En nota de prensa este movimiento ha criticado que la Subdelegación del Gobierno arguye un “acto administrativo”, no haber justificado la urgencia de la notificación, “para no favorecer el cumplimiento del artículo 21 de la Constitución referente a la libertad de reunión y manifestación”.

“Si tanto se empeñan en silenciar la voz del colectivo, debe de ser porque hay verdades que no quieren oír, ni que las oigan las personas de Toledo”, han condenado desde este movimiento, que se dice “alarmado por los perjuicios cada vez más evidentes que este proyecto causaría al interés de la ciudadanía en materia de medio ambiente, de calidad del trabajo, agua o de buen empleo de los fondos públicos”.

De igual modo, y por medio de un comunicado, ‘Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou’ se ha quejado de que “lejos de favorecer el pluralismo y dar un espacio a la voz de la ciudadanía, las autoridades a menudo han desacreditado el movimiento”.