Los letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) que desempeñan su labor en los centros penitenciarios de Ocaña I y II (Toledo) han expresado de forma unánime su rechazo a la decisión de la Junta de Gobierno del de suspender temporalmente dicho servicio basándose “en una supuesta financiación irregular”.

Este argumento ha sorprendido a los abogados, que consideran que este servicio “se creó por acuerdo de la propia Junta de , que no destinó una asignación presupuestaria, razón por la que los letrados del servicio no han cobrado ni un euro desde su creación en enero de 2010”, ha informado el SOAJP en nota de prensa.

El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria se presta en la actualidad en las prisiones de todo el país, y según los trabajadores de los centros de Ocaña la supresión del mismo en Toledo “supondrá un retroceso en los derechos de los presos”.

Los letrados del SOAJP entienden que una de sus funciones primordiales es la de defender los derechos de los más necesitados, por lo que consideran que la decisión del Colegio de Abogados de Toledo “es contraria a la razón de ser de esta profesión”.