La directora general de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, , y el relator del simposio, , han expuesto las diez principales conclusiones de esta cita, organizada por la Fundación ‘Ceres’ y la y Gerentes de con la colaboración de la Consejería de Bienestar Social, ha informad la Junta en nota de prensa.

Entre las conclusiones expuestas se recoge que “tras una etapa de recortes y retroceso continuo desde julio de 2012, a partir del segundo semestre de 2015, ha habido en toda España una recuperación en la aplicación de la ley de Dependencia gracias a la inversión y el esfuerzo realizado por los gobiernos autonómicos”, especialmente, en comunidades autónomas donde los recortes fueron más acusados como Castilla-La Mancha.

También se apunta la financiación como “el principal problema para la aplicación de la ley de Dependencia, ya que la apenas financia el 20 por ciento, cuando debería ser el 50 por ciento”.

“Esta circunstancia genera una asfixia financiera a las comunidades autónomas difícil de superar. Además, a día de hoy, no se ha revertido el recorte ejecutado en el año 2012”, han señalado, al tiempo que han citado “tres grandes retos para las comunidades autónomas: simplificación y agilización de los procedimientos administrativos; modalidades de provisión de las prestaciones, y aplicación del baremo de revisión de la dependencia”.

Las conclusiones también recogen que la ley de Dependencia es una oportunidad para el uso de las nuevas tecnologías en la atención domiciliaria y residencial; mientras que apuntan que el desarrollo del Sistema de Dependencia precisa de un modelo de cercanía, centrado en la persona, con el fin de adaptarse a sus necesidades y que ésta pueda recibir las prestaciones en el entorno de su vida natural.

Por otra parte, se apunta que Castilla-La Mancha comenzó la senda de recuperación en el segundo semestre de 2015 y pasó de un suspenso a un notable alto, una puntuación de 8,2 sobre 10, en la comparativa nacional, siendo la segunda comunidad autónoma que más se ha recuperado en la aplicación del Sistema de Dependencia.

Además, como otra conclusión, se solicita al la recuperación de la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar, el Nivel Mínimo que se recortó en 2012, información y transparencia en la gestión de los datos nacionales y la aprobación de un nuevo modelo de financiación que tienda al cumplimiento de la Ley y que sea finalista.

Por último, se apunta que el Sistema de Servicios Sociales y Dependencia configura el cuarto pilar del Estado de Bienestar que debe ser el principio fundamental que guíe la acción de un gobierno social.