XXV Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha es una tierra inmensa y bonita. Es una de las 17 comunidades autónomas que integran España.

No hemos perdido ni un segundo en buscar justificaciones a nuestra existencia al margen de la Carta Magna. Nuestra legitimidad de origen está en la Constitución de 1978 y en nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra legitimidad de ejercicio en demostrar que nos convenía, y mucho, la realidad política nueva, que era útil. Asumimos la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos.

Creo que en la Autonomía está el acierto germinal de algo que fue calificado por algunos de invento, pero que ahora, con la perspectiva temporal que tenemos, podemos decir sin exagerar que ha servido de acelerador histórico, que en poco tiempo nos ha permitido hacer muchas cosas. Ha habido una gran inteligencia compartida en Castilla-La Mancha.

Ahora tenemos autoestima, somos conscientes de que podemos conseguir lo que nos propongamos. La Constitución Española simboliza nuestra democracia. Cuando se redactaron los primeros estatutos partíamos de cuatro características, hoy profundamente cambiadas:

1. España era un país fuertemente centralizado y con una tradición de recelo hacia la descentralización caracterizada inmediatamente de intento de separatismo.

Hoy día, después de 28 años de Constitución y tras casi 25 de pleno funcionamiento del modelo de Estado Autonómico, existe un reconocimiento unánime de que la descentralización ha fortalecido España, ha ligado a sus gentes de una forma más estrecha con sus instituciones y ha dado voz política a los ciudadanos de territorios antes ahogados e ignorados. En la España autonómica se reparte el poder, pero no dividimos los corazones.

2. España no estaba inmersa en la permanente negociación política que tiene lugar en la Unión Europea.

Sin embargo, la poderosa realidad de la Unión Europea ha exigido en la actualidad articular nuevas formas de cooperación y ha situado a nuestras comunidades en un territorio político más allá de nuestras fronteras nacionales.

3. La Constitución contaba con unas previsiones de creación de lo que sería el Estado de las Autonomías.

Ahora, el éxito constitucional nos ha situado en un modelo de descentralización, cuya eficacia es reconocida. La labor que exige el nuevo proceso de reformas estatutarias es la de abordar con inteligencia la nueva constitucionalidad del Estado descentralizado que está en funcionamiento.

Quienes no vemos en el Estado un rival, sino un referente político de unidad incuestionable y un aliado para el mejor servicio a los ciudadanos, tenemos que reflexionar acerca de las consecuencias que en el conjunto del modelo tiene el crecimiento en volumen competencial y de gestión de las comunidades autónomas, que han aumentado su importancia política.

Nosotros no queremos un Estado residual, entre otras cosas porque las comunidades autónomas son parte fundamental del Estado y porque el Gobierno de la Nación tiene que asegurar la igualdad entre todos los españoles. Las aspiraciones de las comunidades autónomas, de todas ellas, deben ser la coordinación y la cooperación, entre sí y con el Estado, y la profundización en las formas de gestión y mejor actuación de nuevas funciones en beneficio de los ciudadanos. Es el nuevo debate que se abre en el proceso de reformas estatutarias, los modelos y formas de gestión más eficaces. No cuestiones identitarias, sino encontrar medios más eficientes de servir a los ciudadanos.

4. Y por último, se asumía inicialmente un doble nivel de descentralización política.

Hoy no es posible un doble nivel de descentralización política que divida a los territorios en función de su historia. En primer lugar, porque para muchos territorios su verdadera historia les ha llegado con la Constitución y la democracia, y este carácter de ser hijos de la Constitución y la democracia les dota de una fuerza política que no puede ahogarse en referencias a un pasado que no legitima.

Castilla-La Mancha reclama un lugar entre los mejores, no por su pasado sino por su saber hacer actual y por su proyección de futuro. Sin renegar de nuestro pasado, porque sabemos que el futuro tiene un corazón muy antiguo. En este marco es donde hay que situar la voluntad, expresada por nuestro Gobierno y por unanimidad de nuestras Cortes regionales, de dotarnos de un nuevo Estatuto de Autonomía.

Un Estatuto que, en primer lugar, sitúa a los castellano-manchegos en su sujeto protagonista, al proclamar que son los ciudadanos los que, conscientes de conformar una comunidad política creada desde la Constitución, ejercen el derecho al máximo nivel de autogobierno.

Sin necesidad de darnos mayores calificaciones, construimos los elementos claves de un sistema descentralizado. Definimos un territorio, una población y unos poderes ejercidos institucionalmente en función del juego democrático. Los definimos sin enfrentarnos con nadie, sino a favor de los ciudadanos que se hacen así responsables de su destino inmediato, pertrechados de un mapa de futuro.

Un Estatuto que dedica su primer título a garantizar los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Proclamamos así el derecho de las personas mayores a vivir con dignidad y en condiciones de bienestar; el de los menores a su protección integral; el de los jóvenes a su desarrollo autónomo y emancipación; el de las mujeres a su efectiva igualdad en todos los ámbitos, sin que la maternidad sea una barrera que limite su promoción laboral y profesional; y el de la erradicación de la violencia de género. También se proclama el derecho al reconocimiento y al respeto social de las personas con alguna discapacidad y el derecho a la inserción social y laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social.

También en el terreno de los derechos sociales, nuestro Estatuto avanza y consagra ideas de protección de los derechos de última generación, como la satisfacción de las necesidades educativas de las personas con necesidades especiales; el acceso a la vivienda de jóvenes y sectores sociales desfavorecidos; el reconocimiento de rentas de subsistencia a los colectivos en situación de pobreza; la protección de nuestro incalculable patrimonio histórico; el disfrute de un medio ambiente equilibrado; las garantías de los consumidores y usuarios; y el acceso a las tecnologías de la información y del conocimiento. Todo ello, con una cláusula financiera que es la apropiada para este tipo de derechos.

Nuestro Estatuto recoge igualmente mecanismos que refuercen nuestra posición negociadora en el tema del agua. Se trata de que su escasez no sea factor limitante de nuestro crecimiento. Nuestra intención es realizar un reparto adecuado de los recursos hídricos. Exigimos la coparticipación, el coprotagonismo en los órganos de gestión y planificación.

Aspiro sobre todo a una Castilla-La Mancha que crezca en el índice de desarrollo humano, aquel que mide no sólo la riqueza que se expresa en el PIB, sino en la calidad de vida y bienestar de todos los castellano-manchegos por la sanidad, la educación, los servicios sociales y la racionalidad en la utilización de los recursos naturales. En Castilla-La Mancha nos sabemos españoles y tenemos clara conciencia de ser la parte de un todo. Castilla-La Mancha es la parte, España el todo, al que tenemos que contribuir haciéndolo bien en la parte que nos corresponde. Todos formamos la Nación española, que es nuestra patria común e indivisible. Con motivo de este XXV aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en el amor a España convoco a todos a trabajar por los derechos de los castellano-manchegos.