La portavoz ha explicado que esta sentencia que existe da la razón a los trabajadores en el conflicto colectivo que se abrió con el Ayuntamiento y que ahora tendría que hacer frente por la “mala gestión del concejal y todo el Gobierno local anterior”, algo que se habría evitado, ha continuado, “si se hubiera gestionado debidamente, se hubiera dialogado y negociado con la parte social y se hubieran hecho otro tipo de programas o proyectos, esto no habría pasado y no tendríamos 8 millones que pagar sobre la mesa”.

Pese a ello, ha declarado que se está haciendo un gran “esfuerzo” para presentar el proyecto a los plantes de empleo de la Junta de Comunidades de 2019, ya que existe el principio de prudencia presupuesta y los 8 millones que habría que pagar de ser condenado el Ayuntamiento por el Supremo. Sin embargo, se ha apostado por contratar a 298 personas, porque “Talavera tiene muchas personas en riesgo de exclusión social, parados de larga duración y hogares con todos sus miembros en paro”.

La portavoz ha dicho que no se ha cuantificado la parte que tendrá que financiar el Ayuntamiento de los planes de empleo de 2019, ya que se conocerá cuando se detallen los tipos de contrato, el material, la seguridad social o la prevención de riesgos laborales, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A preguntas de los periodistas, Bellón también ha mostrado su sorpresa por la moción que ha avanzado el PP para el próximo pleno, una proposición en la que demanda a la Junta de Comunidades un plan específico de empleo para la ciudad, en la línea en la que ya se aprobó una moción, de forma unánime, en el 2017. “Sorprende que haga referencia a que se aprobó en 2017, cuando luego, con el apoyo de los concejales (de Ciudadanos) que se pasaron al PP aprobaron, posteriormente otra moción que eliminó de raíz (y dejó sin efecto) todas las que anteriormente habían sido aprobadas en pleno”.

Igualmente, ha avanzado que habrá un nuevo plan de empleo de la Junta de Comunidades para 2020 y se concurrirá como se ha hecho en 2019, siempre “pendientes de los 8 millones que podría haber que pagar por la nefasta gestión del PP, sin olvidar más de 7 millones más de facturas sin pagar en los cajones”. La intención de concurrir está, y así lo ha argumentado con la concurrencia al plan específico para contratar a 9 mujeres víctimas de violencia de género o al Plan Especial de Zonas Rurales Deprimidas.