Según ha informado la Junta en una nota de prensa, el envejecimiento de la población, que ha caracterizado demográficamente las últimas décadas de y que continuará hasta bien avanzado este siglo, está provocando como daño colateral un incremento de la prevalencia de discapacidades, que puede poner en dificultad los servicios de protección sanitaria.

Fernández Sanz ha indicado que todos los estudios de predicción indican que España en las próximas décadas será uno de los países con la población más envejecida, estimándose que la población mayor de 65 años alcanzará una tasa del 35 por ciento en el año 2040.

El Estudio de Envejecimiento saludable (ETES) indica que el incremento en la esperanza de vida ha supuesto en los últimos quince años que haya 400.000 discapacitados mayores de 65 años más en el país, el 85 por ciento de ellos mayores de 80 años, efecto que se multiplicará en las próximas décadas.

Fernández Sanz ha explicado que “estas expectativas suponen una de las preocupaciones de la ciudadanía europea y un reto para los sistemas de bienestar sanitarios y de bienestar social, ya que la discapacidad, además de una importante pérdida en la calidad de vida, constituye una de sus principales amenazas, por su insoportable impacto económico y con altos costes una vez que se ha establecido”.

El Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable, y otros estudios, muestran que uno de los principales determinantes de la discapacidad es la fragilidad y que ésta es prevenible y reversible en muchos de los casos. Afrontarla adecuadamente proporciona más años y calidad de vida al paciente, y conlleva una mayor eficiencia en el uso de los recursos sanitarios.

En la jornada han participado dos expertos nacionales en el tema, como son el jefe del Servicio de de Getafe, el profesor , y el jefe del servicio de de Toledo, el doctor .