El secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, defendió la importancia de desarrollar hasta sus últimas consecuencias las posibilidades que ofrece el mercado único interior, máxime en un momento en el que los estados pueden aportar menos fondos públicos al crecimiento.

Así lo aseguró en rueda de prensa tras presidir la parte del Consejo de Competitividad referida al mercado único interior, que definió como “la joya de la corona” de la UE por su valor estratégico en la construcción de la Unión y para el crecimiento futuro.

Para desarrollarlo “hasta sus últimas consecuencias”, el Consejo se ha centrado hoy en cuatro vertientes: la estrategia económica 2020 -que marcará las políticas europeas de crecimiento hasta ese año-, la directiva de servicios, la agenda digital y la directiva de derechos de los consumidores.

Durante la reunión el ex comisario de Mercado Único Mario Monti presentó los principales elementos del informe que le han encargado para relanzar y profundizar en el mercado único en los próximos años.

Sobre la directiva de servicios, López Garrido aseguró que se trata de “una de las reformas estructurales más importantes de la historia de la UE”, ya que los servicios representan un 60% de la economía total europea, y un tercio de los puestos de trabajo.

Recordó que 20 de los 27 estados miembros ya han adaptado a sus legislaciones nacionales dicha directiva, que busca terminar con las medidas proteccionistas y las cargas administrativas que aún pesan sobre los servicios que empresas de unos países prestan en otros.

Además, durante el Consejo de Competitividad se ha dado un “paso adelante” en la directiva de derechos de los consumidores. La preferencia expresada por los estados miembros ha sido la de una “armonización flexible” y mixta, con derechos básicos que después serían complementados en cada país.

Entre los derechos básicos que se barajan, López Garrido citó la información que deben recibir los consumidores antes de firmar un contrat, o la garantía de devolución de un producto durante 14 días tras su compra en Internet, por teléfono o catálogo.

La presidencia española presentará un texto de consenso ante el grupo de trabajo encargado de la directiva, que previsiblemente se aprobará durante la presidencia de turno belga, en el segundo semestre de 2010.