Los padres de , la menor de 13 años asesinada por unas compañeras de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), han interpuesto un recurso ante el después de que el Gobierno haya rechazado indemnizarles por la muerte de su hija.

La familia de Cristina Martín presentó una reclamación previa patrimonial hace un año ante el Consejo de Ministros en la que advertía de que, a día de hoy, no ha sido compensada con la indemnización de 300.000 euros impuesta por un juez a las menores acusadas de asesinar y esconder el cadáver de Cristina.

“Estamos totalmente desamparados”, ha expuesto visiblemente emocionado el padre de la menor, , en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por su esposa, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, José Miguel Ayllón, y la abogada de la familia, , que presta sus servicios sin recibir honorario alguno.

Los padres de Cristina demandaron al Estado español por “incumplir” las obligaciones que la legislación comunitaria le impone y no ofrecer una indemnización “justa” a las víctimas de delitos violentos.

Sin embargo, el Gobierno ha rechazado compensarles económicamente recordando que la ley sólo prevé la ayuda cuando el fallecido generara ingresos para la unidad familiar. “Pero los menores no generan ingresos, sino gastos, con lo cual los padres de menores asesinados en España no tienen cobertura cuando se trata de delitos violentos”, ha advertido la letrada.

DIFERENCIA CON VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El presidente de Víctimas de Delitos violentos ha expuesto que las víctimas de terrorismo sí reciben ayudas y ha aludido a las indemnizaciones de 900.000 euros acordadas en el 11-M. “En el caso de , de , de El Salobral, los padres no van a recibir ninguna ayuda por parte del Estado”, ha dicho Ayllón.

A su juicio, el Estado presta una labor social a los presos con la resocialización, pero “no quiere ni oír hablar de las víctimas. “El caso de España es sangrante. No se las reconoce como víctimas. Es muy doloroso”, ha apostillado.

Por todo ello, la familia de Cristina ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Ante el riesgo de ser condenados a pagar las costas de la Abogacía del Estado, piden al alto tribunal que atienda sus “posibilidades económicas” ya que Francisco está sosteniendo con su sueldo a su mujer y sus hijos, uno de los cuales sufre una discapacidad.