Una de las razones por las que creo que ya nadie se sorprende de los altísimos precios que presentan los productos , es que llevamos demasiado tiempo escuchando quejas y denuncias a diversos colectivos por estos precios; por las subidas desorbitadas e injustificadas que, en los últimos tiempos, venimos soportando los consumidores por estos productos agroalimentarios y, por si esto no fuese suficiente, se une el desconteto de los propios agricultores que manifiestan los enormes diferenciales de precio que se dan entre el origen y el destino de los productos.

A pesar de todas las quejas y denuncias de los consumidores, de las medidas de protesta de los agricultores, un día sí y el otro también, no encontramos ninguna solución, no se ha producido ninguna reducción o como mínimo una contención de los precios. Por el contrario estas enormes diferencias siguen creciendo, sin que nadie ponga remedio a este grave problema que arruina al campo y la ganadería y sangra escandalosamente a los consumidores.

Cuando acabamos de iniciar un nuevo año, y a la vista de las previsiones que se vislumbran, tengo la sensación de que las grandes compañías de distribución tuviesen como objetivo alejar al consumidor español de la compra de productos frescos. Márgenes comerciales abusivos e injustificados, tal y como se desprende de la información aportada recientemente por el portavoz de COAG y un representante de la Unión de Consumidores de España () al presentar el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD).

En contraposición nos encontramos, según los mismos datos aportados por COAG, con los fuertes incrementos que se vienen produciendo en los costes de producción que vienen soportando los agricultores: recibo eléctrico, semillas, abonos, etc, sin contar el eterno problema o condicionante al que estos están sometidos, cuales son las inclemencias climatológicas. Y seguimos observando que se produce un estancamiento e incluso en algunos casos una disminución en los precios de los productos en origen, es decir, la contraprestación que el agricultor recibe por sus productos. No es de extrañar que muchos de estos agricultores piensen que cada vez resulte mas complicado vivir de esta actividad.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, no es la primera vez que los agricultores se han manifestado y protagonizado importantes protestas para denunciar esta escandalosa situación, regalando o tirando buena parte de sus productos, y que en algunos casos concretos incluso se vean obligados a no recoger sus cosechas; situación que sin lugar a duda preocupa a los colectivos de consumidores que, de persistir esta situación, ven peligrar el acceso a estos productos básicos de primera necesidad.

Sin embargo, si echamos un vistazo al otro lado de la cadena de distribución, nos damos cuenta de que la mayoría de estos productos agroalimentarios, como ya he repetido anteriormente, han visto incrementados sus precios de cara al consumidor de forma alarmante y preocupante, sobre todo cuando uno llega a tener conocimiento de lo que ocurre, a modo de ejemplo, en el caso de los cítricos, concretamente los limones, en los que el incremento entre el precio de origen y el final que paga el consumidor se ha llegado a incrementar en un 2.225% o las naranjas y la mandarina con el 1.589% y el 1.200% respectivamente.

Estas políticas agrarias están fomentando un comercio de productos agroalimentarios que se está desarrollando con una preocupante concentración de poder en manos de las grandes cadenas de distribución agroalimentaria. Estas empresas condicionan al conjunto de la cadena agroalimentaria y, especialmente a los eslabones más débiles y numerosos de la misma: productores y consumidores. El proceso de formación de los precios se caracteriza por una alarmante falta de transparencia que está provocando que el precio que pagan los consumidores sea excesivo y esté cada vez mas alejado del precio que reciben los agricultores por sus productos que, a juzgar por sus denuncias, en muchas ocasiones no llega ni siquiera a cubrir sus costes de producción.

Si esta situación se mantiene, y pese a que nos encontramos en una economía de libre mercado, entiendo que se precisaría de una intervención por parte de la administración en defensa de una libre competencia que, en estos momentos y a juzgar por los datos aportados por los agricultores, no existe.

Es evidente que la alimentación no puede quedar en manos de la especulación por lo que, desde mi punto de vista, se hace imprescindible iniciar un proceso de dialogo y negociación con la presencia de los consumidores y en el que la Administración haga posible una total trasparencia en el mercado y garantice la libre competencia dentro la diversidad de operadores en el mercado.

Esta escandalosa situación que estamos viviendo, en cuanto al precio de productos tan básicos y elementales como los que hoy estamos comentando, no es asumible por más tiempo, sobre todo en estos momentos de crisis en la que una gran parte de familias no llegan a fin de mes y donde los márgenes comerciales, como queda acreditado, permite reducirlos considerablemente.

Considero que es el momento de hacer un llamamiento a la conciencia y consideración de quienes están manteniendo esta situación. Creo que es la oportunidad de que se produzcan cambios importantes que permitan salir de esta situación de angustia que viven agricultores y consumidores, deteniendo esta escalada continua de precios por la que el sector privado ha estado obteniendo desmesurados beneficios durante los años 2007 y 2008.

Ya es hora de que exista un compromiso claro con los ciudadanos y con el contexto económico actual de paro y la consiguiente crisis. Entiendo que existe margen suficiente para poder bajar los precios. Considero que estas medidas y este compromiso por parte de la cadena de distribución son especialmente necesarios para no provocar más tensiones inflacionistas.

Con este fin, desde la Unión de Consumidores de Albacete proponemos un pacto entre todos los sectores implicados en la fijación de precios: productores, distribuidores y consumidores, con el objetivo de parar esta escalada inflacionista. Siendo necesario que este pacto esté auspiciado por la Administración competente en esta materia dependiente del Gobierno regional.