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El suelo como soporte material del patrimonio territorial se manifiesta, cada vez más, como un recurso esencial para las generaciones actuales y futuras, convirtiéndose así en un elemento clave para optar a un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo en nuestro país. Precisamente, el informe realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), denominado “Cambios de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad”, de junio de 2006, pone de manifiesto que algunos de los mayores riesgos de insostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo van aparejados a las fuertes presiones que está sufriendo nuestro valioso patrimonio territorial.
En la evaluación de los procesos de sostenibilidad se vienen considerando, habitualmente, las dimensiones ambientales, económicas y sociales de forma conjunta. La ocupación del suelo es una de las variables claves para medir con rigor la dimensión ambiental-territorial del desarrollo, ya que sus formas de utilización y evolución temporal son elementos esenciales para establecer los efectos de las interacciones entre diversas actividades humanas y la dinámica natural de los ecosistemas.
España tiene todavía uno de los territorios más diversos y excepcionalmente valiosos de Europa. El potencial del uso de los recursos naturales, la biodiversidad, el propio desarrollo de los sectores económicos, y también la calidad de vida de las generaciones actuales y venideras, están determinados, en gran manera, por el alcance y los modos de ocupación del suelo.
En su conjunto, el territorio español es parte de un capital natural que tiene grandes potencialidades que, si bien se han ido aprovechando al hilo del proceso de modernización, democratización y de la mejora del bienestar de la sociedad, se enfrenta ahora a una serie de cambios y dinámicas territoriales que no sólo pueden diluir parte de los beneficios logrados, sino que además pueden poner en riesgo parte de esas potencialidades y mermar las posibilidades de encauzar nuestro desarrollo por sendas más sostenibles, eficientes y equitativas.
Esto es especialmente significativo cuando se aprecian determinadas dinámicas territoriales de artificialización del suelo que inciden en la destrucción de espacios agrícolas altamente productivos, en la fragmentación de ecosistemas de alto valor ecológico o en la banalización de los paisajes naturales y culturales con efectos irreversibles y condicionantes para las generaciones futuras.
En un informe realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) se profundiza en el estudio de los impactos territoriales de nuestro modelo socioeconómico, atendiendo a los cambios de ocupación del suelo, coberturas y usos, que han sido contabilizados mediante la diferencia entre un stock inicial y un stock final de suelo y los flujos de cambio de uso del suelo. Este tipo de contabilidad física sobre los cambios de ocupación del suelo, en un período determinado, es un excelente indicador de sostenibilidad.
El territorio, como expresión aglutinadora del capital natural, se manifiesta como un elemento sustancial en la dimensión ambiental espacial de la sosteniblidad que puede resultar determinante en la evolución de las otras dimensiones económicas y sociales. Ello es así en la medida en que la propia dinámica territorial induce cambios estructurales en las actividades socioeconómicas como soporte de actividades productivas y sociales, y también en los procesos ecológicos a lo largo del tiempo, siendo, en definitiva, un fenómeno complejo de procesos de producción, consumo y transformación del espacio con evidentes implicaciones para la sostenibilidad del desarrollo.
La dimensión ambiental-territorial de la sostenibilidad es más estratégica, si cabe, que las otras dimensiones económicas y sociales, porque la consecución del equilibrio del territorio es prioritario para hacer un uso sostenible del capital natural y sus recursos con cohesión social y eficiencia económica.
Los cambios de ocupación del suelo en España, obedecen a las interacciones de un conjunto de fuerzas motrices sociales, económicas y demográficas que provocan presiones sobre el territorio tales como el aumento de urbanización, construcción de infraestructuras, así como otras relacionadas con el abandono rural, la deforestación, los incendios forestales, el consumo de recursos naturales o el impacto ambiental por las emisiones a la atmósfera y la contaminación.
Dichas presiones han configurado un modelo territorial descompensado con grandes áreas interiores despobladas y semi-abandonadas frente a una concentración de la población y un elevado dinamismo económico en el litoral y núcleos interiores, como es el caso de Madrid y otras ciudades de tamaño intermedio.
Estos cambio de ocupación deben verse en el contexto de la nueva ola del capitalismo globalizador que se ha iniciado recientemente, a nivel general, aunque más específicamente en el conjunto de países más desarrollados, una nueva fase de crecimiento urbano vinculada a la expansión del consumo así como a las facilidades financieras y a ciertas dinámicas especulativas.
En España se han dado cambios en el territorio muy rápidos en los últimos años del siglo pasado y en los primeros del presente, constatando significativas transformaciones en las zonas artificiales, pero también en las zonas húmedas, forestales y agrícolas.
La dinámica territorial en nuestro país parece seguir caminos de ocupación del suelo con altos costes ambientales y riesgos de insostenibilidad. En este sentido, se pueden vislumbrar mayores tensiones por la extensión de los sistemas urbanos, especialmente los difusos, dado que este modelo de urbanización implica mayores consumos de agua y mayores emisiones de gases de efecto invernadero, además de que la necesidad de un tipo de estructura de ciudad dispersa, frente a la compacta, requiere infraestructuras adicionales y nuevas vías de comunicación que fomentan modalidades de transporte privado.
Los riesgos del desarrollo urbanístico desenfrenado son cada vez más evidentes. España es uno de los países que más viviendas tiene por habitante y el que más construye. El año 2005, con 812.294 viviendas visadas, fue el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de España, si bien para finales de 2006 se prevén otras 850.000. Además de sobredimensionado, el parque de viviendas de España está altamente infrautilizado, dado el creciente peso de las viviendas secundarias y vacías, que suponen más del 35% del total.
España tiene en estos momentos el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea y es el país con un ritmo constructor más alto: actualmente se construyen más casas en España que en el conjunto de Alemania, Francia y Reino Unido, con mucha menos población.
Sin embargo y paradójicamente, España, es el país donde más difícil es el acceso a la vivienda y donde se constata un elevado gasto en vivienda por parte de los hogares españoles, ya que el endeudamiento familiar ha alcanzado el record histórico de 731.000 millones de euros en el primer trimestre de 2006, equivalente al 79% del Producto Interior Bruto (PIB).
Este es un fenómeno influido por la orientación de las políticas municipales expansivas y por una corriente especuladora que impulsa una aceleración de los precios de las viviendas por la mayor elevación del precio del suelo urbano.
En la espiral alcista de los precios de la vivienda, sin duda, intervienen numerosos factores, pero no se cumplen las reglas de mercado, en la medida que el precio final se establece más por el valor futuro de lo que valga la nueva edificación, por el valor del “techo” construido, que en función del valor del suelo y los costes de construcción.
Los cambios más fuertes producidos recientemente en relación al incremento de zonas artificiales, se concentran en particular en el litoral mediterráneo, como consecuencia de un fenómeno de “litoralización” que tiende a concentrar las actividades económicas y residenciales en las franjas litorales y, en especial, en la mediterránea.
La importancia creciente del turismo ha venido fomentando un desplazamiento de la población y del dinamismo económico hacia el litoral, a lo que ahora hay que sumar nuevas situaciones como los flujos migratorios y el propio cambio del patrón turístico, que varía desde un modelo de estancia hotelera a un modelo residencial que ha implicado el asentamiento de numerosos extranjeros comunitarios, especialmente jubilados en el litoral, conjuntamente con la expansión de segundas residencias de propietarios nacionales. Este es un tema especialmente significativo, en la medida que se producen situaciones contraproducentes respecto al desarrollo del sector turístico tradicional que ha manifestado su inquietud por la competencia del nuevo modelo de turismo residencial y la merma de sus posibilidades de desarrollo de negocio.
Con una sobrepresión urbanística litoral, que en su tramo mediterráneo ya tiene el 34% de su primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales, las previsiones para los próximos años en España, contando con una fuerte demanda europea y nacional de vivienda en las zonas costeras, señalan nuevos impulsos del sector turístico-residencial y un aumento de la onda expansiva del sector inmobiliario en las franjas prelitorales.
Las zonas artificiales, que suponen actualmente el 2,1% de la superficie total en España, han sufrido un fuerte incremento en el pasado reciente, con dinamismo arrollador en el litoral. Según el análisis del OSE con datos del proyecto Corine Land Cover, dirigido y gestionado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, la superficie de suelo artificial se incrementó un 29,5% entre 1987 y 2000, con lo cual se ha transformado en superficie artificial en España casi un tercio de todo lo que se transformó en los siglos anteriores, mientras que en la costa se ha llegado a convertir la mitad de lo que hicieron nuestros antepasados. Entre las causas principales se encuentra la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal, imitando el modelo anglosajón de ciudad dispersa frente al modelo de ciudad compacta mediterránea.
Sin embargo, es en el inicio del presente decenio cuando más evidente se hace un nuevo fenómeno de desarrollo urbanístico desenfrenado que se manifiesta con especial contundencia en regiones del interior, como Madrid, y del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico.
Tomando como hipótesis una proyección lineal del crecimiento de las superficies artificiales que ha venido desarrollándose durante el periodo 1987-2000, para 2010 podríamos encontrarnos con un incremento del consumo de suelo debido a procesos de artificialización de más del 50%, con lo que el peso de la superficie artificial sobre el total del país sería de alrededor de un 2,52%.
No obstante, atendiendo a las informaciones actualmente disponibles, se puede comprobar que en el primer decenio del siglo presente este crecimiento no ha sido lineal, sino más bien exponencial, experimentando una fuerte aceleración a partir de 2000 hasta la fecha, con lo cual nos enfrentamos a un modelo de expansión urbana claramente depredador del capital territorial e insostenible en el tiempo.
Para evaluar los riesgos de insostenibilidad de los procesos de artificialización debe tenerse en cuenta que la situación actual no sólo es consecuencia de un impulso inmobiliario dirigido desde el lado de la oferta, a través de un entramado de promociones, recalificaciones y revalorizaciones con altas dosis especulativas envueltas, sino que también existen factores de dinamización por el lado de la demanda, de tal modo que el resultado final es una consecuencia de una fuerte demanda social, sustentada en el auge económico y un sentido hedonista y consumista de nuestra sociedad del bienestar. Las nuevas formas de vida resultan poco sostenibles pero reflejan la reciente transformación de la sociedad española que manifiesta sus preferencias sobre las nuevas formas de consumir, invertir y disfrutar del ocio.
Resulta indispensable abrir un debate público sobre qué tipo de modelo territorial, económico y social queremos ahora y en el futuro, enmarcándolo bajo la nueva lógica del desarrollo sostenible. Articular adecuadamente el territorio es una tarea democrática del conjunto de la sociedad que reclama un esfuerzo decidido, más allá de las necesarias medidas legales que deben ser impulsados a través de la acción pública (como la esperada nueva Ley del Suelo).
Para adoptar modelos de uso del territorio que sean menos vulnerables y especulativos y más perdurables en el tiempo por su capacidad de trasmitir racionalidad y valores patrimoniales, culturales, ambientales, económicos y sociales a nuestros descendientes, parece ineludible que la sociedad participe activamente sobre la base de una información rigurosa y transparente para que la ciudadanía tome compromisos y ayude a orientar mejor la toma de decisiones de las administraciones y los agentes económicos implicados.
El desarrollo sostenible implica necesariamente, aunque no exclusivamente, una disociación entre los procesos socioeconómicos y las dinámicas insostenibles críticas que generan impactos irreversibles. Además, es necesaria una menor concentración del entramado constructor en el conjunto de la economía española en favor de una mayor intensidad en componentes de alto valor añadido para potenciar líneas productivas más competitivas e intensivas en conocimiento, innovación y tecnologías avanzadas que potencien modos de producción y consumo sostenibles.
Asimismo, aspirar a un desarrollo sostenible implica una visión a largo plazo que hasta ahora está subordinada a la primacía de los intereses a corto plazo, propios de una economía de mercado insuficientemente regulada en la cuestión territorial. Si se mantienen las tendencias actuales, pueden derivarse riesgos para el futuro, que determinarán un escenario crecientemente insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo e insolidario desde el punto de vista social, lo que plantea la necesidad de nuevos rumbos en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible, utilizando los adecuados sistemas de planificación y participación social. España todavía tiene espacio privilegiado, tiempo y alternativas para evitar su destrucción irreversible.
En España se han dado cambios en el territorio muy rápidos en los últimos años del siglo pasado y en los primeros del presente. Así, en la superficie agrícola se detecta un incremento del regadío, incluso en zonas con escasos recursos hídricos, con un incremento de la agricultura intensiva. La realización de nuevos regadíos en zonas escasas de agua, o en zonas de acuíferos sobreexplotados, no es compatible con un desarrollo agrario sostenible, especialmente en un escenario de cambio climático adverso.
El proceso de modernización de la agricultura, con grandes costes económicos financiados con fondos europeos y costes ambientales por la contaminación difusa y múltiples impactos asociados, ha favorecido la degradación de los ecosistemas en los modos de vida tradicionales de la sociedad agraria. Ahora hay que considerar el enorme atractivo económico de poder convertir, en muchos casos, terreno rústico productivo en suelo urbanizable, que es el caso de la desaparición de huertas en zonas del Levante.
Las zonas forestales y otros espacios naturales siguen sometidos a fuertes presiones por los incendios y la creciente fragmentación provocada por las infraestructuras y la urbanización. Como ecosistemas de gran diversidad y funcionalidad singular, hay que atender a sus prestaciones económicas y sociales por sus valores paisajísticos, recreativos y de conservación de las culturas tradicionales, así como su potencialidad ecológica para contener la erosión, el mantenimiento del ciclo hidrológico y la integridad ecosistémica.
Las zonas húmedas y láminas de agua son ecosistemas de especial interés para la biodiversidad y para los procesos relacionados con el ciclo hidrológico. Los humedales de España presentan en particular un gran interés para las especies migratorias y el estado de los mismos es vital para su ciclo de vida.
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