Cambios en el modelo de Justicia

Según el Ministro de Justicia Francisco Caamaño, “la sociedad española exige y se merece un cambio radical en el sistema de Justicia actual que involucre a todos los actores, fuerzas políticas, comunidades autónomas y organizaciones sociales, que converjan en un único vector”.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete.

¿Qué cambios se realizarán en Castilla-La Mancha según este propósito nacional para enmendar un sistema que trae de cabeza a jueces y sociedad en general? Esta pregunta que está en la mente de todos es lo que ha venido a contestar en esta entrevista el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región Vicente Rouco.

Cambios que modernicen y agilicen la Administración judicial es también para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha una prioridad, porque para un apasionado del Derecho como Vicente Rouco es fundamental que todos los ejes funcionen adecuadamente tal como la sociedad necesita.

Otros temas de máximo interés para el Presidente son las posibles reformas a la Ley del Menor, que tanto demanda la sociedad.

El nuevo Palacio de Justicia para Albacete, demorado en el tiempo, las mujeres en la Judicatura y los nuevos juzgados de la Región, son algunos de los temas sobre los que hemos recabado la opinión de Vicente Rouco.

Más juzgados en Castilla-La Mancha

Los procesos concursales o suspensiones de pago, que terminan en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), han tenido un crecimiento espectacular. Foto: Ventanilla de atención en un juzgado.

Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Vicente Rouco, España se encuentra a la cola de Europa en cuanto al número de juzgados por habitante.

Peor aún es la posición que ocupa Castilla-La Mancha en el ranking nacional: nuestra comunidad es la última en cuanto a jueces por habitante. Sin embargo, por parte del Ministerio de Justicia y gracias al esfuerzo de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, este dato podría revertirse.

Durante el año 2008 se abrieron cinco nuevas plazas en la Región.

Para finales de este año se espera que también otros cinco juzgados sean abiertos; uno de ellos para la provincia de Albacete, exactamente en Hellín; en la provincia de Toledo, uno en Illescas y dos en la capital, de los cuales uno será de Primera Instancia y otro de lo Contencioso; y por último, el quinto juzgado se abrirá en Guadalajara, también de Primera Instancia.

Estos nuevos juzgados están enmarcados dentro del plan que a petición del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, completan las 150 plantas judiciales aprobadas en el Real Decreto del 13 de febrero. A pesar de la apertura de estas nuevas plantas judiciales, según Rouco aún es indispinsable para el correcto funcionamiento de la Justicia abrir nuevos juzgados.

“Es necesario una reorganización, un rediseño de la planta judicial a la vez que un aumento de la misma para mejorar la Justicia en la sociedad española”, afirmaba rotundamente Vicente Rouco. Es en esta especial situación de crisis económica que atraviesa el país cuando se hacen más que nunca inevitables este tipo de reformas.

Según Rouco, en este momento de coyuntura económica existe un mayor número de demandas, sobre todo relacionadas con temas laborales y económicos. Conflictos por impagos, ejecuciones hipotecarias, procedimientos monitorios, son todas actuaciones civiles que se encuentran a la orden del día.

Ya en el 2008 se habían incrementado en un 32%, aproximadamente los procesos civiles. Los Juzgados de Primera Instancia y los Mercantiles son los que más significativamente han visto incrementado estos procesos.

Los procesos concursales o suspensiones de pago, que terminan en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), han tenido un crecimiento espectacular. Según Comisiones Obreras, en España en los cinco primeros meses de 2009 se registraron 8.386 Expedientes de Regulación de Empleo que afectaron a 266.556 personas, frente a los 1.407 del mismo periodo del año anterior, que afectaron a 20.055 personas, lo que supone un incremento de un 496% en cuanto al número de procesos y de un 1.229% respecto al número de afectados.

Todas las gestiones relacionadas con reclamaciones laborales, despidos, gestiones en general entre empresas y trabajadores, acaban en el Juzgado de lo Social, que por estas fechas se ha visto desbordado, debido principalmente al parón económico que ha afectado a diversas empresas que han tenido que despedir a varios de sus trabajadores.

A todo esto se le suma la situación actual de los Juzgados, falta de personal, falta de tecnologías y por consiguiente, retrasos en las resoluciones de los conflictos.

Mujeres y juventud constituyen la nueva imagen de la administración de Justicia española

Según Rouco, “muy pronto las mujeres ocuparán los puestos más relevantes de la administración de Justicia”.

La composición de la carrera judicial hace más de dos décadas, formada por personas mayores, ha evolucionado hacia una estructura donde predomina la juventud y, cada vez más, la mujer.

“Tengo que decirlo con orgullo, en nuestra carrera no hacemos cuotas, las hace la propia ambición, el propio mérito de la mujer que se sacrifica, incluso más que los hombres, y llega cada vez más lejos en la carrera judicial a cargos de responsabilidad. Muy pronto las mujeres ocuparán los puestos más relevantes de la administración de Justicia”, afirmaba Vicente Rouco.

Hoy, prácticamente el 70% de las promociones de la carrera judicial está formada por mujeres, los últimos juramentos y posesiones de jueces en nuestra Comunidad arrojan datos muy significativos. No es raro encontrarnos hoy en día con mujeres que toman su cargo en un acto en el que a veces no hay ningún hombre.

“Las mujeres, que ahora desempeñan la función de magistradas en las capitales de provincia en puestos de responsabilidad importantes, pronto irán a más. Además, transmiten esa percepción nueva de la carrera, una carrera dominada por la juventud, que es al mismo tiempo vocacional y sacrificada al servicio de los ciudadanos, y que comparten esa necesidad de transmitir a los ciudadanos una imagen nueva de la Administración de Justicia”, manifiesta Vicente Rouco.

El 46,05 por ciento de las personas que ejercen de juez en Castilla-La Mancha son mujeres, lo que sitúa a la comunidad en el séptimo puesto detrás de Valencia, Madrid, Canarias, Cataluña y Galicia. En el primer lugar se sitúa el País Vasco, con 100 frente a 81, lo que supone un 55,25 por ciento de jueces mujeres.

Nuevo Palacio de Justicia, ¿para cuándo?

El solar del antiguo edificio del colegio Giner de Los Ríos en Albacete albergará el nuevo Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La Adjudicatura albaceteña reclama desde hace años unas nuevas instalaciones, ya desde tiempos del anterior presidente del Tribunal, Emilio Frías.

Pero la respuesta a esta petición parece que va despacio, aunque ya al menos se conoce el nuevo emplazamiento que tendrá este Palacio de Justicia, que estará en el edificio del antiguo colegio Giner de los Ríos, en Albacete. Según Vicente Rouco, pronto habrá alguna novedad sobre la licitación para saber quién llevará a cabo la demolición del mencionado edificio.

Para que este nuevo Palacio sea eficiente “debe tenerse en cuenta la opinión de los profesionales de Justicia, para que este no sea otro edificio que pronto vuelva a quedar obsoleto”, enfatiza el presidente del TSJ de CLM.

Además, añade Rouco, “el nuevo Palacio de Justicia tiene que ser grande, emblemático, moderno, y sobre todo, funcional, acorde a las necesidades de la ciudadanía”.

Para el Magistrado manchego, no se debe “racanear” con el presupuesto, “cualquier solución que se aborde debe contar con el máximo consenso social e institucional, y además debe aportar una solución de futuro, es decir, debe ser una solución ambiciosa y que resuelva el problema con posibilidades de que cualquier incremento de órganos judiciales que se produzca en una ciudad, que está en constante expansión, no genere el mismo problema dentro de otros 20 ó 25 años, como ya ha pasado”, se lamenta Rouco.

Los menores y la educación en valores

La educación en valores en el seno de la familia es muy importante en el desarrollo social de los jóvenes.

En los últimos años ha habido un crecimiento económico muy importante en la sociedad española, sin embargo parece que junto a ese crecimiento ha habido también una pérdida de valores entre los más jóvenes.

A día de hoy, desde algunos círculos sociales, y ante los últimos casos de asesinatos y violaciones realizados por menores de edad, se solicitan penas más graves y una rebaja en la edad de los menores para que puedan ser juzgados, al igual que las personas mayores, cuando sus actos sean de lesa humanidad.

Sin embargo, para Rouco Rodríguez, lo que debería haber es una mayor educación en valores, impartida no solo por parte de los padres, sino también por los colegios y la sociedad. “Es la sociedad, como Estado, la responsable también del comportamiento de estos menores”, afirmaba.

Desde 1995, con la última modificación del Código Penal, la edad para que los menores puedan ser juzgados penalmente, se subió a 18 años. Los menores de entre 16 y 18 años reciben otro tipo de castigo, en casos de delitos, distintos a las penas que se les imponen a los mayores. Según Rouco, esto debe ser así ya que “ningún menor de edad puede estar recluido en un mismo centro penitenciario donde haya personas mayores”.

Los menores de 14 años, según el Código Penal español, no están sujetos a penas de reclusión. Este es el debate que hoy se plantea en la sociedad ante los casos de homicidios realizados por jóvenes de entre 12 y 15 años.

Lo que recomienda Vicente Rouco es a reflexionar sobre porqué suceden estos actos tan aberrantes y no si la Ley del Menor debe cambiarse.

Según la Ley, los menores de 14 años son inimputables, por lo que son devueltos a sus familias, en cuya responsabilidad recae, no solo el cuidado del menor, sino también el pago de una indemnización en el caso de que haya una denuncia civil.

Estado de derecho y división de poderes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es un enamorado del derecho y de la profesión que conlleva.

“No hay verdadera democracia sin Estado de Derecho”, expone Vicente Rouco, añadiendo que “la división de Poderes es necesaria para que se mantenga el principio fundamental de la Adjudicatura, la imparcialidad”.

La Justicia, además de ser imparcial, debe cumplir con otras obligaciones como la neutralidad, la inamovilidad, y la independencia política. “Estos requisitos indispensables, sumados a la responsabilidad, hacen que la Justicia española funcione y sea un ejemplo para muchos países”, se congratula el Presidente.

Son precisamente estas obligaciones que mencionábamos las que pueden hacer parecer que la Adjudicatura tenga para la población una posición distante, lo cual no es así, porque “los jueces, al igual que el resto de personas, viven en familia y les gustan las mismas cosas que a todos”, sonríe Vicente Rouco.

Es la función propia de la Justicia la que obliga a sus profesionales a separarse de ciertos rasgos, ya que están comprometidos con la imparcialidad de sus decisiones.

La administración de Justicia tiene muchas veces una parte fundamental en la vida de la gente, tienen que tomar decisiones esenciales sobre los ciudadanos, las empresas, las entidades en general, esas resoluciones son serias y hacen que el personal de Justicia tome distancia de quienes se ven involucrados en dichos conflictos.

Transferencias de Justicia para Castilla-La Mancha

Vicente Rouco ha transmitido las necesidades de Justicia a los responsables públicos para conseguir una mayor eficacia en su labor.

Si bien aún prosiguen las conversaciones con el Ministerio de Justicia, las transferencias están pendientes de asumir en Castilla-La Mancha. Con el cambio de “carteras” que se produjo en septiembre pasado, los trámites se han ralentizado. Estas transferencias ayudarán a la modernización de la Justicia en la Región que necesita de mayor agilidad y medios, tanto técnicos como humanos.

Solo se transfiere lo que está relacionado con la gestión de bienes materiales puestos al servicio de la función de la Justicia. Hay muchas esperanzas puestas en este proceso, no solo por la administración de Justicia sino también por parte de la sociedad, ya que contribuirá a la mejor gestión de los asuntos judiciales.

“Son los responsables públicos los que tienen que agilizar este proceso, porque quienes conformamos los distintos cuerpos profesionales de la Adjudicatura hemos sabido transmitir las necesidades que tenemos a la hora de ejercer nuestro trabajo”, afirmaba el presidente del Tribunal, para añadir que “conocemos la voluntad que tienen tanto desde el Gobierno de España como del Regional de que este proceso culmine y se acometa”.

La administración de Justicia necesita una inyección económica para modernizar su funcionamiento y aumentar los medios tecnológicos, que son casi inexistentes en los juzgados españoles. Comparados con, por ejemplo, la administración de Hacienda, están a años luz de tener un sistema tan avanzado en cuanto a informática y sistemas de gestión de datos algo que, según el propio Presidente, no puede concebirse en los tiempos que corren.

La Adjudicatura desea acercarse a la sociedad, brindarle el servicio que sus ciudadanos se merecen, para ello, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha puesto todo su empeño y profesionalidad para hacer de esto una realidad.

Un nuevo proyecto para la mejora y el reciclaje del personal judicial en colaboración con la UCLM

Vicerrectorado del campus universitario de Albacete.

A partir de un proyecto de colaboración entre el Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Consejo de Abogacía de la Región y el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, se ha puesto en marcha un proceso de formación y actualización de distintos colectivos profesionales del ámbito judicial. Los diferentes cursos formativos están dirigidos a impulsar la mejora del servicio de la Administración de Justicia.

Este nuevo convenio tiene una dotación de 60.000 euros destinados por la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de CLM.

Se han concedido 30.000 euros a la Universidad manchega para la realización de actividades educativas con respecto al Derecho Penal y Seguridad Social, dirigidas a jueces y magistrados con destino en la Región; también con esta subvención se desarrollarán actuaciones de investigación dentro del proyecto de “La Protección de Datos en el Proceso Penal”, que también cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea.

Otra parte de la dotación original, unos 20.000 euros, se utilizarán para la organización de quince actividades de formación especializada para los abogados del Turno de Oficio de nuestra Región. Los 10.000 euros restantes de la subvención se utilizarán para la realización de actividades formativas dirigidas a los fiscales, sobre la nueva Oficina Judicial y la aplicación de nuevas tecnologías en ese ámbito.