La consecuencia de esta decisión para los usuarios de Guadalajara será un elevadísimo encarecimiento de los precios, que prácticamente se duplicarían hasta llegar a alcanzar casi 200 euros al mes en el caso del billete más usado. La moción pedía a Cospedal que tome medidas para garantizar que se mantengan las mismas tarifas.

Sin embargo, el PP ha utilizado de nuevo el rodillo de la mayoría absoluta para impedir un debate que podía dejar en evidencia la sumisión de la presidenta, Ana Guarinos a los dictados de su partido, en vez de defender los intereses de los ciudadanos y los pueblos de la provincia. No es la primera vez que ocurre y, de hecho, el PP aún no ha admitido a debate ni una sola moción por el procedimiento de urgencia desde que gobierna la Corporación, aunque se trate de casos tan flagrantes como el de hoy. Sánchez-Seco se ha limitado a decir que antes de la finalización del acuerdo queda otro pleno a mediados de diciembre, sin tener en cuenta que entonces el pronunciamiento de la Diputación puede llegar demasiado tarde.

Esto fue lo que ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando fue rechazada con igual argumento una moción del PSOE que pedía a la Diputación un esfuerzo de asesoramiento y asistencia a los ayuntamientos para evitar que les fueran retenidos los ingresos del Estado si no presentaban a tiempo la liquidación del Presupuesto del 2010. El resultado fue que 120 municipios -el 40% del total- quedaron en esa situación, lo que convirtió a Guadalajara en la provincia más sancionada de toda España, a gran distancia de las demás.

En la actualidad, son 28 las localidades de la provincia incluidas en las coronas E1 y E2 del abono transporte, cuyos vecinos se benefician de unos precios regulados mediante subvenciones acordadas por los gobiernos de Castilla-La Mancha y Madrid, de forma que los viajeros de ambas comunidades disfrutan de las mismas condiciones y tarifas.

El convenio vigente fija una distribución de dos tercios a cargo de Junta de Castilla-La Mancha, mientras que el resto lo aporta la Comunidad de Madrid, en consonancia con el número de usuarios habituales de cada región. Esto se traduce en subvenciones anuales de dos millones de euros y un millón de euros, respectivamente.

El último convenio fue aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado mes de marzo, con carácter retroactivo hasta el año 2008. Desde entonces no se había firmado debido al interés de la Comunidad de Madrid en estudiar el número de usuarios de cada comunidad autónoma y las intensidades de uso. A pesar de estar aprobado y dispone de consignación presupuestaria tampoco se llegó a firmar por las reticencias del Gobierno madrileño.