El Departamento que dirige Íñigo de la Serna ha adjudicado finalmente a esta firma el contrato, estimado en unos 242.000 euros, después de volver a sacarlo a concurso tras quedar desierto en una primera instancia, según informaron a en fuentes oficiales.

Se trata de uno de los cuatro contratos de servicios promovidos por Fomento, a través de Seittsa, con el fin de preparar a esta firma para asumir las nueve autopistas, explotarlas durante este año, y posperiormente, relicitarlas para cederlas de nuevo a empresas privadas.

En este caso, la empresa del Ministerio buscaba seleccionar una firma que analizara al detalle las cuentas de las autopistas y la situación legal en que se encuentran.

El contrato original se licitó el pasado 31 de octubre, pero Seittsa lo declaró desierto “por no haberse presentado ningún licitador”. Posteriormente, abrió un proceso negociado con las firmas con capacidad de acometerlo del que Deloitte ha resultado finalmente adjudicataria.

En el marco de su proceso de preparación para comenzar a asumir las autopistas, Seittsa también ha contratado la realización de estudios sobre la demanda de tráfico y las tarifas de las vías, y el diseño de los pliegos de los concursos para relicitarlas. Además, se ha hecho con un seguro de daños materiales y responsabilidad civil.

El conjunto de estos contratos suman alrededor de dos millones de euros, de los que 1,23 millones corresponde a la póliza del seguro.

VÍSPERAS DEL ‘RESCATE’.

Seittsa cierra la contratación de todos estos servicios en vísperas de que la próxima semana comience el proceso de ‘rescate’ de las autopistas, con la asunción el miércoles 21 de febrero de la R-4 -Ocaña.

El resto de las autopistas en vías de liquidación y ‘rescate’ en los próximos meses son las otras tres radiales de Madrid, la que une la capital con aeropuerto de Barajas, la Madrid-, la Ocaña-La Roda, la -Vera y la circunvalación de .

Tras asumirlas, Fomento prevé sacarlas a concurso en la segunda mitad del año para volver a ceder su explotación a empresas privadas, un proceso con el que espera obtener hasta 1.000 millones de euros. El destinará este importe para aminorar el impacto de la liquidación de estas infraestructuras en las arcas públicas.