En sus conclusiones provisionales, el considera que en un primer momento el segundo acusado, V.P.D., contactó con el agente, destinado en el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de Toledo, con la finalidad de renovar las licencias de armas tipo D y E.

En abril de 2010, el agente extendió de forma irregular a favor del interlocutor una autorización temporal para uso de armas en un soporte que se dejó de expedir de forma definitiva dos años antes.

En julio de ese mismo año, volvió a extender una autorización temporal, esta vez con un sello estampado que no era el que correspondía.

Por estas dos autorizaciones, V.P.D. pagó al agente 300 euros, cuando en realidad las tasas de renovación apenas hubieran superado la cifra de 20 euros.

Por estos hechos, el fiscal considera que procede imponer un año y seis meses de cárcel a V.P.D., así como una multa de 299 euros; y cuatro años de cárcel, una multa de 600 euros y nueve años de inhabilitación para empleo o cargó público.