Ana Carretero comienza explicándonos que éste es un tema que “genera un fuerte debate en muchos países” y parte de la base de que “esta ingeniería genética ofrece la oportunidad de detectar, aislar y multiplicar genes específicos para trasladarlos a otro organismo vivo y cambiar determinadas características genéticas hereditarias de un modo en el que no sería posible a través de la reproducción natural”.

Señala que “implantar genes en otro organismo (de la misma o diferente especie) construye un proceso con consecuencias difíciles de prever tanto para el genoma receptor como respecto a su interacción con el medio ambiente”.

“Los alimentos transgénicos están en nuestros platos, fundamentalmente, a través de los productos transformados”

Ana Carretero es clara al advertir que los alimentos transgénicos “están en nuestros platos, fundamentalmente, a través de los productos transformados”. Explica que la comercialización de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) genera preocupación porque “ya se ha traspasado también la frontera entre especies, es decir, se está haciendo experimentación por ejemplo introduciendo un gen de cerdo en una variedad de tomate, o un gen de luciérnaga en una planta de tabaco, o incluso en la zona arrocera del Delta del Ebro se llegó a intentar cultivar un tipo de arroz modificado con dos genes de carácter humano… Todo esto plantea unas consideraciones de tipo ético y, sobre todo, interrogantes y preocupaciones sobre los efectos a largo plazo y la irreversibilidad de posibles consecuencias de tipo medioambiental sobre los ecosistemas y sobre la sostenibilidad”.

Puntualiza sobre la necesidad de distinguir “entre la modificación genética de carácter médico (que es mucho más fácil de aceptar por la sociedad) porque tiene lugar en recintos aislados, en laboratorios, donde puede evitarse la fuga de OMG; y la modificación que se realiza sobre cultivos, plantas o animales y que se libera medioambientalmente, lo que tiene consecuencias imprevistas desde el punto de vista de la biodiversidad”.

Ana Carretero advierte que “los ciudadanos muchas veces no sabemos que estamos consumiendo productos transformados que llevan organismos modificados genéticamente”; concreta que en , si no llegan al 0’9% de producto transformado de traza transgénica, no hay obligación de indicarlo en el etiquetado” y que el problema en el que las asociaciones de consumidores hacen más hincapié es que “el Derecho Comunitario deja al margen del etiquetado los productos derivados de animales alimentados con organismo modificados genéticamente (a pesar de ser ésa la principal vía de entrada de los transgénicos a la cadena alimentaria)”, por lo que considera que el actual sistema de etiquetado de los productos derivados “es totalmente insuficiente, porque la mayor parte de cultivos actuales de OMG se destina no al consumo humano directamente, sino al engorde de animales que luego se van a convertir en alimentos para el consumo humano (y que quedan fuera de la obligación del etiquetado); eso hace que podamos estar consumiendo alimentos que contengan transgénicos sin tener conocimiento de ello, a través de la compra de los productos transformados.

“No existe una legislación específica en daños sobre la salud por el posible consumo de transgénicos a medio y largo plazo”

Desde el punto de vista de la salud, Carretero expone que “todo es más complicado porque, científicamente, no se ha demostrado si esos productos son inocuos, o no son inocuos (o si sería inocuo el consumo de esos alimentos a largo plazo)…”.

Añade que, en el caso de que hubiese daños sobre la salud, el problema fundamental que encontramos es que “no existe legislación especial que contemple este tipo de daños”. Si bien es cierto que, como señala Ana, “hay ya algunos estudios que van analizando las consecuencias a medio y largo plazo del consumo de estos productos”. Alude a uno concreto publicado en mayo de 2011 (elaborado en , Canadá) “donde se demuestra la presencia de diferentes toxinas derivadas de los productos transgénicos en la sangre de mujeres, mujeres embarazadas, y fetos; los resultados son duros porque señalan la presencia de una toxina en un 93% de las muestras de sangre de mujeres embarazadas, en un 80% de la sangre de los fetos, y en un 79% de la sangre de mujeres no embarazadas”, un estudio elaborado quince años después de haberse aprobado la producción de variedades transgénicas.

La desprotección jurídica, por tanto, se basa en “la inexistencia de una legislación específica en daños sobre la salud por el posible consumo de transgénicos a medio y largo plazo”, lo que nos llevaría a acudir a “la ley general de la defensa de consumidores y usuarios por bienes, servicios o productos defectuosos, pero esa ley solo cubre los daños de tipo personal (y, además, dentro de un plazo de tiempo de diez años)”, con lo cual podría darse el caso de que muchas de estos problemas diesen la cara cuando hubiese prescrito.

También apunta al problema de pruebas al que se enfrentan los alimentos y los medicamentos “porque los productos se destruyen precisamente con el consumo, desapareciendo cuando son ingeridos y causando el daño un periodo de tiempo después”.

Tampoco existe normativa en el ámbito europeo

Ana Carretero nos explica que este tipo de problemáticas no se circunscribe a España, sino que “la propia Unión Europea no tiene normas de responsabilidad obligatorias en este campo; deja el tema en manos de los Estados miembro, de modo que no hay normativa específica en el marco de la UE (y tampoco en materia medioambiental)”.

Y, precisamente en lo medioambiental, también existen importantes consecuencias que no son tenidas en cuenta y que están originando, por ejemplo, “filtraciones de OMG a las aguas subterráneas, o que hayan surgido nuevas plagas resistentes a los cultivos, o que se afecte a especies que son muy beneficiosas (como pueden ser las abejas, que son fundamentales para la polinización) originando un mayor incremento de las alergias…”.

Pero este tipo de daños medioambientales queda también fuera del marco normativo europeo, al considerarse “actividades autorizadas que, además, suponen innovación tecnológica (en la que se parte de que el ‘riesgo cero’ nunca existe)”.

“Hay una serie de multinacionales que ahora mismo controlan el 80% de la alimentación mundial, y eso es un grupo de presión muy fuerte”

Ana Carretero señala que “hay una serie de multinacionales que ahora mismo controlan el 80% de la alimentación mundial, y eso es un grupo de presión muy fuerte; de modo que la lucha que llevamos con el tema del etiquetado es un caballo de batalla importantísimo”.

Al hilo de esto, señala como ejemplo que “Estados Unidos parte de la idea de que los productos modificados genéticamente no tienen ninguna diferencia con los productos de tipo natural, entonces ellos no etiquetan”.

Distintas asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra o ya han elaborado listados de productos (por ejemplo, en el caso concreto de Greenpeace, la ‘Guía roja y verde de alimentos transgénicos’). En la lista verde se encuentran aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado que no utilizan transgénicos ni sus derivados en sus ingredientes o aditivos. En la roja, los contrarios… A pesar de este tipo de guías, la desinformación en torno a esta cuestión entre la ciudadanía es grande. “El consumidor tiene derecho a saber qué está comiendo y a decidir libremente si apuesta por alimentos de la agricultura convencional, de la agricultura ecológica o de la agricultura transgénica; si el consumidor no tiene esa información (y en eso, los medios de comunicación tenéis una misión importantísima) es verdad que puede estar consumiendo alimentos transgénicos sin saberlo o incluso sin quererlo”.

Carretero explica que en la UCLM existe el donde se analiza el nivel de información que hay de cara a los consumidores en distintos ámbitos, y que “en materia de transgénicos, la gente ni siquiera sabe dónde se realizan en España los cultivos de tipo experimental, y España acoge el 42% de la experimentación de cultivos que se hace en la UE, y no están identificadas las parcelas ni las fincas en las que se llevan a cabo ese tipo de cultivos experimentales (a pesar de que hay obligación normativa por parte de la Unión Europea de que se hagan registros públicos y que se conozca dónde se desarrollan tanto los cultivos transgénicos autorizados como los experimentales, con el fin de poder hacer el seguimiento sobre los posibles impactos de tipo medioambiental)”.

Indica que tampoco hay ningún tipo de control con respecto a “qué distancias de seguridad tienen que guardarse con los núcleos de población, las reservas naturales o los espacios ecológicos protegidos; en este sentido, hay lagunas muy grandes”, al igual que apunta al problema con las aseguradores que “no quieren asegurar los posibles daños que se puedan derivar del tema de los transgénicos, ni en el plano de la salud ni en el medioambiental, ni tampoco en el económico”.

Los agricultores ecológicos, desprotegidos

Pone el ejemplo de “un agricultor que hace agricultura ecológica, que sufre contaminación aérea de semillas transgénicas y que, por tanto, pierde su certificación ecológica: eso le supone pérdidas económicas (porque va a tener que vender su cosecha a un precio muy inferior del que tenía previsto); va a tener un desprestigio frente a los clientes que le compran esa producción; va a perder las subvenciones que pueda tener por producción ecológica procedentes de la PAC; va a tener que gastar dinero en solicitar permiso a las autoridades comunitarias para comercializar esa producción como transgénica; va a tener que modificar su etiquetado… Todo eso son costes económicos”.

Unos costes a los que Ana Carretero suma que “para colmo, ese agricultor ecológico que ha sido contaminado, puede tener que pagar (por infracción de los derechos de propiedad industrial) a las casas que venden las semillas porque, cuando un titular de una explotación comprueba que existe material genético protegido en su explotación debe hacer dos cosas: proceder a eliminarlo limpiando su suelo, u obtener una licencia del titular de la patente o de la obtención vegetal… En ese sentido, los agricultores ecológicos también están desprotegidos porque sufren los daños y las casas propietarias de esas semillas no tienen obligación de indemnizarlos tal y como está la legislación en este momento”.

“No sólo estamos produciendo más de lo que necesitamos, sino que nos permitimos el lujo de, habiendo casi 1.000 millones de personas que pasan hambre y en riesgo de malnutrición, desperdiciar y despilfarrar alimentos”

Como idea básica de esta conferencia del Ateneo, Ana desea trasladar una información que considera que la sociedad debe conocer para que, de ahí, “surja una reflexión y un debate en el que nos planteemos algunas cuestiones sobre el sistema de producción alimentario que tenemos en estos momentos”.

Apunta que “muchas veces se dice que la agricultura transgénica va a solucionar el problema del hambre en el mundo y, sin embargo, actualmente estamos produciendo un 150% por encima de las necesidades de la población (según datos de la propia FAO), luego no es un problema de que tenemos que tener mayor producción, sino que es un problema de distribución de esos alimentos”.

También subraya que “la y también la FAO ponen de manifiesto que, de todo lo que se produce de alimentos a nivel mundial, un tercio termina en la basura o en vertederos; por lo tanto, no sólo estamos produciendo más de lo que necesitamos, sino que nos permitimos el lujo de, habiendo casi 1.000 millones de personas que pasan hambre y en riesgo de malnutrición, desperdiciar y despilfarrar alimentos”.

Datos y reflexiones que, como concluye, “nos pueden ser muy útiles para, como sociedad y como ciudadanos, pensar sobre otras cuestiones de fondo en torno a cómo estamos organizando nuestros modelos productivos y cuáles son las distorsiones que generan”.

Si lo desean, les invitamos a escuchar al completo esta conversación con Ana Carretero, vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social de la UCLM (donde es, además, profesora titular de Derecho Civil), en torno a los alimentos transgénicos. Pueden hacerlo mediante el archivo de audio que acompaña a este resumen por escrito de la misma.