Según el PP, “los fondos se dan mayoritariamente a los municipios gobernados por el PSOE, de manera que del total de 3.999.765,26 euros que se invierten en este acuerdo, cerca del 60 por ciento va a parar a ayuntamientos con gobiernos del PSOE, lo que supone 2.330.718 euros; mientras que los ayuntamientos gobernados por el PP reciben poco más del 30 por ciento, con un total de 1.305.551 euros”.

Desde el Grupo Popular de la Diputación denuncian “este nuevo caso de sectarismo” de Gutiérrez, quien, en su opinión, está “empeñado en usar la Diputación como su cortijo y sucursal de su partido, con objetivos claramente partidistas y a través de un reparto absolutamente interesado, que es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que el fue la formación política que ganó las elecciones en la provincia y la que tiene más concejales y más diputados provinciales”.

Los ‘populares’ piden en su recurso que se declare la nulidad de pleno derecho del citado acuerdo por falta de motivación, al conceder estas subvenciones “sin justificación alguna”, como debería hacerse según las propias bases reguladoras de la convocatoria y exige el artículo 35.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en los procedimientos de concurrencia competitiva.

En este sentido, los responsables del Grupo Popular han explicado que este acuerdo “se limita a señalar la Entidad Local de que en cada caso se trata y el importe de la subvención concedida, pero no se recoge razón alguna de por qué se concede las subvenciones que se conceden y la razón de las diferencias de trato entre los distintos municipios o entidades locales de similar entidad y análoga población”.

Asimismo, el recurso del Grupo Popular afirma que con este acuerdo se produce una total “desviación de poder”, por cuanto la Junta de Gobierno ejercita sus competencias para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico, que no son otros que los de coadyuvar a los municipios de la provincia y demás entidades locales a la prestación de los servicios municipales de forma objetiva y con igualdad de trato.