, interpusieron recurso contencioso-administrativo con el objeto de impugnar el acuerdo plenario de esta Diputación, de fecha 30 de diciembre de 2016, que consistía en aprobar la adecuación a la legislación vigente de los órganos de gobierno del Consorcio de Residuos.

El máximo responsable de la Diputación ha reiterado su plena convicción de que “en todo momento” el equipo de Gobierno ha sido “consciente” de que estaba actuando “bajo el principio de responsabilidad absoluta, con cautela, prudencia y respeto a las decisiones judiciales, velando por los intereses de los ciudadanos”.

Por ello, ha incidido en dejar de manifiesto que, como equipo de , “siempre” actuaron “conforme a derecho” y ha insistido en que la decisión de adecuar los órganos de Gobierno del Consorcio de Residuos fue motivada “porque así lo exigía la legislación vigente”.

“Siempre hemos considerado que actuábamos conforme a la ley porque así nos lo decían también los informes jurídicos”, ha dicho Latre, añadiendo que “lo que tampoco se puede consentir es que el PSOE haya estado poniendo duda el criterio de los técnicos de esta casa”. Por el contrario, ha apuntado que en el equiop de Gobierno confían en estos técnicos y lo seguirán haciendo.

El presidente de la Institución provincial ha insistido en mostrar su “alegría” por el fallo pero también la “tristeza como ciudadano por la pérdida de tiempo y porque el rédito político que se quería sacar con esto ha resultado un flaco favor para nuestros pueblos”.

LA ACTUACIÓN “NO PRESENTA MÁCULA DE CONTRAVENCIÓN ORDINAMENTAL”

Según la Diputación alcarreña, la sentencia dice literalmente que “la actuación de la Diputación no presenta mácula de contravención ordinamental apta para sustentar una sentencia estimatoria del recurso”. Es decir, la sentencia no admite “la más mínima duda”, según la Institución, de que la finalidad de la Diputación “era estar al hilo de la más reciente regulación legal”.

Por su parte, el diputado responsable y vicepresidente del Consorcio de Residuos, , ha afirmado que en el equipo de Gobierno provincial siempre han estado “tranquilos” porque actuaban “de acuerdo a lo que marca la ley”. “Está claro que esto ha sido una estrategia del PSOE, cuya intención no ha sido otra que poner palos en las ruedas, entorpecer la labor del Consorcio de Residuos y, por ende, de la Diputación y perjudicar a los intereses de los ciudadanos”, ha afirmando, subrayando que “no es de recibo la actitud que ha adoptado el Grupo Socialista durante todo este tiempo, tratando de paralizar la actividad diaria del Consorcio en vez de trabajar para aportar ideas constructivas y en positivo”.

“Esta actitud es tan incoherente, como avisamos desde un principio, que primero son seis los ayuntamientos del PSOE que deciden poner el recurso y, más tarde, se suma también el ayuntamiento de Hontoba, gobernado por el mismo signo, que pide que se estime el recurso y que el juez llega a calificar de extravagante e inaceptable”, ha puesto como ejemplo de “demagogia” el vicepresidente del Consorcio.

“Hoy ponemos fin a un largo periplo: cuatro años en los que en todo momento hemos creído estar en el uso de la razón, no porque lo dijésemos nosotros sino porque los informes jurídicos nos decían que estábamos cumpliendo escrupulosamente lo que dice la legislación vigente en materia de consorcios”, ha manifestado Pérez, finalizando con unas palabras de agradecimiento a los técnicos.