El pasado 16 de marzo se celebró el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrijos donde Ganemos Torrijos presentó una moción para rechazar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, conocido como CETA. Además de pedir que dicho acuerdo sea ratificado mediante referéndum por los ciudadanos del Estado español. La moción fue rechazada con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE de Torrijos. Por tanto, el voto de ambos grupos niega que los españoles puedan votar en un referéndum sobre un tema de tanta trascendencia para el país.

Esta iniciativa va encaminada a rechazar frontalmente un tratado que, negociado en absoluto secretismo, va a modificar la estructura jurídica, laboral y social tal y como la conocemos. El CETA es un tratado encaminado al beneficio de las grandes empresas y un ataque a los intereses de las clases trabajadoras con la precarización de derechos laborales, normas sanitarias y medioambientales. “Este acuerdo va más allá de un simple tratado comercial, ya que supone lapidar los servicios básicos, pues se incluye una cláusula que impide que los servicios que hayan sido privatizados vuelvan a estar bajo control público” ha declarado Ángel Carrasco concejal de Ganemos Torrijos.

Este acuerdo también afectará al modelo de producción laboral de nuestra región perjudicando directamente a los productos que aquí se fabrican. Las Denominaciones de Origen, productos de excelencia con reconocimiento internacional, se verán desprotegidos tanto en su elaboración como en su origen: se podrá elaborar Mazapán en y vendido como si hubiera sido realizado en . “Este acuerdo es un ataque a nuestro pequeño comercio a favor de las grandes empresas y en unos años veremos los resultados” ha declarado concejal de Ganemos Torrijos.

En el pleno también se aprobó por unanimidad la moción para declarar esenciales todos los servicios del Ayuntamiento y así sortear la conocida como Ley Montoro que impide a los ayuntamientos contratar personal. Es curioso que tanto PP como PSOE voten a favor esta moción cuando fue gracias a la modificación de la Constitución en agosto de 2011 con la reforma del artículo 135 que ellos mismos realizaron por lo que tenemos esta ley que coarta la capacidad de nuestros ayuntamientos para desarrollar las políticas que considere oportunas.