En el escrito del , que recoge Europa Press, se explica que desde el 23 de octubre del año 2000, J.G.L.O. ostentaba la condición de administrador único de una mercantil cuyo objeto social lo constituía la compra y venta, permutas, arrendamientos y construcción de bienes inmuebles.

Entre los meses de mayo y julio del año 2003 y siendo aún administrador único de dicha empresa, el acusado, en ejecución de una planificación “perfectamente pergeñada” recibió, en su referida condición de administrador único de dicha sociedad limitada, diversas cantidades de dinero en metálico entregadas por un total de 25 personas con la obligación de destinarlas, a través de la referida sociedad, a la adquisición de un inmueble sito en a localidad de .

Sobre dicho inmueble se promovería la construcción de un conjunto residencial integrado por distintas viviendas que se destinarían a la venta, tras la cual, el acusado, actuando en nombre y representación de tal mercantil, se obligaba a devolver a los distintos inversores, en la fecha concreta y determinada que en cada caso se había pactado, el capital invertido, amén del abono de las plusvalías o beneficios de la inversión de capital efectuada cuya cuantía concreta quedaba igualmente establecida en los acuerdos suscritos a tal efecto.

Con la intención de facilitar la labor de captación de inversores y obtener la mayor aportación de capital posible, el 1 de febrero del año 2002, J.G.L.O. suscribió un contrato de colaboración con , cuyo objeto era la captación de clientes para la compra de inmuebles y, en su caso, para la venta de bienes inmuebles a terceros.

Con base en dicho contrato y en ejecución de su actividad como “colaborador” de la mercantil del acusado, R.L.C. suscribió entre los meses de mayo a julio, ambos inclusive, del año 2003 y siempre en la localidad de Toledo un total de veinticinco acuerdos con personas físicas, residentes todas ellas en la provincia de Toledo, denominados de “intermediación de capital para compra y venta de inmuebles”.

En virtud de estos acuerdos, R.L.C. recibió de cada uno de dichos inversores una determinada cantidad de dinero que había de transferir a la sociedad de J.G.L.O. “obligándose la misma a destinar dicha cantidad a la adquisición del inmueble sito en (Madrid) y la posterior edificación de viviendas que serían destinadas a la venta.

En tales acuerdos, se consignaba la cuantía concreta que, a modo de plusvalía y en una fecha determinada, habrían de recibir de la mentada sociedad los clientes o inversores, con independencia de la devolución de los capitales aportados.

R.L.C. recibió de dichos acuerdos un total de 806.454 euros, cantidad que fue transferida, en cumplimiento de la obligación contractual que había asumido con anterioridad, a J.G.L.O., dada su condición de administrados único de la entidad.

Dice el fiscal que el procesado, “guiado por el ánimo de obtener un ilícito y desmedido lucro personal”, tomó esas cantidades de dinero para si, incorporándolas a su ámbito patrimonial en lugar de destinarlas a la inversión inmobiliaria para cuya ejecución fueron aportadas”.

Tampoco procedió a la devolución del capital a los referidos inversores en las fechas de vencimiento fijadas en los diferentes acuerdos de intermediación, a quienes, obviamente, tampoco remuneró con las plusvalías que habían sido convenidas en los mismos.

Por todo ello, considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y que procede imponer al acusado la pena de ocho años de prisión. También tendrá que indemnizar a cada una de las 25 personas que le dieron, por medio de R.L.C., 806.454 euros las cantidades que le entregaron.