El Consejo es un órgano adscrito a las Cortes que actúa “con plena capacidad, autonomía e independencia, sin sujeción alguna en el desempeño de sus funciones”, y al que le corresponde la creación, gestión y control de un registro sobre las declaraciones responsables así como de otras que sean necesarias. El Consejo se regirá por los principios de transparencia y participación ciudadana.

El diputado del Grupo Socialista , encargado de defender el dictamen, ha destacado la “importancia” de poner en marcha el reglamento del Consejo para “velar y hacer cumplir con las exigencias” que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno establecieron y ha manifestado que las 13 enmiendas aún vivas del Grupo Popular “no mejoran el texto”.

González ha recordado que, hasta el momento, la función de este Consejo ha venido siendo desarrollada por el , haciendo hincapié en que este pide “el desarrollo de regulaciones autonómicas”.

PSOE: ÓRGANO VIVO Y PARTICIPATIVO

El diputado ha defendido la transparencia de este órgano que se manifiesta en el reglamento, comentando que entre las actuaciones del mismo se incluyen la presentación de una memoria anual, que será un organismo “vivo y participado” y que quien ostente la Presidencia “comparecerá ante las Cortes para explicar su función”.

Con respecto a las enmiendas del PP al reglamento, Miguel González ha considerado que estas “minan la eficacia” del Consejo “reduciendo la función que tiene de control y cumplimiento de la ley”. Asimismo, ha apuntado que, en algunos casos, pueden llevar a “situaciones de bloqueo” y ha opinado también que algunas de estas enmiendas encierran “un tacticismo electoral que no debería ser la finalidad” del órgano y de su reglamento.

González ha incidido en que las enmiendas ‘populares’ “generan dudas innecesarias e interesadas” y tienen “poco fundamento”, convencido de que “no velan por el efectivo cumplimiento de lo que queremos, que es el desarrollo normativo máximo”. Asimismo, ha destacado la importancia de “dar peso especial” a quien desempeñe el puesto de presidente del Consejo, “porque se va a encargar de reclamar y pedir información y hacer cumplir a la Administración los requisitos de la ley”.

“El único problema que le ven a este Consejo es que tiene la firma del PSOE”, ha concluido el diputado socialista, que se ha dirigido especialmente al PP para asegurar que la transparencia “es muy buena” no solo para las administraciones “sino para su partido político”. “La transparencia y buen gobierno es algo positivo para esta región, aunque lo más importante es que los ciudadanos podrán conocer determinada formación relevante y que algunos políticos no puedan actuar con impunidad y con opacidad”.

PP: LA TRANSPARENCIA NO ES SOLO UNA PALABRA

De su lado, la presidenta del Grupo Popular en las Cortes, , como encargada de defender las enmiendas de su grupo, ha asegurado que estas “mejoran el Consejo” porque se ocupan de garantizar que su puesta en marcha “no va a suponer incremento de gasto público alguno”, así como la “solvencia, autonomía e independencia” del mismo.

La ‘popular’ ha explicado también que las enmiendas del PP apuestan por que sea un mismo órgano el que fije las retribuciones de los miembros del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, ya que lo que contempla el reglamento es que la del presidente se fijará en los presupuestos de la región, mientras que la de los adjuntos será acordada por la Mesa de las Cortes.

También ha defendido la “necesidad” de que los candidatos a formar parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo comparezcan de forma “obligatoria” ante la Comisión de Nombramientos, algo que ha considerado “lógico y deseable”.

Del mismo modo, ha sostenido que las modificaciones que plantea su grupo buscan una “menor dependencia” del Consejo a formaciones políticas “independientemente de quién pueda gobernar en Castilla-La Mancha en un momento determinado”; y ha defendido una coordinación entre los consejos regional y estatal “absolutamente necesaria para evitar que a los ciudadanos se les dicten resoluciones diferentes en casos de similar naturaleza”.

En su última intervención, Guarinos ha destacado que “de nada sirve una ley si quien luego tiene que aplicar la ley y el reglamento no lo hace y esto no pasa de ser uno más de los anuncios de Page, como otros tantos que lleva ya hechos”. La diputada ha incidido en que la transparencia “es algo muy serio, no puede ser solamente una palabra, algo que se predique, sino algo que se practique en la realidad y este gobierno de PSOE y Podemos no es ejemplo de transparencia y buen gobierno”, recordando, entre otras cosas, que aún está pendientes de que el presidente regional, , “venga a explicar el patrimonio que tiene” o que se celebre la comisión de investigación del incendio de Seseña, que preside Podemos. PODEMOS CONFÍA EN QUE SIRVA PARA “RECUPERAR EL NORTE”

La diputada de Podemos, , ha asegurado que el Consejo está “llamado a ser un instrumento garante” de la ley de Transparencia y ha dado la “bienvenida” al reglamento de que lo desarrolla, no sin antes reseñar que quizá “ha tardado demasiado en elaborarse y traerse” a las Cortes.

Ha confiado en que este primer paso para la creación del Consejo “sea un eficaz instrumento para esta ansiada regeneración de lo público y sus instituciones que funcione y tenga el reconocimiento público y generalizado que esta sociedad necesita para recuperar el norte como sociedad avanzada”, así como el Estado democrático y la credibilidad de las instituciones públicas, “tan deterioradas por escándalos de corrupción”.

“Pasar de una cultura de opacidad a una de transparencia será la mayor tarea en la que el Consejo tendrá una gran responsabilidad”, ha concluido la parlamentaria de la formación morada, cuyas enmiendas han sido incorporadas en su totalidad a la ley, resolviendo así “muchas de las cuestiones” que también plantean en el PP “y con las que estamos de acuerdo”.