​La Unión General de Trabajadores constata la escasa importancia que el Gobierno otorga al derecho de los consumidores año a año en nuestro país. Los PGE 2017 mantienen la misma aportación que en 2014 en esta materia, tan solo con un aumento en el programa de los derechos de los consumidores y usuarios que se debe, exclusivamente, a las obligaciones del ICO con los afectados de los fraudes de Fórum y . Por ello, UGT ha impulsado una enmienda con el fin de reivindicar una política específica y diferenciada en materia de consumo, con poder ejecutivo y de carácter transversal dentro de las Administraciones Públicas; un aumento del presupuesto para esta partida, acorde a la evolución del PIB; la adaptación de nuestra normativa al derecho de , con el fin de equiparar los derechos de los consumidores comunitarios; y, sobre todo, porque el incremento de los derechos de los consumidores es la principal forma de reducir la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

La Unión General de Trabajadores constata la escasa importancia que el Consumo tiene para este Gobierno, ya que la partida destinada a esta materia en los Presupuestos (PGE) 2017 permanece prácticamente invariable, siendo deseable que la administración más cercana al ciudadano a través de sus Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Asociaciones de consumidores y usuarios recibiesen más financiación.

El hecho de que el Programa 492.O “Protección de los derechos de consumidores y usuarios” haya aumentado su partida un 26,83% es debido únicamente al Capítulo IV de Transferencias Corrientes como consecuencia de las obligaciones contraídas en su día por el ICO para atender los gastos derivados de la cesión de fondos para los afectados por los fraudes de Fórum Filatélico y Afinsa. El resto de conceptos de este Capítulo permanecen invariables año a año.

Para UGT, es el momento de reivindicar para el consumo una política específica y diferenciada. El sindicato no entiende cómo se puede seguir manteniendo las políticas de consumo dependiendo solo y exclusivamente del , limitando esta materia al ámbito sanitario, porque el consumo es algo más. Por ello, UGT ha impulsado una enmienda a este programa con el fin de abogar por una política singularizada en consumo, con poder ejecutivo y de carácter transversal dentro de las Administraciones Públicas, exigiendo de éstas una mayor implicación y coordinación, más aún si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones (más de un millón) y los sectores económicos afectados (telecomunicaciones, bancos, seguros, compañías de luz, agua, gas, etc.).

Además, es necesaria una rápida adaptación de nuestra normativa nacional al derecho de la Unión Europea para conseguir así que nuestros consumidores y usuarios se equiparen en derechos al resto de ciudadanos comunitarios. Sería imprescindible también un incremento presupuestario acorde a la evolución del PIB para dotar de más recursos a Comunidades Autónomas, entes locales y asociaciones de consumidores.

Y, sobre todo, UGT ha impulsado esta enmienda porque el incremento de los derechos de los consumidores es la principal razón para conseguir reducir la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

Datos específicos de los PGE en materia de Consumo

A través del Programa 492 O “Protección de los derechos de los consumidores y usuarios”, perteneciente al Ministerio de Sanidad, , se realiza la gestión por parte de la , en aras de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios que la Constitución Española reconoce en su art. 51.

Allá por 2014 se creó el Organismo único (AECOSAN), la “, Seguridad Alimentaria y Nutrición”. Dentro del Programa se definen multitud de líneas de actuación, a saber:

  • Marco jurídico de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, proyectándose tanto a nivel interno como a nivel de la UE.
  • Reforzamiento de los sistemas de atención e información de consumidores y usuarios.

  • Cooperación institucional e integración del consumo en otras políticas.

  • Control y vigilancia del consumo.

  • Fomento y potenciación del asociacionismo de consumo a través de las organizaciones de consumidores y usuarios.

Centrándonos en el Proyecto de PGE para 2017, se muestra una comparativa de los diferentes Capítulos que conforman el Programa en relación con el presupuesto del pasado ejercicio:

Programa 492 O Protección de los derechos de los consumidores y usuarios ​ ​ ​ CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2017 VAR. % I.- GASTOS DE PERSONAL 6.200,79 6.200,79 0,00% II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. 2.055,52 1.850,52 -9,97% III.- GASTOS FINANCIEROS 0,00 5,00 100,00% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.954,41 7.654,41 93,57% VI.- INVERSIONES REALES 809,80 809,80 0,00% VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 25,00 25,00 0,00% TOTAL 13.045,52 16.545,52 26,83%

Una visión más general nos la puede proporcionar la evolución que ha experimentado este Programa a lo largo de los últimos años:

Significar que los datos de este último año son similares a los del 2014, debido a que en ambos presupuestos se consigna la partida procedente del ICO, lo que hace que, en ambos periodos, la subida sea superior.