En diciembre de 2015 el rector informa al Claustro de la (UCLM) de que nuestra situación económica era de estabilidad, recuperación y con la tesorería saneada. Sin embargo, en junio de 2016 se plantea de nuevo el problema de la financiación, porque el gobierno regional, olvidándose de los compromisos contraídos en el programa electoral, decide incumplir la promesa de garantizar una financiación plurianual suficiente a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ante este escenario adverso el equipo de gobierno de la UCLM optó por una decisión rápida y contundente. Hizo lo más fácil – aunque no lo más equitativo- simplificar la complejidad de un problema (que arrastramos desde los gobiernos de Barreda y Cospedal) y, recuperando una norma del Consejo de gobierno, suprimió ciento cincuenta asignaturas optativas. Pero además, según informan los decanos correspondientes, había previsto comenzar con la eliminación de tres titulaciones con escasez de estudiantes de primera matrícula.

Decidiendo la supresión de ciento cincuenta asignaturas optativas (de las que sabemos su número pero no su denominación) y amagando con la eliminación de tres títulos (porque quedó en intención), quizá el gobierno de la UCLM reduzca el presupuesto, pero también contribuye a dañar la imagen de nuestra al deterioro de más de tres titulaciones, para acabar perjudicando a los profesores contratados.

Se puede decir, en fin, que la manera de hacer frente a un escenario presupuestario adverso, creado en parte por la Junta de Castilla-La Mancha, no fue informar, sentarse y negociar, sino adoptar decisiones en perjuicio de las titulaciones con una situación más complicada y de aquellas personas del personal docente e investigador, que por su precariedad laboral tienen una mayor vulnerabilidad. La reducción por decreto de asignaturas y, eventualmente, de los correspondientes profesores se realiza sin tomar en consideración las necesidades de formación, ni la calidad y la mejora continua de la docencia universitaria.

Sorprende que el equipo de gobierno de la UCLM -que por definición debiera ser un espacio de libertad, racionalidad y reflexión-, adopte decisiones precipitadas cuyo daño puede ser irreversible. Cuando un servicio público como nuestra Universidad se encuentra ante una situación compleja, los responsables deben evitar los tratamientos drásticos que generan confusión y pueden alimentar el miedo. Porque esto es lo que se provoca cuando se adoptan, sin la debida cautela, decisiones como la supresión de las asignaturas optativas y de tres titulaciones.

La labor del equipo de gobierno debería haber sido, en primer término, crear el entorno más adecuado para confrontar perspectivas y encontrar entre todos salidas comunes, en defensa de nuestra . Ante las dificultades hay que sentarse, deliberar, argumentar y relatar. Las decisiones se han de adoptar mediante la participación, especialmente de las personas afectadas y sus representantes. Y para decidir con más acierto es fundamental, asimismo, contar con buena información. Pero no ha habido información suficiente, ha faltado participación y se llevan a cabo los ajustes precipitadamente y con escasa transparencia.

Nuestra universidad que invoca la transparencia está obligada a informar mejor. Eso significa que debemos hacer más transparente el portal de transparencia. Por ejemplo completando la información sobre las plantillas con la dedicación docente efectiva. En el caso del personal docente e investigador, haciendo público el plan de ordenación académica con los añadidos correspondientes, donde aparezcamos todos, por áreas, departamentos, centros e institutos de investigación constituiría un material de trabajo esencial. Junto a ello, en el apartado de estudiantes, se debería informar de lo invertido en los últimos años en cada titulación, para que salga de sus aulas un egresado. También sería adecuado mencionar la labor de los institutos de investigación. Asimismo se debería dar cuenta de la Fundación, de los programas de cooperación internacional, los nombramientos de libre designación, la gestión externa, los gastos de prensa, de publicidad, conferencias, cursos, los actos conmemorativos, gastos de representación, dietas, viajes, obras ….. y así sucesivamente. Ofreciendo información más detallada, lo que hace el equipo de gobierno es cumplir con el compromiso de transparencia contraído ante la comunidad universitaria y eliminar toda sospecha de arbitrariedad. Porque como bien sostenía el profesor Miguel Ángel Collado cuando era candidato a rector: “un contexto de falta de transparencia es propicio para que proliferen sospechas de trato de favor, mala gestión, arbitrariedad, improvisación o uso indebido de los recursos que no benefician a nuestra institución y siembran la duda sobre todo tipo de actuaciones”.

En conclusión, precisamos más transparencia, lo que quiere decir contar con una información mejor y más completa, sustentada en evidencias. Y debemos facilitar la participación de los distintos sectores interesados, evitando que el proceso de adopción de decisiones de los órganos de gobierno, trasladen la sensación de que se actúa con arbitrariedad e improvisación. Es fundamental que las decisiones se adopten con prudencia, sobre la base de criterios públicos, acordados previamente, mediante la correspondiente participación y deliberación.

Que el rector y su equipo de gobierno, pidan un apoyo incondicional después de haber amagado con decisiones que afectan a tres titulaciones y suprimido ciento cincuenta asignaturas optativas resulta desconcertante. Lo que quizá hubieran debido hacer es exponer el problema, promover la reflexión y decidir dando participación, en vez de solicitar a posteriori apoyos, ante un modo de proceder precipitado y que se adopta sin evaluar adecuadamente su impacto académico y social.

Quienes en defensa de nuestra Universidad pública criticamos los recortes del anterior gobierno regional, seguimos defendiendo hoy que es indispensable garantizar una financiación plurianual suficiente de la UCLM, para contar con una Universidad pública de calidad. Pero va de suyo que la calidad, en una institución pública como la Universidad, implica más transparencia, deliberación y participación.