En un comunicado, Fedeto ha destacado que lo que ha aprobado el Gobierno “no es ni más ni menos que una simple línea de avales” y “en ningún caso el Gobierno pone a disposición de las empresas 100.000 millones de euros”.

Además, dado que la concesión de créditos depende de la solvencia empresarial, “nos encontramos, como en la crisis de 2008, ante un sistema selectivo de reparto del crédito” del que saldrán “perjudicadas las pymes y los autónomos y unas comunidades autónomas respecto de otras”.

Según la patronal toledana, “la aportación real del Gobierno, si es que llega a producir, sería mínima y diferida en los próximos años” y si se produjese morosidad “está muy controlada a priori”.

Además, puede darse el caso de que el Gobierno cobre a las entidades financieras una comisión de entre un 0,2% y un 1,2% por la concesión de los avales.

Para Fedeto, del primer tramo aprobado de 20.000 millones de euros, sólo 10.000 millones tienen como destino pymes y autónomos, lo cual “es lamentable, si tenemos en cuenta que pymes y autónomos representan el 90% del tejido empresarial español”.

Al tratarse de una medida similar a la aplicada en la crisis de 2008, sin asignación territorial, la financiación que llegará a la provincia de Toledo es posible que no supere el 0,5 ni alcance los 50 millones de euros.

Otro problema añadido es que sólo pueden realizar este tipo de operaciones de financiación las entidades financieras que tienen suscrito un convenio con el ICO y no todas lo tienen, lo cual en la actualidad “es un problema añadido más que debía haber sido resuelto”.

Fedeto “no comprende ni comparte que el Gobierno no se haya concretado el coste financiero”, pues se desconocen los tipos de interés que se van a aplicar en estas operaciones de financiación o refinanciación, y lo único positivo que ve en las medidas es el plazo de hasta cinco años que pueden tener las operaciones.

La patronal toledana sigue insistiendo en que las únicas medidas posibles y realmente eficaces en estos momentos para dotar de liquidez a pymes y autónomos son la exención completa de pagar impuestos y cotizaciones durante los meses que dure la crisis sanitaria; que si por error la Seguridad Social remitiera los cupones de cotización a los autónomos, que la propia Seguridad Social devuelva la cantidad devuelta de oficio y de forma automática, así como líneas de financiación adecuadas a las circunstancias actuales.

Igualmente, reclama la asunción por parte del Gobierno del coste de los principales servicios contratados por las empresas —luz, agua, telefonía—, el establecimiento de una línea de ayudas a fondo perdido durante el tiempo que dure la obligación de cierre y el complemento de la prestación por cese de actividad para que ningún autónomo cobre menos del SMI mensual.