Partimos en esta entrevista de uno de los asuntos que más preocupa en el conjunto del CERMI a nivel nacional y que nosotros aprovechamos para abordar precisamente con nuestros representantes del propio Comité a nivel regional: (la presidenta) y (el director general).

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas afirma que España “segrega” y “excluye” a los alumnos con discapacidad, principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advierte de las “graves violaciones sistemáticas” del derecho a la educación de este colectivo.

Para este organismo, el Estado español vulnera el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación al mantener estructuras y dispositivos “discriminatorios y segregadores”, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España hace más de una década.

En concreto, el Comité observa que “no existe una noción clara de lo que es el interés superior del niño” en materia de educación inclusiva y apunta que la justificación médica de la discapacidad es la más común, de manera que las administraciones educativas siguen considerando que este interés superior del menor con discapacidad es acceder a una “educación especializada en centros especiales”.

José Antonio Romero: “La normativa estatal no ha cambiado su lenguaje, no se ha adaptado a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación”

A partir de esta realidad, José Antonio enmarca todo esto en un contexto que comienza en 2006 con la aprobación en Naciones Unidas de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en 2008 España aprobó un protocolo facultativo que posibilita que la pueda investigar y hacer un seguimiento para comprobar cómo se hace la transposición de esta Convención a nuestra normativa; así se ha detectado esa vulneración del artículo 24, fruto de que esa transposición que se tuvo que ir haciendo en estos años (crisis económica incluida) “no se ha hecho adecuadamente”, porque lo que dice la convención es que “sólo puede haber un sistema educativo, y es el máximo de inclusión posible; lo que se pretende es que haya un mismo centro para todas las personas (con los apoyos que sean necesarios y pertinentes para que esas personas con discapacidad estén atendidas adecuadamente y de forma digna)”, lo que derivaría en que dejen de existir los denominados Centros de Educación Especial.

Pero éste es un camino lento que precisa de recursos y de apoyos, y “la normativa estatal no ha cambiado su lenguaje, no se ha adaptado a la Convención, de modo que seguimos teniendo, por un lado, el sistema ordinario escolar (donde están escolarizados chicos y chicas con todo tipo de discapacidades) y, por otro lado, el especial, que sigue persistiendo; hacia lo que hay que tender es hacia la transformación de esos Centros para que pasen a ser Centros de referencia, Centros de recursos, con profesionales que llevan una trayectoria enorme de apoyo a personas con discapacidad pero trabajando en el entorno ordinario, con los recursos que se necesiten”, subraya.

Cristina Gómez subraya de todo esto que “el informe es contundente y refleja la realidad del sistema educativo español, que adolece de muchos problemas y de muchas lagunas (no sólo para los alumnos con discapacidad, sino para todos en general); la LOE y la LOMCE no son precisamente unas leyes que integren o que atiendan a la diversidad, y en esa segregación están los alumnos con discapacidad (especialmente, los alumnos con discapacidad intelectual)”.

Afirma que se intenta solucionar “a base de parches” desde las CC.AA. que son las que tienen las competencias educativas, pero es el Estado quien ha de definir un marco legislativo general en el que moverse para avanzar a esa inclusión de los alumnos y alumnas con discapacidad. Cristina incide especialmente en uno de los grandes problemas con los que se encuentran estos chicos y chicas: “En el momento en que tienen adaptación curricular, no titulan; es decir, estamos invirtiendo recursos humanos, materiales, de adaptaciones curriculares, etc. para que los alumnos con discapacidad puedan estar en el entorno educativo ordinario para luego no titular, para no sacar nada del sistema educativo”, explica.

Cristina Gómez: “Que haya Centros de Educación Especial no quiere decir que salga más barato que el tener los apoyos necesarios en el entorno ordinario”

“No podemos seguir teniendo un sistema en el que, fundamentalmente chicos y chicas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, se pasan 18 años de su vida formándose (con los sacrificios que eso conlleva) para que, cuando se dan adaptaciones curriculares, no puedan titular… ¿para qué sirve este sistema? Quizá hay que plantearse que hay que romper de base: la LOE y la LOMCE, tal cual están, no nos sirven, y la E.S.O. nos está demostrando que no es un sistema que haya funcionado bien y que habrá que superar… quizá hay que hacerlo y volver a un entorno (como en el resto de países de Europa) donde cualquier chico o chica, independientemente de que tenga discapacidad o no, con 16 años (cuando acaba la etapa obligatoria) tenga una titulación básica; muchos de nuestros chichos y nuestras chicas, con 16 años, no salen con una titulación básica, entonces ¿cómo podemos afrontar procesos de inclusión laboral…?”, relata.

“Para terminar esos estudios estos chicos y chicas han hecho un sobreesfuerzo muy importante, han cumplido los objetivos que les han marcado, pero como no llegan a los estándares estipulados por la ley… pues no titulan, y ¿dónde se ha quedado ese esfuerzo?”, añade Cristina.

Tras esa etapa obligatoria educativa, se abre para muchas de estas personas “un limbo” que en la mayoría de los casos les impide seguir formándose (porque carecen de una titulación básica que se lo permita). Sólo les quedan algunos Certificados de Profesionalidad (en los que nuestros invitados nos cuentan que “Castilla-La Mancha ha sido pionera estableciendo un sistema de programas específicos de Formación Profesional que capacitan para que aquellos chicas y chicas que titulen esa formación post-secundaria, puedan tener un Certificado de Profesionalidad de nivel 1”); pero José Antonio señala que, viendo las estadísticas, donde realmente se comprueba un brusco descenso es “en Bachillerato, en Ciclos de Formación Profesional y, mucho más todavía, en la Universidad (que aún no es todo lo accesible que debería ser)”.

Cuestiones que, a la larga, hacen muy complicado el verdadero acceso al empleo de las personas con discapacidad, por lo que demandan que se busquen sistemas alternativos que verdaderamente recompensen el tremendo esfuerzo que hacen estos chicos y chicas por superarse día tras día.

Cristina señala que es cuestión de “optimizar recursos, hacer una estrategia para ello; que haya Centros de Educación Especial no quiere decir que salga más barato que el tener los apoyos necesarios en el entorno ordinario (que es donde deben estar todos los alumnos)”, algo que aún no se está sucediendo porque no se ha producido ese tránsito del que ambos hablan. También la presidenta del CERMI regional subraya que sería conveniente igualmente convertir a las familias en agentes de transformación del sistema y suscitar un cambio en la actitud de muchas de ellas, que en demasiadas ocasiones “han tenido muy malas experiencias en el sistema educativo general, por lo que no quieren no oír hablar de tener a sus hijos con discapacidad en el entorno ordinario porque no les ha ido nada bien… porque no tenía las suficientes herramientas para atender esto convenientemente”. Un objetivo en el que considera vital disminuir los ratios de alumnos en clase, sobre todo en Infantil, y dotar los Centros de los apoyos necesarios y de la formación específica a los docentes que sea precisa.

Tanto José Antonio como Cristina inciden también en que es necesario “abrir la escuela, porque carecemos de esa cultura en nuestro país, donde tenemos un sistema educativo bastante cerrado; curiosamente donde se suelen ver experiencias mucho más inclusivas y más abiertas es en Centros Rurales Agrupados, donde se trabaja con poquitos alumnos y hay plena inclusión y actividades extraescolares en el entorno en las que participan incluso los Ayuntamientos”, comenta la presidenta del CERMI de C-LM.

José Antonio Romero: “Estamos trabajando en un Pacto por la Educación a nivel de Castilla-La Mancha que creo que puede ser un modelo muy interesante que sirva para el nacional”

Cristina nos cuenta que pronto en nuestra región va a salir el nuevo Educativa: “La Consejería está ya ultimando los detalles, está en periodo de información pública y ahora se ha remitido al ; es una manera de intentar plasmar ese mandato de la Convención y todo eso de lo que hablábamos”, explica.

“Sí que estamos dando pasos a dejar atrás las diferenciaciones; además, ha sido muy debatido y muy trabajado con nuestras organizaciones” añade José Antonio, que aprovecha para poner en valor (y animar a fomentar) el trabajo que se hace en los Consejos Escolares, especialmente, en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, del que cuenta que “hace un trabajo espléndido en cuanto a informes, dictámenes, elaboración de normas, supervisión… es el máximo órgano de participación que tenemos en la región y no se suele conocer muchas veces”; no obstante, lamenta percibir “un déficit de participación juvenil en cuanto a alumnado”, participación que cree conveniente y necesario incentivar, sobre todo, porque “no podemos tomar decisiones sobre ellos sin contar con ellos, es nuestro lema en discapacidad”, recuerda.

José Antonio augura que “quizá este Decreto sea una fase intermedia con la esperanza de que pudiésemos llegar a un Pacto por la Educación a nivel estatal; estamos trabajando en un Pacto por la Educación a nivel de Castilla-La Mancha que creo que puede ser un modelo muy interesante que sirva para el nacional; pero ese Pacto Estatal tiene que llevar aparejada una transformación normativa hacia la Convención de la ONU (además de, lógicamente, los recursos necesarios)”.

También Cristina alaba que nuestra región haya sido la única en la que, hasta el momento, las pruebas de evaluación (que se realizan en 3º de Primaria y 4º de E.S.O.) se hayan hecho accesibles a los alumnos con discapacidad gracias a la colaboración que han aportado las entidades del CERMI de Castilla-La Mancha: “Es muy buena práctica y la verdad es que hemos sido la única Comunidad Autónoma que lo ha hecho”, explica.

Cristina Gómez: “En el momento en que a una persona le quitas la capacidad jurídica, la estás vaciando de voluntad y, entre otras cosas, pierde incluso el derecho al sufragio…”

Fuera ya del ámbito educativo, el con Discapacidad de Castilla-La Mancha viene incidiendo también en la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de apoyos en la toma de decisiones de las personas con discapacidad que así lo requieran, dejando atrás definitivamente el modelo basado en la modificación de la capacidad jurídica, que desprovee a las personas de poder tomar sus propias decisiones.

“También el ha pegado un buen repaso a España en este sentido porque en el momento en que a una persona le quitas la capacidad jurídica, la estás vaciando de voluntad y, entre otras cosas, pierde incluso el derecho al sufragio y no pueden votar, directamente; y lo que se debe hacer es establecer un sistema de apoyos para que esa persona pueda tomar sus decisiones en función de su capacidad, incluso aunque no tenga lenguaje o su lenguaje no sea el convencional y se comunique de una forma diferente; todas las personas, tengan el tipo de discapacidad que tengan, deben tener la posibilidad de decir qué quieren hacer con su vida y hay que darles apoyo para que así puedan hacerlo”, señala la presidenta del CERMI castellano-manchego.

El problema es muy profundo y nos pone varios ejemplos que así lo demuestran: “Está habiendo esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad a las que se les quita el derecho a ser madres sin contar con su voluntad, además, en tipo de discapacidades que te llevan a preguntarte cómo puede ser que a una chica sorda se le diga que no sea madre… hay cosas muy fuertes con todo esto que siguen ocurriendo”.

Afirma que se les niega la capacidad de “decidir con quién quieren vivir el día de mañana, y cómo quieren vivir, cómo quiere desarrollar su vida, su ocio, su tiempo… Si a la persona le quitas el poder de decisión sobre su propia existencia, la estás vaciando de capacidad para tomar sus decisiones”.

José Antonio explica que esto se relaciona con el artículo 12 de esa Convención de la ONU de la que vienen dándonos detalles en esta conversación. “Hasta ahora el modelo tradicional venía basándose en el mayor interés del menor o de la persona incapacitada judicialmente (ahora se llama que tiene modificada la capacidad de obrar); esto suponía que se confundía la ‘capacidad mental’ de una persona con su capacidad jurídica y, si tenía problemas de salud mental o discapacidad intelectual, automáticamente el sistema lo que hacía era buscar un elemento de protección (no sabemos muy bien hacia quién) por el cual se la incapacitaba judicialmente, se modificaba su capacidad de obrar”.

Y la Convención lo que viene a decir es que, en lugar de modificar o quitar la capacidad de obrar a la persona, “lo que hay que hacer es sustituir ese sistema de incapacitación por un sistema de apoyos para la toma de decisiones, también a nivel jurídico, para que pueda firmar un contrato, pueda ir a votar, pueda decidir sobre cómo y con quién quiere vivir, cómo quiere ser atendida… hay que facilitarle también el acceso a la justicia (que es el siguiente artículo, el número 13, de la Convención), es decir, una serie de derechos sobre los que ya en 2011 se nos daba un toque porque está sucediendo que se produce la ‘muerte civil’ (entre comillas) de esas personas, desaparecen civilmente”.

Tal y como apunta José Antonio, “tenemos 80.000 personas en España que, hoy por hoy, con este sistema no pueden votar (según nuestra ley orgánica de ), y ése es un sistema que hay que cambiar, ¿por qué no pueden votar esas 80.000 personas? Pues porque tienen una sentencia que las incapacita judicialmente…”.

Ésta realidad hila muy íntimamente con la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad que, el pasado 24 de mayo, se aprobaba (con unanimidad por parte de todos los grupos políticos) en nuestras Cortes regionales. El mismo día en que realizábamos esta entrevista (6 de junio) esta ley se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y, en un mes, entrará en vigor. Ahora se abre un plazo de “nueve meses para que se desarrolle el Decreto y se organice el sistema”.

José Antonio apunta que “en esta ley se establece una figura novedosa que es el Plan de Futuro (que puede tener un paralelismo con la Declaración de Voluntades Anticipadas que ya existe a nivel sanitario)”.

Así, “cuando la persona con discapacidad y su familia se planteen (una vez que esté desarrollada esta ley) sentarse con la figura de un mediador o mediadora (que es la persona que les va a informar de cuáles son los recursos que tienen a su alcance en Castilla-La Mancha, a nivel residencial, de apoyos en ocio, en tiempo libre, en formación, en empleo, etc.), pueden decidir qué quiere hacer esta persona cuando su entorno más cercano (en este caso, su familia), no esté; se trata de que la persona deje por escrito (que lo deje ella, porque lo importante es tener en cuenta la voluntad de la persona) y que se garantice”.

Así, ese Plan de Futuro va a ir a un Registro Público, y “va a ser eficaz porque va a ser tenido en cuenta por los profesionales que trabajen con esa persona (como dice el artículo 16 de esta ley) y porque, además, lo tiene que tener en cuenta la Administración”.

José Antonio nos cuenta que “paralelamente, estamos en un proceso (o se inició, ahora no sabemos dónde estamos) de modificación estatal del Código Civil, porque gran parte de lo que estamos hablando con respecto al sistema de apoyos (para evitar esas incapacitaciones judiciales, etc.) pasa por la modificación del Código Civil y por la adaptación de éste a la Convención”.

Esto será vital para que esas personas que actualmente tienen modificada su capacidad de obrar, puedan tener la posibilidad de ser ellas mismas las que dejen por escrito ese Plan de Futuro que incluye esta ley regional; hasta entonces, pueden hacerlo igualmente aunque a través de sus tutores o tutoras (o de las entidades que tienen su tutela).

José Antonio Romero sobre la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad: “Alguien tiene que dar el primer paso y me siento orgulloso de que Castilla-La Mancha haya sido quien haya dado ese primer paso en nuestro país

La Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha ha sido absolutamente pionera en nuestro país. Además, se trata de un texto que conocen perfectamente bien en el CERMI regional porque, de hecho, el informe que se elaboró para la exposición de motivos de esta ley y que supuso su base, se lo encargaron a ellos y lo realizó el propio José Antonio Romero (junto a su compañera de la ).

“Ha sido una ley muy trabajada –explica José Antonio-; nos reunimos por primera vez hace dos años con la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y representantes de algunas de nuestras entidades, y luego hemos estado un equipo director (de cuatro o cinco personas) elaborando el informe, viendo un poco a nivel internacional cómo se trabajaba todo esto…”.

“Alguien tiene que dar el primer paso y me siento orgulloso de que Castilla-La Mancha haya sido quien haya dado ese primer paso en nuestro país; de hecho, un compañero nuestro del CERMI estatal comentaba la semana pasada en esta ley poniéndola en valor, y sabemos que ha generado expectativas en otros países; vamos abriendo camino”, nos cuenta.

El director gerente del CERMI regional pone en valor que, en definitiva, lo más importante de todo esto es “tranquilizar a las familias sobre esa preocupación lógica de qué será de sus hijos e hijas (con o sin discapacidad) cuando ellas no estén; hay que planificar a futuro para que esos hijos e hijas tengan esa garantía de que, como decía el otro día el presidente de la región, si nosotros no estamos no nos preocupemos porque estará Castilla-La Mancha”.

Un trabajo encomiable que bien es merecedor de todos los reconocimientos que existan. El pasado 2017, este Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca concedió al CERMI de C-LM uno de sus IX Premios Solidarios por ello. Y los galardones siguen llegando justamente porque también el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha recogerá un de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2018 que se entregarán en una gala que tendrá lugar el próximo día 13 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro de Rojas de .

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista a la presidenta del CERMI de C-LM (Cristina Gómez) y al director gerente del CERMI C-LM (José Antonio Romero) a través del vídeo que acompaña a esta versión por escrito de lo que en ella nos han detallado.