Responsables de las oficinas , la , y , así como otros expertos españoles, italianos y portugueses participan hoy en Ciudad Real en la Jornada “Prevención de la corrupción en las administraciones públicas”, una iniciativa de de Castilla-La Mancha (UCLM) que puede considerase pionera, ya que la mayoría de estos organismos son de reciente creación. En el transcurso de los debates, los expertos han insistido en la necesidad de establecer mecanismos de prevención de este tipo de conductas, de forma generalizada en todas las administraciones y con estrategias específicas para cada una de ellas.

En la conveniencia de ese control previo ha insistido , el director de la , creada en 2008 y considerada la decana de España. Después de casi una década de experiencia, Gimeno ha explicado que el organismo desarrolla dos funciones principales, la de prevención y la de investigación. A su juicio, la primera es la más importante. “Antes de que se produzca el daño tratamos de detectar los eventuales riesgos y actuamos sobre ellos. Y para ello -añade- nos valemos de dos herramientas, la formación específica de los funcionarios públicos y el análisis de lo que denominamos puntos de riesgo, las debilidades que contiene el sistema o una actividad concreta de la administración, y sobre los que actuamos antes de que se materialice el delito o el ilícito penal”. Y, ¿dónde se encuentran los principales puntos de riesgo? Gimeno no tiene dudas al señalar las contrataciones públicas como “una fuente riesgo y de corrupción”.

La jornada “Prevención de la corrupción en las administraciones públicas” es una iniciativa del , en colaboración con los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y está coordinada por el profesor , quien ha explicado que el encuentro servirá también para presentar una propuesta de directrices para la prevención de la corrupción en Castilla-La Mancha. Este documento, sobre el que Nieto ha insistido en su carácter no normativo, ha sido redactado por expertos de la Universidad regional y de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades “con la intención de aportar una serie de indicaciones básicas para la puesta en marcha de medidas anticorrupción en administraciones públicas de Castilla la Mancha”. En este sentido, cabe recordar que esta comunidad autónoma aún no dispone de ninguna agencia u oficina antifraude.