Los Letrados de la , representados por las asociaciones , Unión Progresista y Asociación independiente de Letrados de la Administración de Justicia, como cuerpo superior jurídico DE CARACTER NACIONAL, FEDATARIOS PÚBLICOS, y directores técnico-procesales de la oficina judicial, emitimos el siguiente comunicado a fin de formular al Ministerio de Justicia y Administraciones implicadas las siguientes reivindicaciones BASICAS QUE ENTRE OTRAS SE RESUMEN EN:

PRIMERO.- La urgente modernización de la Administración de Justicia, como servicio público capaz de dar a los ciudadanos una respuesta ágil, eficaz y de calidad. Para ello es preciso:

1.- La continuación en la implantación y desarrollo de la , bajo la dirección exclusiva de los Letrados de la Administración de Justicia en los Servicios Comunes, rectificando las disfuncionalidades que ya han sido advertidas y, en especial, las Relaciones de Puestos de Trabajo.

2.- La implantación del expediente digital, de forma útil, operativa y dotada de los medios necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento en el siglo XXI, no limitándose a digitalizar la ineficiencia decimonónica.

3.- La compatibilización de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en el territorio nacional a fin de garantizar la coordinación entre todos ellos.

4.- Un sistema de estadística judicial que obtenga los datos de los programas informáticos de gestión procesal abandonando la desfasada pero actual extracción manual de los mismos.

5.- Un Registro civil público, moderno y gratuito a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia

SEGUNDO.- Demandamos urgentemente una adecuación salarial que compense las nuevas funciones y responsabilidades atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia desde la reforma procesal del año 2009. Admisiones de demandas, impulso del procedimiento y resoluciones finales en fase declarativa. Tramitación de la ejecución, subastas y adjudicaciones en fase de ejecución. Garantes de derechos fundamentales y Registros Administrativos en el ámbito penal. Funciones, entre otras, atribuidas por ley en 2009, sin alterar nuestros salarios y con una bajada de sueldo por motivo de la crisis que no ha sido restablecida. Un LAJ de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400 euros.

Instauración de un régimen de sustituciones ADECUADO PUES en muchos casos ES forzosa, sin retribuir o haciéndolo de manera claramente insuficiente.

Reclamamos la adecuación de nuestras retribuciones con las funciones que nos han sido atribuidas en estos años.

TERCERO.- Por último, en materia estatutaria, demandamos un nuevo Reglamento orgánico. El desarrollo de la previsión legal de audiencia previa a las asociaciones profesionales, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva propia, la adecuación del régimen de categorías profesionales, el desarrollo del régimen de libranzas por trabajo extraordinario, medidas de protección personal y de la intimidad en diligencias como desahucios y registros policiales y una adecuada formación continua, y tecnológica, son necesidades inaplazables por las continuaremos luchando.

Las asociaciones firmantes de este comunicado nos comprometemos a hacer uso de las medidas precisas para alcanzar estos fines, por considerarlos adecuados, justos e inaplazables.