Los ministros de Justicia de la Unión Europea han analizado hoy la posibilidad de impulsar una mayor coordinación en materia de derecho civil y familiar que permita aunar criterios y facilite la adopción de normas comunitarias en materias como las separaciones y divorcios, y los testamentos y sucesiones.

Además, han analizado los efectos y consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa con el objetivo de que su puesta en marcha se realice de forma coordinada y eficaz y no resulte en un retraso o “atasco” judicial o legislativo en la UE.

Fuera del orden del día previsto para la reunión de hoy, los ministros también han expresado su preocupación por la situación de los niños que han quedado desamparados a consecuencia del terremoto de Haití y su determinación por facilitar su protección.

Así, ha acordado realizar todos los esfuerzos para coordinar una respuesta europea que pase por la aceleración de los trámites de adopción de niños haitianos que ya estuvieran en marcha antes del seismo y por ofrecer una estrecha colaboración con organismos internacionales como Unicef para garantizar la mayor protección de estos menores.

En conferencia de prensa al término de la reunión, que ha tenido lugar en el marco de la reunión informal de ministro de Interior y Justicia que se celebra en Toledo, los ministros han subrayado la existencia de un creciente número de matrimonios mixtos entre ciudadanos de la Unión.

“Tenemos que ser capaces a adoptar normas que regulen las separaciones y divorcios, en especial en lo relativo a los regímenes de visitas transfronterizas de los hijos y al pago de las pensiones de divorcio”, ha apuntado el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño.

También ha destacado la importancia de regular los asuntos de sucesión y testamentos en casos de fallecimiento en países distintos al de la nacionalidad o de la trasmisión de propiedades en otros países de la UE.

En la reunión también se ha abordado la posibilidad de establecer una Orden Europea de Protección de las Víctimas, que es una de las prioridades de la Presidencia española de la UE para la que ya se cuenta con el apoyo de 12 miembros de la Unión.