Aunque la sentencia no es firme, pues las empresas afectadas han anunciado recursos ante el , CCOO ha pedido su ejecución provisional alegando que el fallo judicial está apoyado en un trabajo previo de la Inspección de Trabajo.

Así lo han indicado en rueda de prensa el secretario de Empleo de CCOO Toledo, , y el secretario provincial de Construcción y Servicios, , quienes se han congratulado de esta sentencia que condena a ambas empresas por cesión ilegal de trabajadores.

Según los responsables de CCOO, la sentencia subraya que el contrato de prestación de servicios suscrito entre ambas empresas era “un mero negocio interpositorio”, prohibido por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, en base al cual AFS “ponía ilegalmente diez trabajadores a disposición de la cementera”.

Y es que todos ellos prestaban servicio desde hace años en la fábrica de cemento que Holcim tiene en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra, donde la multinacional franco-suiza subcontrató en 2010 el servicio de gestión integral del área de expediciones con la empresa Ramel, que en 2015 dio origen a Acciona Facility Services.

Según la titular del Juzgado de lo Social Número 1 de Toledo, en la anualidad 2010-2011 los trabajadores de Acciona fueron sustituyendo de forma paulatina a los trabajadores que prestaban servicios por cuenta de Lafarge en el departamento de expediciones, trabajadores estos que formaron a los de la contrata. En un solo año, con esta práctica, la cementera se ahorró 168.016 euros.

Los responsables de CCOO han celebrado que a partir del informe de la Inspección de Trabajo de enero de 2019, a instancias del sindicato, y de las abundantes pruebas y documentación aportada, la magistrada considera probada que toda la actividad desarrollada por los trabajadores era dirigida de facto por el responsable de expediciones de la empresa principal —esto es Lafarge—, del cual todos los trabajadores de AFS recibían instrucción sobre el trabajo a realizar.

La sentencia recuerda que la actividad cementera está regulada por el Real Decreto 256/206 y por la norma UNE-EN 197-2 que, entre otras cuestiones, imponen al fabricante la responsabilidad de registrar y archivar toda la documentación de expediciones (albaranes y etiquetado de los sacos).

Por ello, además de reconocerles como personal indefinido, con su correspondiente antigüedad y categoría laboral, la cementera y la contrata deberán de pagar a estos 10 trabajadores las diferencias salarias entre lo que les pagó en el último años Acciona Facility Services y lo que les debiera haber pagado Lafarge de acuerdo a su convenio colectivo. Las cantidades oscilan entre los 4.000 y los 27.000 euros, con una media de 16.800 euros.

“Se trata de una sentencia justa”, han insistido tanto el secretario de Empleo de CCOO como el de Construcción y Servicios, quienes han puesto en valor la decisión de los trabajadores de Acciona de recurrir a la Inspección de Trabajo, pues “han recibido muchas presiones hasta que ha salido el juicio”.