La Cerca, tus noticias de España, Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara

La vicepresidenta del Gobierno, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera busca la consolidación fiscal y la reducción del déficit. Estos dos objetivos, ha dicho, son necesarios para lograr la recuperación del crédito y asegurar el estado de bienestar, pues el pago de intereses de la deuda está detrayendo muchos recursos que podrían destinarse a sufragar los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que ya hay un consenso territorial y que el Gobierno quiere ampliar la base del acuerdo alcanzado con el PSOE, plasmado en la reforma constitucional, a otras fuerzas políticas.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que el texto abarca a todas las administraciones públicas, lo que no impide que las comunidades autónomas desarrollen su propia ley.

La norma incorpora todas las exigencias derivadas de la normativa europea “con un cuidado extremo en no intervenir en la autonomía y en la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas ni en la de las corporaciones locales”.

El ministro ha apuntado que los principios generales de la futura ley son: estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, a los que se añaden los de sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad constitucional.

Principales aspectos

lamoncloa.gob.es

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado los elementos fundamentales de la futura Ley:

• Se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria. La deuda pública no podrá superar el 60% del PIB.
• Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales.
• Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad.
• Todas las Administraciones Públicas deberán aprobar un techo de gasto acorde con el objetivo de estabilidad y con la regla de gasto.
• El gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.
• Se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.
• El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un plan económico-financiero a un año.
• En caso de incumplimiento del plan, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.
• El déficit por circunstancias excepcionales, requerirá un plan de reequilibrio para hacer frente a las consecuencias derivadas de estas situaciones.
• El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones y suscribir convenios con las administraciones.
• Se traslada a la legislación española los correctivos aprobados por la Unión Europea.
• Las sanciones de la UE impuestas a España en materia de estabilidad, si las hubiere, serán asumidas por la administración responsable. La Administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa si persiste el incumplimiento. A los nueve meses, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la Administración incumplidora.
• La Ley refuerza el principio de transparencia ya que cada Administración Pública deberá establecer la equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad nacional.

Cristóbal Montoro también ha precisado que hay un periodo transitorio, hasta 2020, para cumplir los límites de la deuda pública, algo que es novedoso.

El ministro ha indicado que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional crezca y cuando alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo se reducirá dos puntos el peso de la deuda sobre el PIB.

También ha señalado que el déficit estructural de las administraciones públicas se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en promedio anual. En 2012 el Congreso de los Diputados valorará si existe recesión económica y en su caso aprobará un plan de reequilibrio. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

Déficit tarifario

lamoncloa.gob.es

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dado cuenta del Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

El objetivo “inequívoco” de esta norma es disminuir el déficit público, ha dicho Soria. La compleja situación económica y financiera, así como la situación del sistema eléctrico, aconsejan la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario.

El déficit tarifario acumulado a final de 2011 está en torno a 24.000 millones de euros y el problema más importante, según ha dicho el ministro, es su ritmo de crecimiento. “Si no hacemos nada” la tasa anual de crecimiento estará entr los 3.000 y los 4.000 millones de euros al año. De seguir así, el problema energético podría convertirse también en un problema financiero. El Gobierno no va a quedar “impasible” ante esta situación, ha dicho el ministro, de ahí la razón de este Real Decreto Ley.

Soria, no obstante, ha subrayado que España tiene una capacidad potencial de producción energética de 106.295 megavatios y que la demanda punta está cifrada en 38. 297 megavatios, por lo que “no llega ni a la mitad”. Es decir, no tenemos un problema de producción ni de generación ni de capacidad instalada, sino de déficit tarifario, ha explicado el ministro.