Últimamente venimos asistiendo a unas subidas en los de los productos básicos de primera necesidad, que en la mayoría de los casos no están justificados, ya que tanto productores como agricultores manifiestan que ellos no han visto esos incrementos de precio en sus productos.

Estamos, por tanto, asistiendo de forma permanente a subidas de precios ficticias generadas por los intermediarios a través de los mensajes en los medios de comunicación que pueden resultar ilegales en virtud de lo establecido por la Ley de Defensa de la Competencia.

Por otra parte, los precios de las materias primas tienen un efecto muy limitado en el precio final del producto, por lo que los incrementos producidos solo pueden explicarse por las prácticas especulativas realizadas por los sectores distribuidores e intermediarios, que imponen sus condiciones y precios a los productores, lo que aumenta su dependencia, eliminando además cualquier beneficio para el consumidor.

Es evidente que gran parte de la responsabilidad de los incrementos que los consumidores venimos soportando en los productos alimenticios es achacable a los intermediarios y empresas de distribución que están aplicando porcentajes desorbitados que, como ya he comentado, no se corresponde con los incrementos en origen de los productos.

Por todo ello se hace necesaria una mayor vigilancia por parte de las diferentes administraciones con relación a la evolución de los precios, sobre todo de los productos básicos, con el fin de evitar esos movimientos especulativos o de reparto de los mercados, actualmente en manos de muy pocas empresas, impidiendo la libre competencia y lógicamente perjudicando gravemente los derechos y legítimos intereses del consumidor.

En estos momentos de crisis y de confusión, proponemos un pacto entre productores, distribuidores y consumidores al efecto de contener la escalada de precios de productos básicos de primera necesidad. Ya es hora de que exista un compromiso claro con los ciudadanos y con el contexto económico actual, marcado por la alta inflación, bajando los precios o, cuanto menos, congelándolos. Estas medidas son especialmente necesarias en el sector de la distribución alimentaria, al efecto de no provocar más tensiones inflacionistas.

Con este fin desde la de España hemos propuesto este pacto entre todos los sectores implicados en la fijación de precios.

El Sector Inmobiliario

Ante la solicitud de suspensión de pagos o concurso de acreedores planteado por la inmobiliaria MARTINSA-FADESA, que ha generado una gran inquietud entre los 12.500 compradores de una vivienda en las promociones que la empresa está llevando a cabo, se recomienda calma y esperar el desarrollo de los acontecimientos, ya que en estos momentos no se sabe a ciencia cierta cómo puede influir en los implicados de la compra de una vivienda.

Hay que tener en cuenta que un concurso de acreedores es una figura jurídica a la que se pueden acoger empresas y particulares que no tengan liquidez para hacer frente a las deudas. Debe ser admitida por un juez, que nombrará administradores judiciales para supervisar la gestión de la empresa. Éstos, tras las pertinentes valoraciones, son los que deciden si una promoción se paraliza o se termina.

Por eso, hasta que no se conozcan estos términos en el caso de Fadesa, desde UCE se recomienda tranquilidad, teniendo en cuenta que la empresa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no tiene intención de proceder a su liquidación.

Así, hasta el momento en que se pueda probar un incumplimiento de contrato con los compradores de vivienda, éstos no pueden ejecutar el aval bancario que garantiza las devoluciones de las cantidades entregadas a cuenta, ni iniciar ninguna otra acción legal contra la empresa.

Por otro lado, la declaración de concurso de acreedores en una empresa no afecta a la validez de los contratos firmados, ni exime de su cumplimiento a ninguna de las partes, por lo tanto las personas que se obligaron formalmente al pago de anticipos en la compra de una vivienda han de seguir pagando sus cuotas reglamentariamente, ya que se les podría acusar de incumplimiento de contrato.

Sólo cuando se haya producido un incumplimiento de contrato probado por parte de la empresa, los compradores de vivienda podrán exigir la entrega de la vivienda o la devolución de las cantidades a cuenta.

Recordar que las constructoras y promotoras de vivienda están obligadas a suscribir avales bancarios o seguros de caución por las cantidades anticipadas. Ante la crisis creada por la situación actual es de vital importancia que los compradores exijan los avales bancarios por las cantidades adelantadas que pueden llegar al 20% del precio total de la vivienda.

Los casos de quiebra o cierre en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes porque los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas a cuenta en caso de que no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes. La legislación vigente actualmente obliga a los constructores y promotores a garantizar las cantidades entregadas a través de los citados documentos, que deben de ser entregados a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada, a la firma del correspondiente contrato de compraventa.