El ha aprobado el informe de fiscalización de Castilla-La Mancha en 2016 y ha reconocido que la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y las demás cuentas anuales individuales de las entidades que integran el sector público autonómico o que están mayoritariamente participadas por la Comunidad “se han rendido, en general, respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido”, aunque ha mencionado algunas salvedades en varios puntos.

En nota de prensa, el Tribunal de Cuentas ha señalado que “es destacable que las cuentas del -Televisión Castilla-La Mancha y de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, integradas en la Cuenta General, deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública, conforme con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha (TRLHC-LM)”.

Por su parte, las cuentas de la “no fueron rendidas; habiéndose producido, en 2017, la renuncia de la Junta de Comunidades a su condición de miembro del ”, y las de los consorcios Parque Arqueológico de Alarcos y Parque Arqueológico de Carranque (aún en liquidación) “se formularon conforme al Plan General de Contabilidad privada, en contra de lo que estipulan sus estatutos”.

Asimismo, se produjeron actos de convalidación por parte del , conforme al TRLHC-LM, “por omisión del trámite de fiscalización previa, en actos de contenido económico, por valor de 8 millones de euros”. “No existía aún vinculación entre la aplicación de inventario y la contabilidad para la totalidad de bienes, produciéndose además diferencias entre los registros de las rúbricas de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado”, ha informado el Tribunal de Cuentas en nota de prensa.

SALVEDADES

Con carácter general, las cuentas de la y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad; asimismo, “la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien en el informe se realizan una serie de salvedades y observaciones sobre las mismas”.

Se tramitaron ampliaciones de crédito por valor de 33 millones de euros, incumpliendo tanto el artículo 10 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, como el Acuerdo de la Comisión Delegada del de 31 de marzo de 2016 sobre las condiciones que deben cumplir las Comunidades Autónomas que están adheridas al Fondo de Financiación a comunidad autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómica 2016.

Señala el informe que la Junta no utiliza las cuentas previstas en el Plan de Contabilidad Pública para registrar en balance el importe de las deudas aplazadas y fraccionadas pendientes vencimiento, lo que incide sobre el número se reflejan en el balance.

En su presupuesto de 2016, el imputó gastos por importe de 63 millones de euros que habían sido realizados con anterioridad a ese ejercicio; sin embargo, dejó pendientes de imputación 58 millones de euros correspondientes a 2016.

Las cuentas anuales de la Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, de las sociedades del Grupo de finanzas de Castilla-La Mancha y de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, presentaban incorrecciones en la aplicación de criterios contables y ausencia de información.

Asimismo, la situación financiera y patrimonial de Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha “se encuentra afectada por una incertidumbre relevante de carácter fiscal”.

El déficit alcanzado por la Comunidad Autónoma en 2016 ascendió a 313 millones de euros, (el 0,82% de su PIB), “esto supuso una desviación, respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria de un 0,12%, por lo que debió elaborar un nuevo ”.

En materia de personal, durante 2016 se superó la cuantía prevista para dichos gastos en los respectivos presupuestos que fueron aprobados en la LP para ese ejercicio; y, por tanto, se incumplió lo dispuesto en su art. 21, el Ente Público Radio-Televisión de CLM (RTVCLM), Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha y la de Castilla-La Mancha, S.A.

La información que ofrecía en abril de 2018 esta Comunidad Autónoma en materia de publicidad activa en su Portal de Transparencia “no cumplía con todas las premisas establecidas en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha”.

El período medio de pago a proveedores de esta Comunidad, calculado conforme al Real Decreto 635/2014, superó en los meses de abril y mayo el periodo de 30 días legalmente establecido. Al no disponerse de un plan de disposición de tesorería aprobado, no quedan acreditadas las medidas tomadas para su reducción, en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vista de los excesos señalados.

La información que consta en la Base de Datos Regional de Subvenciones tanto sobre procedimientos de reintegro, como sobre prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones, es muy limitada, por lo que no se ajusta a las previsiones reglamentarias.

El gasto sanitario y farmacéutico de Castilla-La Mancha creció (salvo en el gasto farmacéutico hospitalario) por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para 2016.

En materia de evaluación del impacto ambiental, se aprecian debilidades en la coordinación de los procedimientos de control habilitados por los órganos sustantivos y el medioambiental.

La Dirección General de Centros Educativos y Formación Profesional de la Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio, ni con un manual aprobado para sistematizar las actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos.

El grado de ejecución de los proyectos vinculados a los considerado por la Comunidad Autónoma no responde a su avance físico; dado que, la falta de concreción de los mismos, impide determinar dicho avance.

En función de las conclusiones, el Informe incluye una serie de recomendaciones, la mayor parte de ellas incluidas en informes de años precedentes y reiteradas en el presente, dado su insuficiente grado de implantación.