El 1 de Julio entra en vigor la liberalización del mercado eléctrico, algo que considero un acontecimiento de enorme trascendencia y que se viene realizando con una absoluta falta de trasparencia e información a los usuarios.

El proceso de liberalización del se está produciendo con una clara falta de información a los usuarios, igual que ocurrió con la desaparición de la famosa tarifa nocturna en julio del pasado 2008 y con la modificación de la facturación pasando de bimensual a mensual a finales del pasado año.

Motivos ambos por lo que en la Unión de Consumidores se tramitaron miles de consultas y reclamaciones; usuarios que han recibido facturas de electricidad con importes elevadísimos, muy por encima del consumo habitual en sus hogares. Estas altas facturaciones de electricidad se han detectado en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, pero de forma muy especial en la de Albacete.

Pero si lo anterior por las connotaciones económicas que ha tenido a preocupado a los usuarios, actualmente y cuando faltan muy pocos días para que se produzca un importante cambio en el mercado energético la preocupación de los usuarios ha ido en aumento, debido a que este proceso de liberalización del sector eléctrico se está produciendo con una clara falta de información al usuario.

El envío de cartas informativas con las últimas facturas de electricidad recibidas, lejos de aclarar las cosas a los afectados, está produciendo inquietud y más dudas sobre un proceso importantísimo que se está caracterizando por la falta de información.

Este cambio de modelo en el mercado eléctrico consiste en que, a partir del 1 de julio, las empresas productoras de electricidad no podrán facturar como lo vienen haciendo hasta ahora, pasando este menester a unas empresas comercializadoras determinadas y aprobadas por el Ministerio de Industria, existiendo varios tipos de facturación resaltando como más importantes los de los abonados con contrato de 10 KW para abajo, que pasan al mercado regulado con tarifa de último recurso (TUR). Los usuarios con potencia contratada con más de 10 KW, obligatoriamente tendrán que contratar a través de comercializadoras en el mercado libre.

A partir de este momento no hay que tener prisa para contratar, podemos cambiar en cualquier momento, es importante escuchar ofertas de las diferentes comercializadoras para ver quien ofrece las mejores condiciones de precio, e igualmente no contratar telefónicamente y pedir el contrato por escrito con las ofertas antes de decidir.

Todo este proceso de publicación de normas y condiciones del nuevo mercado se está haciendo con cuentagotas, lo que no permite aclarar buena parte de las dudas a los usuarios, asociaciones de consumidores y ni siquiera a las propias compañías eléctricas.

Ya resulta preocupante que la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el informe emitido al Ministerio de Industria en relación con la tarifa de último recurso (TUR) señale las dudas que suscita la insuficiente regulación del régimen jurídico aplicable al consumidor. Esa omisión podría generar una indefinición contraria al principio de seguridad jurídica, motivo por el que la propia Comisión Nacional de la Energía ha señalado la necesidad de que normativamente se apruebe un modelo de contrato tipo que proporcione un marco jurídico adecuado al suministro de último recurso previsto para usuarios con una potencia contratada igual o inferior a 10 KW, a fecha de hoy dicho contrato tipo no existe.

Estos cambios supondrán importantes novedades para los consumidores, no sólo en cuanto a la creación de un nuevo mercado que tendrá impacto “en teoría” en el precio de la electricidad, sino también en la relación de los propios usuarios con las compañías eléctricas, ahora comercializadoras. Todo desde luego en teoría ya que lo que se está observando es una clarísima falta de competencia en el sector, esto se pone de manifiesto con el hecho de que a muy pocas fechas de la entrada en vigor, 1 de julio, se haya iniciado un proceso de expediente sancionador a las principales compañías eléctricas por posibles prácticas anticompetitivas.

Me resulta especialmente preocupante que el proceso de liberalización no se esté llevando a cabo con la suficiente transparencia y competencia que deben de quedar absolutamente garantizados por parte de la Administración en este caso del Ministerio de Industria y Energía. Insisto una vez mas en el desinterés que muestra dicho Ministerio en garantizar un proceso transparente y participativo entre las tres partes afectadas, como se le viene reclamando desde las asociaciones de consumidores.