La falta de agua, una catástrofe cotidiana

Karl Polanyi, maestro de economistas y científicos sociales, cuando analiza el surgimiento del sistema hegemónico de estructuración social que ha llegado a ser el capitalismo, llama la atención sobre las contradicciones y la lucha siempre latente entre los intereses del mercado por fortalecerse y tratar de ampliar al máximo sus posibilidades y los de la sociedad por garantizar instituciones y funciones que permitan la supervivencia de la sociedad y, lógicamente, la del propio mercado. El agua es un elemento, como otros, sujeto a esta dialéctica. Los límites entre lo que se considera agua para la vida, agua para la naturaleza y agua para el mercado son siempre producto de transacciones y de fronteras borrosas.

Asegurar reglas de juego, balizar los territorios y establecer marcas que alerten sobre límites infranqueables son asuntos que el sistema de derechos trata de garantizar, por más que se trate de un sistema frágil, vulnerable y muy sensible a las presiones tanto de las sociedades como del mercado.

La situación de emergencia colectiva en la que vivimos con relación al agua, aunque se trate de una catástrofe cotidiana que peligrosamente se ha normalizado formando parte del estado usual de las cosas del mundo, no puede hacernos olvidar que 1.100 millones de personas, de las cuales el 80% vive en entornos rurales, no tienen acceso a un sistema de agua mejorado que pueda garantizarles, al menos, 20 litros de agua potable al día y que 2.400 millones de seres humanos no disponen de ningún tipo de saneamiento.

Estos datos cobran una siniestra perspectiva ante la constatación de que cada año aproximadamente unos 2.000 millones de personas contraen algún tipo de enfermedad cuya causa está relacionada con el agua. Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), este conjunto de enfermedades lleva a la muerte cada año a unos cinco millones de seres humanos.

En todos los casos, sufrimiento humano evitable en alto grado y para cuya solución, aunque compleja, contamos con los medios tecnológicos necesarios. Como nos ha recordado el Proyecto del Milenio de Naciones Unidas (UN Millennium Project), el acceso de la gente al agua limpia es vital para asegurar la salud y la supervivencia.

Una contradicción de la Sociedad del Bienestar

Desde el punto de vista de la erradicación de la pobreza, objetivo central de la agenda internacional para el desarrollo en el presente, resolver las carencias que con relación al agua existen en amplias áreas del mundo es un vector de notable y trascendental importancia dados los efectos colaterales que tiene sobre otros aspectos críticos que contribuyen a su reducción.

Se ha estudiado el impacto que tiene asegurar permanentemente el acceso a agua limpia para usos domésticos en la liberación de horas de trabajo para las mujeres que ven aumentar el tiempo disponible para otras actividades (educación, tiempo libre, producción…); los aumentos de productividad que se derivan al no haber disminución de horas perdidas por enfermedades causadas por la ingesta de aguas no aptas para el consumo humano al disponer de agua potable; la evolución satisfactoria en peso y talla de los niños para los que beber agua limpia les evita no pocas enfermedades gastrointestinales… Los ejemplos podrían multiplicarse.

Lo grave del asunto es que esta situación paradójica ha sido creada por nosotros. Queriendo ampliar las cotas de bienestar y de desarrollo del género humano, una situación como la descrita, no deja de ser una consecuencia de las dolorosas contradicciones que se generan en el seno de todas las sociedades al pretender que sea el mercado y sus dispositivos el eje que estructura y organiza la vida social, a partir de cierto momento histórico y obedeciendo a la lógica de sus propias dinámicas.

No existe un derecho humano al agua

Si se considera que el ejercicio de los derechos civiles y políticos y la instauración efectiva de mecanismos que hagan posible la puesta en práctica de los derechos económicos, sociales y culturales indican los límites que aseguran una vida humanamente digna, constatamos que, en lo que respecta al agua, la dignidad humana está gravemente quebrantada y damos por hecho que se está vulnerando el derecho humano al agua.

Por paradójico que parezca, hasta la fecha el derecho al agua no existe como un auténtico y expreso Derecho Humano universal. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no lo incluyó explícitamente en el artículo 25 de la Declaración por ser tan obvio en razón de su naturaleza que a los redactores de la misma les pareció innecesario, lo mismo que el aire.

La Declaración Universal, fundamento ulterior de otras declaraciones y la base sobre la que se han ido construyendo y articulando los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que componen la arquitectura institucional del sistema de derechos humanos en el ámbito internacional, señala a este respecto: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”

Los derechos económicos, sociales y culturales suponen una ampliación de los derechos humanos

La reivindicación desde la sociedad de hitos que establezcan reglas de juego que determinen límites infranqueables es más necesaria que nunca y ese papel lo cumplen los derechos.

Los primeros en aparecer fueron los derechos humanos. Una primera delimitación que señaló claramente los ámbitos de autonomía y libertad personal de los individuos frente a los intentos de los Estados por transferirse y dar continuidad al absolutismo y el poder omnímodo que los monarcas habían disfrutado en la sociedad tradicional pre-moderna. Las libertades civiles y políticas serán por tanto la frontera infranqueable de los estados emergentes a finales del siglo XVIII que permitirán el nacimiento de la idea de ciudadanía y la defensa de la dignidad humana inherente a cada persona frente a cualquier ingerencia o arbitrariedad del poder ejercido por los Estados.

Más tarde aparecerá la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Para vivir dignamente, como corresponde a seres humanos, ya no es suficiente que los Estados garanticen pasivamente los derechos y libertades civiles no inmiscuyéndose en esa esfera de la vida que pertenece en exclusiva a los individuos (libertad de religión, libertad de expresión, derecho al voto, derecho a no sufrir malos tratos, etc.). Estos derechos deben ser ampliados. Es lo que se llamó derechos de segunda generación. El Estado, como garante de lo social frente al mercado, deberá intervenir activamente para proteger y salvaguardar el ejercicio de estos derechos económicos, sociales y culturales en las formas concretas en los que se irán plasmando: derecho al alimento, a la vivienda, derecho al trabajo, a la Seguridad Social, acceso a la educación, a la salud, etc.

Instrumentos jurídicos de aplicación internacional

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una gran parte del trabajo del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha consistido en impulsar distintos acuerdos que refuercen de manera vinculante los contenidos de la misma al mayor número de países de modo que los enunciados generales se conviertan en instrumentos jurídicos de aplicación internacional.

El Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, firmados en 1966, son un ejemplo de la lenta transformación de los enunciados generales en obligaciones jurídicas que comprometen a los países que las suscriben. Los países firmantes de estos Pactos, unos 140 en el año 2000, garantizan ciertos derechos humanos a sus ciudadanos y se comprometen a adoptar las medidas que estimen oportunas para asegurar el disfrute de estos derechos.

Manifestación a favor del derecho al agua

En materia de agua, de cara al reconocimiento explícito del derecho humano al agua, es particularmente importante la Observación General nº 15 de la ONU de noviembre de 2002, del Consejo Económico y Social, adoptada en el seno del Comité de derechos económicos, sociales y culturales.

Este documento, sobre la base de un comentario doctrinal amplio y detallado a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, es una manifestación explícita a favor del reconocimiento del derecho al agua y una toma de postura inequívoca de la comunidad internacional a este respecto.

Alcance del derecho al agua

No hay que perder de vista que aunque el derecho al agua esté cada vez más cerca de ser una realidad, abastecer de agua potable y saneamiento a quienes no tienen, requiere de inversiones masivas.

El derecho al agua no implica tener derecho a una cantidad ilimitada de agua ni que ésta sea gratuita. La propia Observación General de la ONU de 2002 define el alcance del derecho al agua: “El derecho al agua consiste en un aprovisionamiento suficiente, físicamente accesible y a un costo asequible, de agua potable y de calidad aceptable para los usos personales y domésticos de la persona. Una cantidad adecuada de agua limpia es necesaria para prevenir la mortalidad debida a la deshidratación y para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades de origen hídrico, así como para el consumo, la preparación de alimentos y la higiene personal de la casa”.

La disponibilidad de agua sobre el Planeta es finita y la accesibilidad de la misma es muy variable en cada región de la Tierra.

Por tanto, la distribución que se haga del agua disponible en cada caso, vendrá determinada por el acuerdo que en una sociedad dada se alcance entre aquella que debe destinarse para asegurar la vida de la gente, la que debe satisfacer los requerimientos del ecosistema en el que esa sociedad se desenvuelve y la que necesita para usos vinculados con la producción para el mercado.

Parece razonable pensar que el derecho al agua estaría vinculado a la satisfacción de los requerimientos mínimos de una persona con relación a este elemento esencial para la vida. La forma concreta en la que se resuelva efectivamente el disfrute del derecho, dependerá de cada sociedad.

Un primer paso para cambiar enfoques políticos

Los derechos civiles y políticos de los individuos y las responsabilidades que adoptan los Estados con sus ciudadanos al asumir la protección y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, son los pilares sobre los que se ha construido la sociedad moderna.

Desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, durante 60 años, los procesos de modernización y desarrollo que se han llevado a cabo en el mundo han llevado a que una persona de cada seis de las que pueblan la Tierra vea negado su derecho a un “nivel de vida adecuado”, por no disponer de agua limpia y en cantidad suficiente para sostener su vida.

Mientras tanto, los derechos del capital privado, la expansión del mercado, han crecido y se ha ampliado en proporciones espectaculares. Seguramente se habrá creado más riqueza y se habrán resuelto carencias seculares, pero los derechos de los pobres están cada vez más ausentes de las agendas políticas.

Reconocer el derecho al agua como derecho humano sería un gran logro en esta dirección. Quizá no sirva para resolver esta emergencia humanitaria ya crónica, pero cambiar el enfoque de la esfera moral y el esfuerzo voluntarista y solidario como método de solución, al ámbito del derecho, la justicia y la responsabilidad política de los gobiernos, sea otro paso imprescindible para fortalecer la sociedad frente al mercado.

El reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano no asegura en absoluto la solución de los problemas, pero probablemente facilitaría que los gobiernos nacionales hicieran un esfuerzo más intenso por resolver las carencias de sus poblaciones. Admitir el derecho humano al agua va más allá de constatar que estamos en presencia de una necesidad básica que puede satisfacerse mediante los mecanismos de mercado. Estamos poniendo un límite a la aplicación en este ámbito de la estricta lógica del mercado y a sus riesgos inherentes. Sin duda alguna, la existencia reconocida de un derecho humano al agua, influiría positivamente en la resolución de los conflictos internacionales que tienen al agua como motivo de disputa.

En lo inmediato, satisfacer las demandas de agua y saneamiento a las que la gente tiene derecho supondría un giro copernicano en las prioridades políticas que en materia de agua establecen los países que afrontan en sus territorios problemas masivos de falta de acceso.

Aunque no son vinculantes, la ONU establece obligaciones en relación al derecho al agua

Las obligaciones fundamentales que la Observación General nº 15 de la ONU de noviembre de 2002, del Consejo Económico y Social, adoptada en el seno del Comité de derechos económicos, sociales y culturales, establece, en su párrafo 35, como obligaciones fundamentales para los Estados relacionadas con el derecho al agua asegurar las siguientes: el acceso a la cantidad de agua potable suficiente para uso personal y doméstico; garantizar el acceso físico al agua y a las instalaciones, que existan suficientes puntos de agua y que estén a distancias razonables de los hogares; que la seguridad de las personas que acceden a las fuentes de agua esté asegurada; elaborar y poner en marcha una estrategia nacional y un plan de acción que permita medir los avances realizados y en cuya elaboración y seguimiento participe la sociedad; controlar en qué grado el derecho al agua se respeta en el territorio nacional; tomar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades relacionadas con el agua…

Aunque las Observaciones generales no son vinculantes en sentido estricto, es decir, no obligan jurídicamente a que los países firmantes del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, deban seguirlas, tampoco es desdeñable el impacto y la influencia que tienen en el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto.