Instrumento de mejora de la Administración

Cuando los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas que nacieron de la Constitución alcanzaron su mayoría de edad, hubo una primera modificación estatutaria para incrementar el número de competencias.

Así, a partir de 1987 se produjo en cascada un aluvión de Proposiciones de Ley con las que el fue transfiriendo competencias que en sus Estatutos de Autonomía originarios no tenían las Comunidades Autónomas, muchas de ellas de importancia capital como son las transferencias de Educación y Sanidad.

Con este proceso fue aumentando de tal manera el volumen de competencias que hoy gestiona la que hizo necesaria la creación de un agente externo a la Administración, pero al mismo tiempo cercano al territorio, que fuera capaz de velar por el fiel cumplimiento de las funciones de la Administración Autonómica.

Por ello, en diciembre de 2001 las Cortes regionales aprobaron la Ley del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, como garantía en cuanto a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, tanto individuales como colectivas.

Para José Manuel Martínez Cenzano, Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, la mejora que ha supuesto la existencia de los Defensores del Pueblo Autonómicos en la calidad de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos no se debe tanto a que haya más Defensores del Pueblo en lugar de un solo Defensor del Pueblo de España, sino a que “el nivel de incremento en la protección de los derechos fundamentales dimana sobre todo de la proximidad y del hecho de que las oficinas de los Defensores del Pueblo instaladas en las Comunidades Autónomas conocen mejor el ámbito territorial y las flaquezas de sus Administraciones”, estima Martínez Cenzano.

La primera Defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino Soldevilla, realizó un plan de difusión de las competencias de la Institución, presentándose ante los 915 municipios que conforman nuestra Región y estableciendo una línea fluida de contacto y colaboración con el fin de garantizar un mayor servicio a los ciudadanos. Igualmente, Henar Merino tomó contacto con asociaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales y en general con agrupaciones que trabajan en defensa de colectivos.

En un territorio tan amplio y difuso como el castellano-manchego y dado el esfuerzo, tanto presupuestario como humano, realizado desde los ayuntamientos y el Gobierno regional por acercar los servicios a los ciudadanos, especialmente a aquellas poblaciones con menor densidad de población, José Manuel Martínez Cenzano cree necesario mantener esa labor de difusión permanente de la Institución en Castilla-La Mancha.

Búsqueda de la felicidad de todos los ciudadanos

Un requisito fundamental del trabajo de los Defensores del Pueblo es el ejercicio de sus funciones con absoluta independencia y objetividad, para lo cual José Manuel Martínez Cenzano ha prescindido voluntariamente de su militancia activa en el Partido Socialista, con el que se ha identificado de manera expresa durante los últimos 25 años y en el que ha desempeñando importantes cargos políticos, tanto en el Gobierno regional como en Cuenca, su ciudad natal.

Con un conocimiento exhaustivo de la política territorial, José Manuel Martínez Cenzano asume las competencias de Defensor del Pueblo como un nuevo reto profesional en el que, unido a un importante grupo humano muy bien formado, destaca su compromiso con la realidad social y el tiempo que le ha tocado vivir y su firme creencia en el postulado kantiano de que lo mejor que puede hacer una Administración es una propuesta de felicidad para las personas, con todo lo que ello comporta, deseando así servir de instrumento en la mejora de la calidad de vida de las personas.

El Defensor ha entrado en la Institución desarrollando sus actividades en un proceso gradual en el que, partiendo del aprendizaje y analizando las circunstancias, irá programando una serie de iniciativas para gestionar los proyectos y llevarlos a buen fin siempre pensando en la mejora de la calidad democrática de las instituciones y en la mejora de la calidad de los servicios que se prestan en beneficio de la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas.

José Manuel Martínez Cenzano muestra una gran satisfacción por la acogida recibida por parte de la Institución, donde “he dispuesto de 28 maestros que me han estado trasmitiendo cómo ha funcionado la Casa, su nivel de implicación y compromiso, así como cuáles son sus debilidades y fortalezas, de manera que tengo un conocimiento amplio de lo que es la Institución y de lo que han sido sus primeros cinco años de gestión de la mano de la ciudadana Merino”, agradece, para añadir que, si bien nunca se deja de aprender, cree encontrarse en el final de la primera fase del proceso, el aprendizaje y conocimiento, empezando así el tramo de proponer iniciativas.

El Defensor tiene el propósito de que la Institución sea algo más que un buzón de quejas

José Manuel Martínez Cenzano tomó posesión de su nuevo cargo con el propósito de que “la no sea simplemente un buzón para las quejas de aquellos que se sienten agraviados, vejados o afectados en sus derechos fundamentales en el trato con las Administraciones”, asegura.

Desde el convencimiento de que la Ley da competencia al Defensor del Pueblo para formar parte del entramado institucional de Castilla-La Mancha con el fin de que la gente viva más feliz, “nuestra propuesta no es solo una propuesta en términos negativos de llamarle la atención a un Ayuntamiento o a una Consejería que, a juicio de alguna persona que ha tenido relación con ellos, no ha cumplido adecuadamente con algunos de los estándares de calidad que se supone que las leyes establecen en la adopción de los servicios públicos, sino que nosotros queremos tener también nuestra propia iniciativa para indagar, reflexionar y abrir el campo de cooperación y la colaboración interinstitucional, formulando informes que se trasladen al Parlamento para su análisis y evaluación” proyecta.

Para ello, el Defensor del Pueblo se propone detectar las debilidades de los recursos asistenciales de la Administración para el desarrollo de la vida y de la convivencia -protección de los menores, integración de discapacitados, atención de los mayores, recursos sanitarios, bienestar social, mejora del medio ambiente, etc.- y transmitir informes en los que se apunten las debilidades detectadas, sugiriendo mecanismos y recursos en los cuales se encuentren claves para mantener y mejorar la calidad de vida.

La inmigración, una cuestión de solidaridad

Ante el fenómeno de la inmigración, Martínez Cenzano desaprueba la concepción del inmigrante excesivamente utilitaria que se emplea a menudo: “La concepción del emigrante como un elemento más del sistema productivo antepone su condición de herramienta a su condición de persona”, observa.

Precisamente en nuestro país hemos tenido una buena escuela en la que aprender, prosigue el Defensor, poniendo como ejemplo la gran cantidad de españoles que poblaron Cuba, Argentina y Venezuela o los que se fueron a Suiza, Alemania y Francia: “De todos ellos deberíamos haber aprendido qué cosas no podemos hacer por humanidad y qué cosas debemos hacer por economía”, plantea, aclarando que una de las cosas que debemos hacer por economía es establecer algún tipo de estudio que nos permita determinar en qué condiciones podemos asumir un determinado contingente de personas que vienen para vivir con nosotros huyendo de la miseria que propone su no vida en otros lugares, lo que plantea un problema de solidaridad internacional, ya que lo que motiva al inmigrante a dejar su tierra no es una mejora de calidad de vida, sino “una garantía de subsistencia”, matiza, proponiendo la igualdad, tanto de derechos como de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de concocimiento y reflexión sobre la realidad profunda que se vive en otros lugares.

El largo camino hacia la igualdad

En la Oficina del Defensor del Pueblo se tramitan denuncias que afectan a la discriminación de la mujer, un hecho que bajo el punto de vista de Martínez Cenzano responde a que nuestra democracia nació en un sistema patriarcal, en muchas ocasiones machista, y profundamente desigual, que respondía básicamente a un concepto educativo, por lo que el Defensor tiene depositada su confianza en la educación para la consecución de una sociedad más igualitaria.

Partiendo del principio de que los grandes retos proponen largos recorridos, Marínez Cenzano cree que lo importante en este camino hacia la igualdad es el enriquecimiento que hemos ido experimentando, ya que cada paso que se ha dado “ha consolidado un derecho nuevo a ser iguales”, celebra, para señalar que en este sentido “España, y Castilla-La Mancha en particular, están en el buen camino”, significa.

Bajo el punto de vista del Defensor, “una sociedad machista prescinde para la consecución de sus objetivos de la mitad de la energía en todos los sentidos, fuerza, inteligencia, sensibilidad, etc., que equivale a prescindir de la mitad de la humanidad, lo que nos ha retrasado”, apunta, incidiendo en que educar para la vida en igualdad no es solo una propuesta de carácter utilitario sino que también responde a la propuesta de máximos de felicidad: “Igual que es más feliz una tribu que siente la satisfacción del deber cumplido, un grupo humano que se siente satisfecho consigo mismo por practicar el derecho a ser iguales propone un escenario de felicidad más accesible”, teoriza el Defensor.

Educación en valores

Desde el punto de vista legal, la Administración ha establecido consejos en los centros escolares que permiten la participación activa de padres, madres y alumnos en la materialización de los idearios educativos.

Martínez Cenzano considera que la creación de estos instrumentos de relación ha sido fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza, permitiendo así a los progenitores que puedan cumplir con su deber como padres y madres en la educación de sus hijos, ya que, en su opinión, no se debe interpretar que enviar a los hijos al colegio consiste en firmar un papel de delegación de funciones.

En este sentido, el Defensor destaca la importancia de las políticas activas que favorezcan la concialiación de la vida laboral con la vida familiar, de manera que “los hijos tengan siempre un referente psicológico, eduacativo y afectivo en el que fijarse y en el que aprender, que además les tutele”, prioriza, considerando que en este aspecto nos encontramos hoy en día en lo que se podría denominar una segunda o tercera generación de derechos.

Por otra parte, continúa, el ser humano necesita relacionarse con el espacio físico y social que habita, por lo cual las propuestas para vivir en comunidad deben ir más allá del interés personal, ya que las cuestiones personales enrocan al individuo y lo aislan de un medio en el que necesita vivir. Por ello, se está realizando un intento muy serio desde el currículo educativo para que “los más jóvenes de la comunidad se formen en aquellos valores constitucionales que están en la base de lo que tiene que ser la propuesta ética de un pueblo: el respeto, las normas para la convivencia, la aceptación de las diferencias, que no de las desigualdades, y, por supuesto, el conocimiento de que precisamente por ser diferentes tenemos el derecho a no ser desiguales”, defiende.

La Ley de Dependencia, soporte para la igualdad

La aprobación de la Ley de Dependencia condujo a la garantía de un nuevo derecho, reconocido como derecho universal y un logro que ha sido denominado el Cuarto Pilar del .

Para José Manuel Martínez Cenzano, la Ley de Dependencia no solo garantiza un instrumento para igualarse a todos los que tienen algún nivel de discapacidad, bien sea de nacimiento, por ancianidad o devenidas por algún accidente o enfermedad, sino que además a las personas que han estado cuidándolos de manera altruista se les reconoce la condición de trabajadores del Estado de Bienestar.

Por esta dualidad, el Defensor no duda en afirmar que se trata de “una Ley magnífica que, cuando elimine los primeros obstáculos de su nacimiento y alcance su velocidad de crucero, propondrá un escenario de igualdad inimaginable hace un lustro, puesto que no se puede obviar que con carácter habitual han sido las mujeres las que mayoritariamente se han ocupado en el ámbito doméstico de atender esas necesidades que plantea la dependencia”, encomia, para subrayar que esta Ley es también un soporte para la igualdad.

El albaceteño palacete conocido como alberga la sede del Defensor del Pueblo

La sede del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha está instalada en un antiguo palacete del siglo XVIII, situado en la calle Feria de Albacete y conocido con el nombre de Casa Perona.

Este edificio se construyó según un proyecto de 1783, por lo que debió levantarse en el último tercio del siglo XVIII, y ha sufrido varias transformaciones hasta su última rehabilitación realizada por las Cortes de Castilla-La Mancha para albergar la sede del Defensor del Pueblo.

Lo más característico del edificio es su espléndida cúpula de influencia levantina que da luz a la escalera interior que comunica las dos plantas. La cúpula está cubierta de teja vidriada en colores blanco y azul y rematada por una linterna coronada por una veleta.

La fachada principal, de armónicas proporciones y austera concepción, con rosetas en las ventanas, está rematada por saliente cornisa.

La portada, centrada, de sencillo diseño, está constituida por un rectángulo de piedra que se desarrolla en vertical a lo alto de casi la totalidad del alzado de la fachada y se compone de dos cuerpos. El primero, liso y al que se abre la adintelada doble puerta de entrada, está separado del superior por un entablamento con friso decorado por rosetas y cornisa, sobre la que se apoya un balcón que tiene a los lados sendos escudos heráldicos sobre pedestales. Una moldura recta remata el conjunto.