El artículo 51 de la Constitución Española plantea con rotundidad las líneas maestras de la política de autodefensa de los consumidores y usuarios. De esta forma, se plantean las políticas de consumo como un elemento social de progreso corrector en el ámbito de la economía de mercado y se insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos, así como a promover las organizaciones de consumidores y usuarios.

Basado en el principio anterior, el consumidor debe ser algo más que un simple comprador o usuario de bienes y servicios: debe ser considerado un ciudadano integrado en diversos ámbitos de una sociedad cada vez más compleja. Atrás quedó ya el concepto de “consumidor local” y se ha pasado a un nuevo concepto de consumidor partícipe de un nuevo mercado de masas, más global, con fuertes campañas publicitarias y agresivas técnicas por parte de los suministradores de bienes y servicios.

En estos momentos que se está constituyendo el Gobierno para una nueva legislatura, considero que es la oportunidad para realizar una reflexión sobre las necesidades reales que los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, tienen pendiente para que puedan ser tenidas en cuenta por nuestros parlamentarios e incorporarlas a los planes de trabajo de los respectivos ministerios de acuerdo al programa de Gobierno, lo que estimo relevante para profundizar y avanzar en la protección de los derechos y defensa de sus legítimos intereses económicos.

Si bien es cierto que la legislatura recién terminada ha venido marcada por la aprobación de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, esta norma constituye sin duda alguna, desde mi punto de vista, el más importante avance en todo el periodo democrático, en la defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios, ya que ha supuesto finalizar con prácticas abusivas y fuera de toda lógica del mercado, como es el caso del redondeo en servicios como la telefonía o los aparcamientos de vehículos.

Dicha norma, por otra parte, se hacía urgente puesto que el texto que regulaba los derechos de los consumidores, Ley 26/1984, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, era anterior a la incorporación de España a la Unión Europea y no contemplaba aspectos del mercado y de nuevos servicios impensables en el momento de su redacción, por ejemplo, entre otros, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, es preciso profundizar en la aplicación de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, estableciendo mecanismos efectivos para el control de su aplicación para evitar lo que está ocurriendo en la práctica: podemos contemplar que determinadas empresas no han querido adaptarse a estas exigencias legislativas, sin repercutir así en los ciudadanos las consecuencias de lo que la nueva regulación les exige, en algunos casos incumpliendo el precepto de libre competencia y habiendo serias sospechas de la existencia de acuerdos y pactos para fijar incrementos de precios por parte de las grandes empresas, motivo por el que la organización que represento ha denunciado públicamente.

Otros aspectos que el nuevo Gobierno debería acometer en esa misma línea de actuación sería el establecimiento de mecanismos eficientes de control de la calidad y seguridad de los alimentos, mediante la generalización del concepto de trazabilidad, tanto en la producción como en los precios. Es evidente que la elevación desproporcionada de precios experimentada últimamente en productos básicos de primera necesidad no se corresponden en ningún caso con los incrementos producidos en origen.

También sería conveniente la articulación de una Ley de Salud alimentaria que contemplase la creación de una agencia de salud pública, la incorporación de informes de evaluación del impacto sobre la salud en los dictámenes de impacto ambiental, reforzando las funciones y capacidades de la agencia de seguridad alimentaría, así como programas de formación para la mejora del uso de los medicamentos y programas de apoyo a la lactancia infantil.

En esa línea de pacto con los consumidores, sería deseable reforzar la coordinación entre comunidades autónomas en materia de consumo, así como establecer códigos de buenas prácticas en las administraciones públicas; establecer medidas para la prevención y protección de los consumidores en situaciones de sobreendeudamiento o quiebra económica, ya que es éste un tema de gran preocupación por el nivel de sobreendeudamiento a que están sometidas las economías domésticas en nuestro país, debido a los altísimos precios de las viviendas, a lo que hay que añadir los elevados tipos de intereses que han incrementado de forma considerable las cuotas de las hipotecas hasta cantidades insostenibles.

Por último, impulsar programas informativos y formativos relacionados con los consumidores en los medios de comunicación social y garantizar la presencia de los mismos contenidos en los diferentes planes de educación de la enseñanza reglada, primaria y secundaria, fomentando un consumo responsable al tiempo que respetuoso con el medio ambiente.

En definitiva, en este nuevo periodo legislativo se debe de potenciar una verdadera política de defensa de los derechos y legítimos intereses de los consumidores, imprimiendo una nueva cultura de consumo basada en valores, respeto al entorno medioambiental y mayor solidaridad.