Comité La posición que adopta la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE respecto al CETA y la decisión que propone de abstención en el momento de su ratificación en el , es una consecuencia directa de las resoluciones adoptadas por los socialistas españoles en su .

Respecto a la globalización y el comercio internacional, esta nueva orientación política se concreta en particular en los siguientes párrafos contenidos en las resoluciones: “Es el momento de fijar una posición clara sobre la globalización y sus efectos. La globalización es una realidad incuestionable pero, tal y como ha venido

desarrollándose hasta ahora, pone en cuestión la capacidad de los modelos clásicos de democracia representativa desde el punto de vista de la consecución y distribución de resultados. Vivimos en una globalización de facto y no de iure.”(1)

“No se combate la desigualdad oponiéndose sistemáticamente a la globalización o al comercio internacional. La globalización ha producido simultáneamente una reducción de las desigualdades a escala planetaria y un aumento de la desigualdad en el interior de las sociedades desarrolladas. Pero no debemos equivocar nuestras soluciones (…) Pero, además, debemos establecer altos estándares sociolaborales y medioambientales en los acuerdos de comercio, para que se universalicen progresivamente los derechos laborales y se evite el dumping en esas materias.”(2)

“Establecer un marco internacional para el comercio o extender las mejores prácticas a los acuerdos bilaterales o multilaterales. La izquierda socialdemócrata no está en contra del comercio internacional pero lo quiere con condiciones y regulaciones que aseguren la universalización de derechos y con las protecciones sectoriales sensibles en cada caso. Negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad. Es negarse al progreso y al crecimiento. Pero hay que hacerlo con acuerdos que respeten los convenios fundamentales de la OIT y tengan en cuenta estándares de dignidad social, laboral, de protección de los consumidores y medioambiental, así como defendiendo los servicios públicos y los intereses nacionales.”(3)

“Una Europa fuerte en la globalización. Una Europa que no se opone a la globalización sino que pretende ordenarla y regularla. Defenderemos una agenda progresista global en la que incluiremos nuestra defensa del comercio internacional regulado que evalúe previamente los impactos sobre los sectores productivos nacionales. Los socialistas estamos convencidos que las sociedades modernas no renuncian ni renunciarán al comercio porque la historia y la evidencia empírica muestran que las economías abiertas crecen más rápidamente que las cerradas y disfrutan de un mayor nivel de riqueza y prosperidad. Pero también somos muy conscientes de que la globalización genera perdedores y que frenarla acudiendo a medidas proteccionistas, no es la solución. Lo que necesitamos y defendemos los socialistas es una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica entre todos, reduciendo brechas de renta y de oportunidades. Una globalización progresista que requiere redefinir un marco económico incluyente, con instituciones supranacionales que desarrollen una regulación más exigente de los mercados financieros y que luchen contra los monopolios, los cárteles y los privilegios concesionales y corporativos, a la vez que se impulsa una armonización fiscal a nivel internacional que evite la elusión del pago de impuestos de las grandes corporaciones y que luche eficazmente contra los paraísos fiscales.”(4)

“Un comercio y una inversión al servicio de un empleo decente y sostenible. Tras el fracaso del TTIP entre Europa y EEUU, Europa debe plantear una alternativa tanto al neoliberalismo como al proteccionismo. Los mega-acuerdos comerciales deben insertarse en una estrategia económica paneuropea más amplia, de desarrollo sostenible, política económica expansiva, apoyo público a la I+D+I por encima del 3% del PIB europeo, y siempre en una clave más social: nuevos empleos de calidad y redes de protección y reciclaje para los sectores perdedores. Ello exige una vigilancia especial del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en todo tratado comercial futuro. Hasta la fecha las prácticas de comercio justo, que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, no pasan de ser iniciativas fundamentalmente encauzadas y promovidas por las ONG y, en el ámbito institucional por la . Los tratados comerciales de nueva generación deben, en la medida de lo posible, incorporar elementos de la filosofía que subyace a la práctica del comercio justo, no solo en lo que a la garantía de los derechos de los productores y trabajadores locales se refiere, sino también en lo que a los elementos de consolidación del desarrollo económico, medioambiental y social de los países en vías de desarrollo se refiere.”(5)

El mandato que ha recibido la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en estas materias es, por lo tanto, muy clara:

a) Negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad, es negarse al progreso y al crecimiento.

Los socialistas estamos convencidos que las sociedades modernas no renuncian ni renunciarán al comercio porque la historia y la evidencia empírica muestran que las economías abiertas crecen más rápidamente que las cerradas y disfrutan de un mayor nivel de riqueza y prosperidad. Por ello, la izquierda socialdemócrata no está en contra del comercio internacional y no nos oponemos a la globalización.

b) Sin embargo, vivimos en una globalización en la que necesitamos y defendemos una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica entre todos, reduciendo brechas de renta y de oportunidades. Somos muy conscientes de que la globalización genera perdedores y que frenarla acudiendo a medidas proteccionistas, no es la solución. Por eso, defendemos una Europa fuerte en la globalización, que no se opone a la misma sino que propone ordenarla y regularla.

c) Respecto a los tratados de comercio, nuestro mandato es establecer altos estándares sociolaborales y medioambientales en los acuerdos de comercio. Aspiramos a acuerdos que respeten los convenios fundamentales de la OIT y tengan en cuenta estándares de dignidad social, laboral, de protección de los consumidores y medioambiental, así como defendiendo los servicios públicos y los intereses nacionales. Tras el fracaso del TTIP entre Europa y EEUU,

Europa debe plantear una alternativa tanto al neoliberalismo como al proteccionismo: Ello exige una vigilancia especial del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en todo tratado comercial futuro En conclusión, frente a la posición reduccionista que dice que solamente hay dos posibles caminos, o bien cerrar las fronteras y el proteccionismo, o bien la apertura máxima de las mismas respecto al comercio internacional, hay que afirmar que existe una tercera posibilidad, que es la que defendemos, que es la globalización justa que consiste en combinar la apertura con reglas que protejan los procesos democráticos y los derechos laborales y medioambientales.

EL CETA, aunque menos controvertido que el decaído TIPP, nos hace plantearnos objeciones razonables, que se han reflejado también en las filas socialdemócratas tanto en Europa como en Canadá.

Estas, se refieren fundamentalmente a los siguientes aspectos: a) El modo de resolución de disputas, la “Investors Court System” (ICS)que, aunque indudablemente mejorada por la presión parlamentaria socialdemócrata en , es un sistema semipúblico al que tendrán acceso desigual las instituciones y los ciudadanos europeos (o canadienses) frente a las grandes empresas y los grandes inversores extranjeros (sin olvidar que, debido al NAFTA, las empresas estadounidenses podrán concurrir también a través de Canadá).

Por supuesto, el CETA reconoce a los (sea Canadá o la UE y sus estados miembros) el derecho a regular. Pero recoge uno de los aspectos más problemáticos del derecho de inversiones: el derecho a compensar a los inversores y empresas extranjeras cuando una regulación pública cambia, y puede potencialmente perjudicarles en el futuro.

El ICS, por más que esté formado por jueces, marca un sistema jurídico doble y desigual para los actores: los inversores y empresas extranjeras pueden acudir al ICS, mientras que los inversores y empresas no extranjeras tienen que recurrir a la justicia ordinaria. Además, no está claro que este sistema dual sea compatible con el monopolio en la interpretación del Derecho europeo que tiene .

Los principios y el sistema recogidos en el CETA pueden, en consecuencia, actuar como freno para las políticas públicas futuras a todos los niveles, - nacional, autonómico o local, pues establecen un precio potencial, en forma de litigios e indemnizaciones, a las decisiones democráticas y soberanas de cambio en las políticas públicas, si éstas perjudican las expectativas de beneficios futuros de los inversores extranjeros. De hecho la experiencia de Canadá es ilustrativa: es el país con más litigios bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la mayoría de las disputas involucran a inversionistas que desafían las leyes ambientales del país. A comienzos de 2015 Canadá tenía 8 litigios pendientes con indemnizaciones demandadas por valor de 6.000 millones $.

b) aspecto en el contenido del CETA que nos suscita una objeción razonable es el manifiesto desequilibrio que existe entre las provisiones y salvaguardias que se establecen para proteger los intereses de los inversores frente a la protección de los derechos laborales o medioambientales. EL CETA se ha construido sobre todo y ante todo estableciendo salvaguardias para las empresas, pero no para los derechos laborales o medioambientales. En las 1600 páginas del Tratado se establecen miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las compañías transnacionales frente a unos cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica otros aspectos igualmente importantes. En concreto, el capítulo 23 sobre Comercio y Trabajo una violación de los derechos laborales del CETA por parte de una empresa extranjera sólo resultaría en un proceso no vinculante de discusiones y recomendaciones. Respecto a sus disposiciones medioambientales, aunque el CETA contiene un texto alentador en este terreno, vuelve a no proteger el medio ambiente, ni a asegurar la sostenibilidad en Canadá y la UE. El capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del CETA (Capítulo 22) tiene sólo cuatro páginas y se caracteriza por el uso cauteloso del lenguaje sin fundamento jurídico, reduciendo cualquier mecanismo de disputa contenido a totalmente voluntario.

c) Junto a estos dos aspectos fundamentales en los que vemos objeciones y nos gustaría verlos resueltos en la redacción del CETA, hay otros aspectos que tampoco son aceptables, en concreto el secretismo con el que se ha llevado adelante el desarrollo del tratado. Las conversaciones bilaterales comenzaron en 2008 pero no es hasta 2015 cuando se abre un debate con una cierta dimensión pública. En democracia, las formas son muchas veces tan importantes como los contenidos.

Nosotros invocamos un principio de transparencia en el desarrollo de tratados comerciales: los stakeholders de la sociedad civil no han podido participar en las deliberaciones y nosotros proponemos que en el futuro deberían estar involucrados. Aprendiendo del pasado, el parlamento nacional debería seguir de cerca el proceso de negociación (y a través de él, la sociedad), y no como se ha planteado, de buenas a primeras, sin debate previo y sin debate social. Parece que esta falta de transparencia está ocurriendo ahora con un nuevo futuro tratado, como es el JEFTA con Japón.

d) Por último, para estos acuerdos de “nueva generación” veríamos indicado la inclusión de otros aspectos que son más que deseables, como el establecimiento de mecanismos de compensación para corregir los efectos sociales potenciales adversos o la lucha conjunta contra el cambio climático. Por estas razones los socialistas españoles consideramos que no estamos mandatados por el para ratificar el CETA. No es un tratado equilibrado, que propicia al mismo tiempo la apertura comercial y lo hace salvaguardando los derechos laborales, medioambientales, y respetando los sistemas judiciales de los que nos hemos dotado democráticamente tanto en España como en Europa. Deseamos que se estrechen los lazos comerciales entre dos áreas del mundo muy próximas en valores civilizatorios y humanos como son Canadá y Europa. Pero no vemos en el CETA, en su desarrollo actual, un ejemplo de la nueva generación de tratados bilaterales o multilaterales de comercio que hay que construir en el futuro. Nuestra posición va a ser la de abstención razonada en un doble sentido: por un lado, por las objeciones anteriormente expuestas. En segundo lugar porque queremos dejar constancia con nuestra abstención de que, aunque nos oponemos a algunos aspectos concretos y muy sensibles de su formulación actual, estamos a favor del multilateralismo, la apertura, el estrechamiento de los lazos comerciales con otras regiones del mundo y, en particular, con Canadá.

Somos conscientes de que esta abstención nos marca ahora también una nueva responsabilidad y un frente de progreso que nos proponemos abordar: la formulación de unos principios, en línea con la Declaración de Namur, que establezcan las características básicas de los tratados de “nueva generación” que se correspondan con una globalización justa y que, por lo tanto, sean capaces de establecer no solamente salvaguardias para las empresas sino también el progreso que necesitamos en la lucha contra las desigualdades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y detener y revertir el cambio climático. Nos proponemos diseñar estos principios, en estrecha colaboración con nuestros compañeros en el grupo parlamentario socialista tanto en Europa como en España, y abrir esta conversación con nuestros compañeros socialdemócratas en otros países europeos.

El PSOE propondrá el establecimiento de mecanismos parlamentarios específicos para que las Cortes Generales puedan conocer los textos de los tratados y otros acuerdos internacionales que el Gobierno vaya a firmar, en cuya negociación participe o estén siendo elaborados en el seno de una conferencia u organización en los que España sea parte, a los efectos de poder evaluar las consecuencias políticas, económicas, sociales y medioambientales de su aplicación en nuestro país con carácter previo a su adopción definitiva, sin perjuicio de las facultades de autorización que la Constitución reconoce a las Cámaras respecto de su ratificación.

(1) Ponencia Política, apartado en nuestro tiempo: gobernar la globalización (2) Idem (3) Idem (4) Ponencia Política, apartado Creer en Europa. Hacer una Europa social (5) Idem.