“En el espacio de representación de la ciudadanía, donde están nuestros diputados y diputadas elegidos democráticamente, siempre que haya un acuerdo, siempre que exista un texto de estas características… es importante”, comienza diciendo el gerente del CERMI regional (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en el ámbito de nuestra autonomía) tras la aprobación en las Cortes el pasado 13 de noviembre de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-la Mancha.

José Antonio Romero afirma que “fue in día importante… tanto para quienes pudimos estar en la tribuna (representantes del movimientos asociativo, personas con discapacidad, familiares, técnicos, voluntarios), como para el resto de personas con discapacidad de Castilla-la Mancha (y sus familias); fue la culminación de un proceso, de muchos meses de trabajo (de coordinación, de cooperación, de diálogo…), de una negociación intensa (a veces con altibajos) que ha supuesto el final de una primera etapa”.

La ley: el proceso del germen a la aprobación

(Desde el minuto 2’30’’)

El gerente del CERMI en Castilla-la Mancha nos explica cuál ha sido el recorrido en la elaboración de esta Ley: “El consejero José Ignacio Echániz ya anunció (allá por septiembre u octubre de 2012) que en esta legislatura se aprobaría una ley; nosotros, ya en la primera reunión que mantuvimos con la presidenta de la región en 2011, pusimos encima de la mesa diferentes cuestiones (evidentemente, en ese momento, la urgencia y la necesidad venía dada por la difícil situación que teníamos a nivel de estabilidad en el sector por los impagos que había con respecto a los Centros y al mantenimiento de programas, servicios, prestaciones y demás…); y, allá por finales de 2012, empezamos a crear un grupo de trabajo mixto entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y el CERMI para empezar a desarrollar lo que deberían ser ‘los principios’ de esta Ley (que, básicamente, es trasponer la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la a la normativa de nuestra región)”.

Prosigue detallando que “a partir de ahí, con esas primeras líneas, se empezó a negociar con los diferentes departamentos de la Administración regional (un trabajo que ha estado coordinado por , director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de la JCCM)”. En este punto, Romero señala algo que, asegura, es muy importante y que hace especial esta Ley: el hecho de que “ha implicado a todas las Consejerías del Gobierno regional, a la , ha pasado por el Consejo de Servicios Sociales… Y, en todo ese proceso de negociación, ha habido muchas reuniones”.

Apunta que, quizá, lo que más ha costado “ha sido hacer ver en algunos momentos que la discapacidad no es una cuestión de Asuntos Sociales exclusivamente, sino que afecta transversalmente a todas las áreas del Gobierno (porque afecta a todas las etapas de la vida de una persona con discapacidad y sus familias); y, sobre todo, cuando hemos tenido que tratar temas presupuestarios, temas de estabilidad, cuestiones relativas a la Sanidad, a la Educación… (es decir, principios fundamentales que tienen que ver también con derechos básicos), había que ser concienzudos”.

Lo razona manifestando que “lo que no queríamos era reproducir otras leyes u otra normativa que exista a nivel regional; lo que se pretendía es que, realmente, la Ley garantizase e hiciese efectivos esos derechos aquí en Castilla-la Mancha para que, gobierne quien gobierne, se diese estabilidad a las políticas de acción hacia las personas con discapacidad”, subraya.

“Cuestiones urgentes son todas porque se abordan las etapas de la vida de una persona y los apoyos que necesite”

(Desde el minuto 5’14’’)

Le preguntamos si existía, como punto de partida, algún ámbito que estuviese más ‘desamparado’ de cara a esos derechos de las personas con discapacidad y sus familias y que, por tanto, hiciese especialmente urgente la elaboración de una normativa como la que nos ocupa. José Antonio Romero asegura que “cuestiones urgentes son todas porque, como depende de la etapa de la vida de una persona y de los apoyos que necesite… desde el punto de vista de un padre de hijos con discapacidad te podría decir que, quizá, lo más urgente son las cuestiones que rodean a la primera etapa; para una persona en edad laboral, es el empleo; para alguien que necesita prestaciones de apoyo para la autonomía personal, los temas socio-sanitarios… es decir, lo más urgente ha sido que cada persona con discapacidad tenga lo que necesite en cada momento de su vida”.

Dicho esto, el gerente del CERMI en nuestra región explica que les parecía muy urgente “que hubiese mecanismos claros de coordinación entre los diferentes departamentos: desde un primer momento, Sanidad, Asuntos Sociales y Educación tienen que ir de la mano en el proceso de análisis, detección y, sobre todo, derivación en el trabajo y tratamiento con menores con una discapacidad (o con riesgo de tenerla) en la atención temprana”.

Prosigue manifestando que también les parecían fundamentales (y que habría que profundizar mucho más) “las políticas de apoyo educativo: verdaderamente tenemos que tender a que en un horizonte no más allá de 2020, la educación de niños y niñas con discapacidad sea plenamente inclusiva y, para eso, lo que hace falta son los apoyos necesarios para que se preste esa educación en centros ordinarios; también son fundamentales las medidas en el ámbito del empleo: si las tasas de desempleo entre población sin discapacidad son altísimas, os podéis imaginar que en personas con discapacidad son todavía mucho mayores (estudios recientes de ONCE apuntan a que hay un 75% de personas con discapacidad en edad de trabajar que no lo hacen)”, expone.

“Hay un ‘régimen de infracciones y sanciones’, algo que nadie se había planteado hasta ahora en este ámbito para quien no cumpla (o no haga cumplir) la Ley”

(Desde el minuto 7’56’’)

Siempre se ha venido repitiendo aquella frase que habla de la lucha por lograr una igualdad real y efectiva, sin que esa realidad haya sido tal (hasta el momento). ¿Qué viene a aportar esta ley al respecto? El gerente del CERMI de C-LM apunta que “normativas hay (y ha habido) muchas, quizá España es uno de los referentes a nivel europeo en materia de protección y de políticas de igualdad” recuerda, poniendo algunos de esos ejemplos antes de añadir que “la cuestión es que, para hacerlas efectivas, tanto la Administración, como las Organizaciones, como el resto de la sociedad (empresas, agentes sociales, etc.), tenemos que ser conscientes de que una persona con discapacidad, lo único que necesita es ser tratada igual qua cualquier otra persona, que tenga los mismo derechos y las mismas oportunidades y, para eso, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener reconocidas por Ley”.

En este sentido, remarca que también se ha tenido en cuenta lo que puede ocurrir con quien no cumple (o no hacer cumplir) con la garantía de esas cuestiones y derechos: “Para eso hay un régimen de infracciones y sanciones, algo que nadie se había planteado hasta ahora en este ámbito donde, a pesar de haber abundancia de leyes o normativas, no se terminaban de materializar sin que eso supusiese ningún agravio… Nosotros no pedimos nada del otro mundo, no queremos que nuestros hijos con discapacidad tengan una puerta diferente para poder entrar en un centro público, sino que la puerta que se haga sirva para todos… muchas veces es sólo cuestión de sentido común”, ejemplifica muy simbólicamente.

Este régimen establece, entre otras cuestiones que nos explica José Antonio, “que el Gobierno regional tiene que desarrollar un sistema arbitral (como apunta ya la propia normativa estatal para que todas las Comunidades Autónomas tengan que aplicarlo), ya hay un sistema arbitral cuando se produce una infracción que afecta a dos Comunidades Autónomas pero, cuando es en una sola, tiene que ser ésta quien regule y legisle esa cuestión; evidentemente, lo ideal sería que no tuviese que haber sanciones para nadie… pero el régimen de infracciones y sanciones lo que pretende es que, cuando se vulnere un derecho, no quede en el aire, sino que se tengan leyes que se hacen cumplir”, resalta.

En este sentido, explica que “la Ley establece que el Gobierno tiene un tiempo para desarrollar este sistema arbitral (que, como decía, sólo está regulado a nivel estatal) y, prácticamente, ninguna Comunidad Autónoma le ha puesto el cascabel al gato, pero sería algo sencillo porque lo que se pretende es que, aquellos agentes implicados en un proceso de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no tengan necesidad de pasar por un juzgado para resolver determinadas cuestiones, sino acudir a este sistema de arbitraje previo en el que se puedan solucionar los problemas y las dificultades que se puedan producir en el desarrollo de esta Ley (algo similar a lo que suponen los mecanismos de arbitraje, por ejemplo, en materia de Consumo)”.

El desarrollo de la Ley

(Desde el minuto 13’12’’)

La Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-la Mancha se aprobó el 13 de noviembre; como apunta Romero, “salió publicada en el Boletín Oficial de las Cortes regionales el día 17 pero, hasta un mes después de que salga en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha, no entrará en vigor”.

Apunta que “hay determinadas cuestiones para las que sí se establece un calendario claro de desarrollo (en las distintas disposiciones adicionales), y hay temas que al día siguiente ya se tienen que empezar a trabajar”.

Por ejemplo, señala que “la Ley habla de un informe sobre el impacto en la discapacidad de todas las medidas y normas que desde ahora elabore o establezca la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha (y, eso, hay que empezar a desarrollarlo cuanto antes); también aborda una nueva Ley de Accesibilidad, que establece un plazo de 18 meses; otorga, asimismo, el plazo de un año para que el elabore la norma que va a regular (y cómo se va a desarrollar) algo que consideramos fundamental en esta ley (la reserva del 6% de los contratos de servicios, suministros y gestión de Servicios Públicos para Centros Especiales de Empleo) y, dentro de los presupuestos de cada año, tienen que establecerse (por parte del Consejo de Gobierno) los mecanismos para destinar ese 6% a dichos Centros…”, enumera.

“Es la primera vez que en una Comunidad Autónoma se recoge con rango de Ley esta reserva en materia de Empleo en este ámbito”

(Desde el minuto 14’45’’)

Nos detenemos de manera especial en el análisis de esa reserva del 6% a la que acaba de aludir y explica que “es la primera vez que en una Comunidad Autónoma se recoge con rango de Ley esta reserva para que (como decía al principio), gobierne quien gobierne, se potencie y se dé estabilidad a un sector que es fundamental; de hecho, las cifras que apunta el en los últimos años indican que los contratos a personas con discapacidad están creciendo desde hace tres años pero, sobre todo, en el ámbito de los Centros Especiales de Empleo (que, en Castilla-la Mancha, están jugando un papel fundamental también a la hora de la inserción laboral de personas con discapacidad: ahora son unas 2.000 las que trabajan en Centros Especiales de Empleo)”.

Al hilo de esto, añade que “los Centros Especiales de Empleo que están dentro del CERMI (que son cerca de 50) están teniendo, básicamente, los retrasos en los pagos de la ayuda para el salario de los trabajadores; al ser fondos finalistas que vienen del , estamos intentando negociar (tanto a nivel estatal como a nivel regional) que esta medida les suponga un apoyo, (sobre todo, para capear el temporal que están sufriendo desde hace varios años con esos retrasos) y, así, poder revitalizar un sector que para nosotros es fundamental (porque creemos que, además, con las dificultades de inserción laboral que están teniendo las personas con discapacidad en el empleo ordinario, ésta reserva es una buena medida tanto de inserción como de capacitación para la posterior incorporación de muchas de estas personas al mercado ordinario)”, resalta.

Informe preceptivo de impacto sobre la discapacidad

(Desde el minuto 17’)

A partir de esta Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cualquier ley o decreto que pase por el Consejo de Gobierno tienen que llevar un informe de impacto hacia el mundo de la discapacidad, tal y como apuntaba anteriormente nuestro protagonista. Le preguntamos hasta qué punto es fácil coordinar a todos los implicados en un objetivo como ése, y él mismo explica que imagina que no lo será mucho, si bien añade que “el Gobierno estatal sí que elabora este informe de impacto sobre la discapacidad (al igual que existe un informe de impacto sobre género) y, evidentemente, es uno de esos desarrollos normativos que decíamos antes que se tiene que regular: en qué va a consistir ese informe, quién lo va a hacer, qué alcance va a tener (porque queremos que recoja tanto el posible impacto negativo que puede tener una norma, como el posible impacto positivo, evidentemente)”, señala.

“Otros CERMIs están reproduciendo reivindicaciones similares a las que estamos teniendo aquí en Castilla-la Mancha”

(Desde el minuto 18’)

Para finalizar, José Antonio explica que “a nivel estatal, cada territorio tiene sus peculiaridades, sus características… lo que sí tenemos claro es que otros CERMIs están reproduciendo reivindicaciones similares a las que estamos teniendo aquí en Castilla-la Mancha (muchas de ellas, recogidas en esta norma); hay normativas de referencia similar (como ha podido ser, hace dos años, la Ley de Igualdad de Oportunidades de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, que es de otras características y no tan concreta quizá como la nuestra); sabemos que, por ejemplo, Cantabria, Murcia, Canarias, Extremadura… están pidiendo tener también una normativa de referencia; Andalucía está trabajando ya también en una Ley (ya bastante avanzada) de Derechos de las Personas con Discapacidad; yo considero que, simplemente, cada Comunidad Autónoma ha de tener en cuenta sus peculiaridades (porque las necesidades de las personas con discapacidad, en realidad, son similares en todos los territorios… hay muchas cuestiones que, para ser justos, deberían ser universales para que, independientemente de dónde te haya tocado nacer, tus derechos sean los mismos y las garantías de los mismos estén consolidadas en cualquier territorio del país, (pero eso también es complicado de conseguir con el sistema autonómico que tenemos actualmente)”, concluye.

Hasta aquí la versión escrita de la entrevista telefónica concedida al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca por parte del gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de C-LM. Si desean conocer las impresiones de José Antonio Romero en torno a la recién aprobada Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestra región, les invitamos a escuchar la conversación al completo mediante el archivo de audio que acompaña a este texto.