El agua, un bien limitado e imprescindible

Resulta difícil hacer una mirada por nuestras necesidades y actividades cotidianas sin encontrar la constante presencia del agua, ya sea de forma directa o como recurso que ha hecho posible la producción, fabricación o funcionamiento de los bienes, objetos y servicios que utilizamos. No debemos olvidar que la mayor parte de nuestra materia es agua, así como la del resto de los seres vivos.

Nuestra dependencia del agua es evidente, pero el fácil acceso que tenemos al recurso no siempre nos hace valorar su importancia ni la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en garantizar su mantenimiento en cantidad y calidad, con independencia de que las precipitaciones anuales sean abundantes o escasas. Tenemos la obligación de usarla racionalmente, sin malgastarla, sin contaminarla, promoviendo su depuración y reutilización.

La implicación en estos objetivos exige una conciencia social que haya asumido que el agua es un bien natural escaso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas.

También se necesita tener en cuenta que no es un elemento que podamos fabricar en función de las demandas o que podamos sustituir por otro similar que cumpla las mismas finalidades. Es limitado, imprescindible, irremplazable y vulnerable.

La defensa del agua es una actitud que se desarrolla en dos ámbitos. Por una parte, la implicación personal y colectiva en un uso responsable y preservador. Por otra, la reivindicación de una distribución solidaria y equilibrada entre territorios, con definición de prioridades sobre las necesidades humanas, sociales, económicas y medioambientales. En definitiva, el agua como objeto de obligaciones y también de derechos.

Regantes, consumidores, sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales y agrupaciones vecinales deben implicarse en difundir el sentido de la responsabilidad sobre el uso del agua.

La defensa de nuestros derechos debe ir acompañada de la asunción de las obligaciones particulares para que, gota a gota, consigamos un compromiso con el respeto al agua y una implicación con su preservación.

Nueva cultura y política del agua

El agua, recurso escaso e irregularmente distribuido temporal y espacialmente, es indispensable para cualquier actividad industrial, agrícola o urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social, siendo además fundamental para la vida del hombre y de todos los ecosistemas.

La escasez de agua en el planeta se debe al calentamiento global, a la acelerada industrialización de las economías durante el siglo XX, al desmedido crecimiento poblacional, a la expansión no planificada de las ciudades, a la percepción errónea de que el agua es un recurso infinito, por lo tanto sin precio, y a la ineficacia en el suministro y en la asignación del agua entre los usuarios.

Ante estas circunstancias, muchas regiones del mundo han alcanzado el límite de aprovechamiento del agua, lo que los ha llevado a explotar los recursos hidráulicos superficiales y subterráneos, creando un fuerte impacto en el ambiente.

Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, la deforestación y las prácticas del uso del suelo, están reduciendo notablemente la disponibilidad de agua utilizable.

Para proteger el agua, la Unión Europea ha aprobado normativas cada vez más estrictas en el tema de contaminación y la depuración de aguas urbanas e industriales. Hay que ser conscientes de que, aunque usemos el agua, se debe devolver con un mínimo de calidad para que el medio no se altere.

La directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa del 23 de octubre de 2000 establece un marco comunitario de acción en el ámbito de la política de aguas.

Esta directiva, denominada Directiva Marco del Agua, introduce una nueva perspectiva en la política de aguas para los Estados Miembros de la Unión Europea y es probablemente la más ambiciosa y compleja de todas las normas europeas relacionadas con el medio ambiente. Tanto su enfoque, al considerar conjuntamente las aguas continentales superficiales y subterráneas, de transición y costeras, como sus objetivos, que se basan en la consecución de un buen estado del agua protegiendo los ecosistemas que dependen de ella, suponen un cambio radical en la legislación europea vigente hasta el momento de su aprobación.

La implantación legal de la Directiva Marco del Agua en la legislación nacional española se realizó el 30 de diciembre de 2003 por medio del artículo 129 de la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio. Esta modificación da cumplimiento a la creación de los organismos de cuenca, incluyendo la supervisión de aguas interiores, costeras y de transición.

Según el informe del CREA, la superficie regada en la cuenca del Segura es superior a la declarada

Un informe realizado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y el servicio de Teledetección del Instituto de Desarrollo Regional (IDR), ambos dependientes de la Universidad de Castilla-La Mancha, por encargo de la Diputación Provincial de Albacete, puso de manifiesto que la superficie de regadío en la cuenca hidrográfica del Segura era bastante superior a lo que se venía reconociendo en las estadísticas oficiales y que había un consumo por encima de lo que establecían los propios planes hidrológicos.

Además, este estudio constaba que había más de 14.000 balsas que se utilizaban para regadío, de las cuales, más de 11.000 se registraron en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Tanto José María Tarjuelo como Alfonso Calera, responsables del CREA y del Servicio de Teledetección del IDR, respectivamente, realizaron un pormenorizado análisis, ayudado por imágenes, sobre la evolución de los regadíos en la cuenca del Segura y elaboraron un mapa mediante sistemas de teledetección.

Para José María Tarjuelo, de este estudio se deducía que hace falta una gestión más transparente y realista de los usos del agua en el Segura, fundamentalmente en la zona de Murcia.

Según informó el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, este informe nació del interés político, social y económico que tiene el tema del agua dentro de una provincia y una región que quiere cubrir todas las necesidades hídricas que “por derecho le corresponden y que históricamente le han sido negadas, a pesar de que la cuenca cedente debía tener prioridad en el uso de esa agua”, aseveró el Presidente de la Diputación.

El agua, fuente de conflictos

La Directiva Marco del Agua establece la demarcación hidrográfica como unidad de gestión de los recursos hídricos. Esta unidad debe definirse fundamentalmente en función de los límites naturales de las cuencas que deben predominar sobre la existencia de otras posibles divisiones administrativas.

El agua, por ser un recurso estratégico con diferencias territoriales acusadas, ha reavivado en España últimamente conflictos entre regiones que comparten la misma cuenca, ya que la política hidráulica basada en el transporte de agua propició la expansión del regadío en algunas zonas, como es el caso de Murcia.

La idea del primer tercio del siglo XX de regar las huertas murcianas con agua proveniente del alto Tajo, merced a un sistema de canales y de elevaciones, se hizo realidad durante las décadas de 1960 y 1970 con un ambicioso proyecto de ingeniería hidráulica, el trasvase Tajo-Segura, que toma las aguas de la cuenca hidrográfica del Tajo, salta un sistema orográfico y las lleva a la del Segura.

El trasvase Tajo-Segura produjo un aumento de la superficie de regadío en Murcia, generándose así un proceso de expansión de la demanda en la cuenca del Segura.

Sin embargo, los caudales procedentes de la cabecera del Tajo no han llegado a ser trasvasados porque, en contra de lo esperado, no han estado disponibles, a lo que se suma el aumento de la demanda de agua en la cuenca cedente y la época de continua y pronunciada sequía que ha padecido España en los últimos años.

Todo ello ha conllevado a que el ya controvertido trasvase Tajo-Segura se convierta en el punto de mira de los sectores socio-políticos españoles, particularmente reflejado en las regiones más afectadas por el polémico trasvase: Castilla-La Mancha y Murcia.

El trasvase Tajo-Segura, una obra muy polémica

El Trasvase Tajo-Segura transporta un gran caudal constante de agua en todo su largo recorrido. La obra en esencia consiste en una toma de agua en el pantano de Bolarque, pequeño embalse construido sobre el río Tajo, Entrepeñas y Buendía, en el límite de las provincias de Guadalajara y Cuenca.

El agua se bombea elevándose hasta la cota de la planicie alcarreña de Albalate de Zorita, por donde discurre hasta el embalse de La Bujeda, creado como embalse de recepción. Sale en conducción que rápidamente entra en túnel para cruzar la sierra de Altomira, máxima cota del trasvase, y sigue en canal, a cielo abierto, durante cerca de 100 kilómetros con algunos tramos en acueducto y pequeños túneles hasta el embalse de Alarcón, en el río Júcar. Siguiendo el curso del mismo llega al embalse de El Picazo, donde un nuevo bombeo la eleva a la llanura manchega, por donde discurre más de 100 kilómetros, otra vez en canal a cielo abierto, hasta embocar cerca de Los Anguijes, al sur de Albacete, en el túnel del Talave; este túnel fue un hito en la ingeniería de su época por haberse utilizado en su construcción una de las primeras máquinas tuneladoras y por su longitud de más de 30 kilómetros.

El túnel del Talave desemboca el agua, después de haber viajado casi 400 kilómetros en el pantano del mismo nombre, en el río Mundo, en los límites de la provincia de Albacete con Murcia. A partir de aquí su caudal se distribuye por canales y acequias por todo el sureste peninsular, cubriendo unas distancias de hasta 300 kilómetros.

CLM ha puesto fecha de caducidad al trasvase

El 23 de abril de 1997 tuvo lugar una manifestación en Albacete, en la que 50.000 castellano-manchegos defendían los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua.

La polémica se ha intensificado en los últimos años, en los que la escasez de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha puesto de manifiesto de forma fehaciente que en la cabecera del Tajo no hay agua suficiente para trasvasar y se impone la necesidad de buscar una solución.

Ante esta delicada situación, el 14 de marzo de 2005, se cerraba un acuerdo entre la, entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, con un ambicioso plan de inversiones en obras hidráulicas para satisfacer las necesidades de nuestra Región.

Las reservas de la cabecera del sistema Tajo-Segura han continuado siendo muy bajas en los siguientes años hidrológicos.

La posición del Gobierno de Castilla-La Mancha es bien conocida: agua para beber sí, siempre que se demuestre que ése es su destino, pero agua para regadío no, y menos en las actuales condiciones de excepcionalidad que viven los pantanos de cabecera del Tajo tras tres años consecutivos de sequía.

El 29 de enero de 2007 se aprobó por unanimidad en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se establece que el trasvase Tajo-Segura debe concluir en el año 2015.

A pesar que desde Murcia y Valencia se levantaron voces que apuntaban a posibles recursos de inconstitucionalidad, el Gobierno regional apela a la ley para defender la prioridad de los castellano-manchegos sobre otras regiones: según la Ley de Aguas, el uso consuntivo de agua prioritario es el abastecimiento humano y la Ley del Trasvase contempla que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora.

Una de las razones por las que Castilla-La Mancha no ha podido ejercer esa prioridad ha sido debido a la falta de infraestructuras, pero actualmente ya se han puesto en marcha algunas obras, entre las que destacan la aprobación de las obras de emergencia para abastecimiento en los pueblos ribereños de las provincias de Guadalajara y Cuenca, la ejecución de la obra de la tubería a la Llanura Manchega para abastecer a 58 municipios de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, la adjudicación del abastecimiento a los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura, que beneficiará a 26 municipios de la provincia de Cuenca, o la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental en Albacete para derivar ocasionalmente, cuando lo aconsejen las circunstancias técnicas y ambientales, agua a Las Tablas de Daimiel.

Barreda centró su defensa del Estatuto en el Congreso en las reivindicaciones hídricas de CLM

Con 315 votos a favor y 3 en contra, el Proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue admitido a trámite en el Congreso de los Diputados el día 14 del presente mes de octubre.

Las reivindicaciones hídricas ocuparon gran parte del discurso del presidente Barreda en su defensa del Estatuto en el Congreso, donde indicó que la propuesta de reforma contempla que el volumen de agua trasvasable se reduzca progresivamente, hasta su definitiva extinción en 2015, coincidiendo con el plazo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los referidos al buen estado ecológico de las aguas establecidos por la Directiva Marco.

Asimismo, el Presidente señaló que el Gobierno autonómico apuesta por un Pacto de Estado que, dejando atrás polémicas sobre los planes anteriores sea capaz de “abordar el problema con vocación de encontrar soluciones globales desde las posibilidades que ofrecen el presente y el futuro”, propuso, para añadir que se trata del derecho al acceso al agua de todos los españoles y la necesidad de hacer un uso responsable de un bien cada vez más escaso. Por ello, José María Barreda abogó por practicar en toda España otra cultura del agua que permita un desarrollo que sea sostenible contando sólo en nuestros planes con el agua verdaderamente disponible.