Para hablar de esta Iniciativa Legislativa Popular, visitan las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’:

  • Cotanda, presidente de Honor de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Médico Psiquiatra, Experto en Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios. Miembro del de Expertos en temas de Salud del durante 2012-2016.

  • Bermúdez, presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Médico. Master en Administración de Servicios Sanitarios. Presidente de la durante 2008-2011.

Durante la entrevista, y , han explicado el problema que existe en torno al precio abusivo de los medicamentos.

“En los últimos años los precios de los medicamentos están subiendo mucho, los nuevos medicamentos que estaban costando 200 euros por tratamiento han pasado a costar 2.000 euros. En 2019 se han aprobado en España dos medicamentos por más de 300.000 euros por tratamiento. ¿Quién podría pagar ese medicamento si no hubiera Sanidad Pública?, mucha gente tendría que pedir préstamos y adeudarse”, explica Fernando Lamata Cotanda.

Continúa señalando que “hay medicamentos que se anuncian para el próximo año que ya están autorizados en EE.UU. y Alemania por más de millón y medio de euros por tratamiento. El impacto que tiene es que ya hay países que tienen que retrasar la introducción de estos medicamentos”.

En este sentido, Fernando Lamata Cotanda recuerda el caso del fármaco para la Hepatitis C que retrasó su aprobación en España en más de un año por su precio abusivo y que finalmente el Gobierno tuvo que aprobar su financiación para que no siguiera muriendo gente. Un precio que se destina de los Presupuestos Generales del Estado “y que está haciendo que haya dificultad para pagar otras cosas”.

Sabrido: “Esta iniciativa va a favor de todos, porque nos afecta ya en el día a día”

Por este motivo, un grupo de personas relacionadas con la sanidad decidieron crear la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento que, junto a otras 16 organizaciones y profesionales de la sanidad pública, de la transparencia y de la comunidad científica impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de cambiar el actual sistema de fijación de precios de los fármacos, impulsar medidas de transparencia y la creación de un fondo de investigación y formación independiente de las farmacéuticas.

La Comisión promotora está compuesta por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en (ADSPM), LA Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el (CEEM), la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la , la Plataforma de por Hepatitis C y Salud por Derecho.

“Queremos transmitir a la gente que las empresas tienen que ganar dinero con un beneficio moral, no con beneficios injustificados que hacen que nos pongan unos precios abusivos. Nadie sabe lo que realmente le ha costado a la industria producir el medicamento e investigarlo, por eso no pueden poner esos precios abusivos”, explica el presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Roberto Sabrido. Por tal motivo uno de los puntos que pide la ILC es transparencia en la fijación del precio de los medicamentos.

Además “con esos precios excesivos injustificados no se pueden dedicar más partidas a contratar personal, a tener alta tecnología moderna y eso nos generar un incremento en las listas de espera. Esta iniciativa quiere que cambie el sistema de fijación de precios, que la investigación sea con dinero público y no dependamos de la industria, no va en contra de nadie, ni siquiera de la industria, si no que va a favor de todos, porque nos afecta en el día a día y nos está afectando ya”, explica Roberto Sabrido.

Sabrido: “El problema es importante y si no se frena, hará que el Sistema Público de Sanidad no pueda llegar a más y colapse”

Corresponde a los Gobiernos cambiar el actual sistema de precios abusivos aunque, explica Fernando Lamata que “están haciendo cosas pero insuficientes. El problema es importante, va a más, y si no se frena hará que el Sistema Público de Sanidad no pueda llegar a más y colapse”.

“Los países lo están viendo y en el año 2016, en el consejo de Ministros de la Unión Europea, se llegó a la conclusión de que el aumento de los precios de los nuevos medicamentos estaban haciendo que muchos países de la UE no pudieran pagarlos. En España, la aprobación de la financiación de medicamentos puede ser de alrededor de un año pero en otros países como Polonia, Hungría o Bulgaria, está siendo de 30, 40 o 50 meses y hay muchas personas que ya no están pudiendo acceder a ellos y se están racionando”, explica Fernando Lamata Cotanda.

En este sentido señala que las medidas tendrían que comenzar a adoptarse en estos momentos para que dentro de 10 y 15 años se acabe con el monopolio que tienen los laboratorios para fijar los altos precios. Una solución que, “exige un acuerdo mundial, de la Organización Mundial de Consumo y poner de acuerdo a muchos países”.

Las presiones de la industria farmacéutica

Entre tanto, Fernando Lamata Cotanda explica que hizo una declaración donde pedía a la Comisión que investigara sobre alternativas al modelo encargando a distintos grupos de experto que valoren las alternativas. “Algunos grupos han dicho que hay que desligar el precio del medicamento de los gastos de investigación, que hay que pagarlos con un fondo público y que los laboratorios produzcan los medicamentos a precio de coste con un beneficio industrial”, señala Fernando Lamata. Aunque advierte que “la política sanitaria es propia de cada país y tienen sus presiones de la industria que no deja de ser un sector económico muy importante que presiona a los Gobiernos para que no tomen medidas en su contra. Tienen lobbies muy importantes para que en el Parlamento, cualquier medida que se pueda adoptar, por ejemplo de la exclusividad de datos, comercialización y de protección de la industria, las están defendiendo con mucha fuerza”.

Además, explica que, de los 70 mil millones que obtiene la industria farmacéutica en países como EE.UU, pueden destinar alrededor de 200 y 30 mil millones a marketing y presión.

Uno de sus efectos, “que afecta ya a los ciudadanos”, es la prescripción inadecuada.

“Con ese exceso de dinero dedican importantes cantidades a influir sobre los médicos a través de congresos, cursos, publicaciones y revistas científicas que se financian desde los laboratorios con el dinero que les hemos dado a través del precio de los medicamentos y que están financiando a los expertos que hacen la guía clínica, un evangelio que el médico tiene que seguir cuando está en la consulta. Esa presión hace que pueda haber un exceso de prescripción innecesaria porque quizás el médico no tiene tiempo porque han reducido la plantilla. ¿Cómo resuelve esa atención? Recetando, es un sustituto de la falta de tiempo y eso hace que en Europa, el 30% de las medicinas que tomamos, sean innecesarias, lo que está afectando a las personas y a la salud”, explica Fernando Lamata Cotanda.

Asociaciones en EE.UU, Japón o Canadá también están visibilizando el problema y concienciando a la población, uno de los principales objetivos de la Iniciativa Legislativa Popular que se ha impulsado en España. “Esta ILT trata de concienciar, podemos cambiar el modelo, hay alternativas. Hay iniciativas como la referente a enfermedades abandonadas que están desarrollando nuevos medicamentos con un enfoque sin ánimo de lucro y que luego lo ponen a disposición de los países. Este tipo de enfoque es el que hemos de lograr y se puede, por eso pedimos ese apoyo”, señala Fernando Lamata.

La recogida de firmas se hará a nivel nacional hasta el 27 de junio

La ILP requiere conseguir 500.000 firmas para que pueda debatirse en el Congreso de los Diputados para que los grupos políticos se posicionen al respecto. El presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Roberto Sabrido, señala que “no nos une nada en contra de la industria farmacéutica, nos une el que queremos preservar el Sistema Nacional de Salud como lo conocemos hoy en día, para todo el mundo, gratuito en el momento de la prestación y de calidad. Creemos que esta presión de estos precios injustificados puede poner en riesgo el Sistema Nacional de Salud como lo conocemos en España y tendría gravísimas consecuencias”.

La recogida de firmas, que se desarrollará a nivel nacional hasta el 27 de junio, pretende explicar a la población que el medicamento tiene que tener un precio justo “y que lo consideremos como un derecho humano y no como un negocio especulativo. Y si fomentamos la investigación pública de tal manera que haya proyectos de investigación pública, todavía mucho mejor, se trata de preservar el Sistema Nacional de Salud que en las estadísticas sale como uno de los mejores del mundo, pero si le seguimos sometiendo a esas presiones, podemos acabar con él”.

De conseguir cambiar el actual modelo de precios de los medicamentos, “podríamos conseguir con lo que pedimos destinar el dinero a plantilla, formación de profesionales, mejor tecnología, más espacios de atención sanitaria, promoción de la salud o evitar prescripción innecesaria”, explica Roberto Sabrido.

Hasta el momento un gran número de asociaciones y colectivos como CERMI, UGT, asociaciones de vecinos, pensionistas y organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la ILP y ya están poniendo puntos de recogida de firmas por toda España que se van anunciando en la página web de la Iniciativa Legislativa Popular https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/nuestra-ilp/

Además, hasta el 27 de junio, las organizaciones que han impulsado la ILP realizarán charlas, actos y eventos para explicar el argumento de la misma a los ciudadanos y que la puedan apoyar. Los interesados también pueden hacerse fedatarios para que los pliegos de firmas puedan llegar a todos los municipios del país.

En Albacete existen diferentes puntos de recogida de firmas como las oficinas del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, en el Hospital, la o asociaciones como Médicos Mundi.

La Asociación por un Acceso justo al medicamento, recibió uno de los Premios Solidarios del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’ en su última edición “por lo que conlleva de idea social, justa e imprescindible para la dignificación de las personas en su lucha por el acceso a los medicamentos en condiciones razonables”.